En silencio, la comisión de juristas de Alberto Fernández avanza en las propuestas para reformar la Corte Suprema

Parecía el tema más conflictivo y sin embargo la discusión avanza sin problemas. dijeron a Infobae las fuentes consultadas. En medio de la esperada respuesta a la polémica por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la comisión de juristas elegida por el presidente Alberto Fernández se encuentra dándole las últimas puntadas a la reforma que propondrán sobre la Corte Suprema de Justicia.

Hasta ahora, todo está en proceso de construcción y los miembros de la comisión se cuidan de que no trasciendan detalles de lo que van conversando. El objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: que la Corte funcione mejor y encontrarle una solución a las cientos de causas que llegan al cuarto piso del edificio de Talcahuano en busca de apelaciones. Otro de los focos sobre los que tienen puesta la mira este comité de expertos es en fijarle límite al ya famoso “280”, la forma que tiene la Corte Suprema de rechazar un planteo sin tener que dar explicaciones sobre el por qué de su desestimación.

Una y otra vez, desde que se creó la comisión, desde el Gobierno y la comisión salieron a decir que no estaba en debate una ampliación del máximo tribunal. Sin embargo, la creación de este consejo consultivo -en medio del proyecto de reforma judicial que obtuvo sanción en el Senado y ahora se macera en Diputados a la espera de consensos que la puedan convertir en ley-, agigantaron las sospechas sobre cimbronazos en el máximo tribunal, sobre todo cuando los propios integrantes de la Corte se enteraron de la noticia por los medios.

Dos veces por semana -martes y sábados-, desde inicios de agosto, los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación" se reúnen por zoom para discutir y avanzar con el proyecto que deben elevarle al presidente el 18 de noviembre próximo.

Allí están los abogados Carlos Alberto Beraldi -defensor de Cristina Kirchner-, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.

Si bien las propuestas que hagan de la Corte Suprema será mirado con lupa tanto por la política como por los medios de comunicación, comenzó a crecer la curiosidad sobre cómo será redactado el análisis que se haga sobre la reforma que se proponga en el Ministerio Público.

¿Por qué? Por la dimensión que cobró en los últimos días la propuesta de Alberto Fernández para convertir al juez Daniel Rafecas en Procurador General de la Nación y la intención del magistrado de ser votado por los dos tercios de los senadores -como rige actualmente-, la aparición de la ex diputada Elisa Carrió convocando a la oposición a votarlo y la reacción del kirchnerismo de enfriar el tratamiento del tema en miras de analizar si formulan cambios en la forma de elección del jefe de los fiscales y la duración de su mandato.

Precisamente, esos dos últimos puntos están desde el minuto cero en el análisis del debate de los integrantes de la comisión de juristas. Cuando el senador kirchnerista Oscar Parrilli activó hace unos días el llamado de la comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar dos proyectos que modifican la ley del Ministerio Público presentados hace tiempo por el radical Martín Lousteau y la neuquina Lucila Crexell, que proponen quitarle el cargo vitalicio al procurador, el propio Gil Domínguez le escribió en Twitter que al ex funcionario k que no se pusiera ansioso y esperara la propuesta que se elevara al presidente "con recomendaciones para la mejora funcional” del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público fue el primer tema que analizaron. Después vino la transferencia de la justicia nacional penal a la órbita de la Capital Federal y la implementación del juicio por jurados a nivel nacional. Le siguió el capítulo del Consejo de la Magistratura, con severas criticas a sus demoras en los concursos y desde mediados de octubre analizan el funcionamiento de la Corte Suprema.

La fría letra de la resolución de Alberto Fernández proponía hacer “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

A dos semanas de tener que elevar su informe al presidente, la comisión de juristas está en la última parte de una discusión a “zoom” cerrado para que nadie filtre detalles y tampoco nadie se ofenda. Por ahora.

Seguí leyendo: