Originalmente iban a ser $145.733 millones, aunque terminaron llegando unos $120 millones, aportados por el Ministerio del Interior. El proyecto consistía en la urbanización del barrio Monterrey, en una zona humilde de Pilar. La letra chica incluía asfalto, servicios básicos (agua corriente, cloacas, iluminación), plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico. Pero las obras nunca se terminaron y el caso aterrizó en la Justicia federal en plena campaña electoral. Hace un mes, la causa pasó a la justicia provincial y la investigación parecía diluirse. Sin embargo, un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), al que tuvo acceso Infobae, denuncia que se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales.
La obra del barrio Monterrey se remonta a fines de 2016, en pleno apogeo de la gestión de Cambiemos. El convenio estipulaba una inversión de $145.733.567 ($140.811.697 para las obras físicas, y $4.921.870 para módulos sociales).
Las obras debían arrancar 30 días después del primer desembolso por parte del Estado nacional y tenían un plazo máximo de doce meses. Los plazos nunca se cumplieron. De hecho, en el expediente administrativo figura que las obras comenzaron el 21 de marzo de 2017, cinco días después que el ex intendente Nicolás Ducoté adjudicara la licitación y dos meses antes de la firma del contrato.
El informe de la PIA también enumera una serie de irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA. “Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”, dice el documento.
Entre otras cuestiones se menciona que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.
Más allá de las cuestiones administrativas, el informe de la PIA apunta a las irregularidades en las certificaciones de obra. “Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
Infobae recorrió este viernes el barrio Monterrey y comprobó que varias de las obras previstas en el proyecto original no están o nunca fueron terminadas. Las plazas son un caso especial. En la esquina de Paraguay y Perú solo hay juegos y unos tachos de basura. El resto es pasto. Al lado avanza, a paso lento, un jardín de infantes. El cartel expone las demoras de esa obra.
En el cruce de Paraguay y San Luis aparece otra de las plazas “construidas”. Ni siquiera tiene juegos. Unos bancos de cemento son la única huella de los trabajos. La imagen no condice con los $5 millones que deberían haberse invertido en cada plaza.
El recorrido termina en la intersección de Paraguay y Tierra del Fuego. Debajo de una amplia arboleda, una calesita para chicos con discapacidades y otros juegos esperan a los vecinos del barrio.
A mediados del año pasado, la Policía Federal realizó una inspección de todo el barrio por pedido de la Justicia y constató varias obras sin terminar y otras en ejecución.
El estado de las plazas del barrio contrasta con el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), un centro cultural que estaba previsto en el convenio original y fue inaugurado en diciembre de 2017, con la presencia de funcionarios locales y nacionales. “Se gastó mucho dinero en ese centro que se podría haber usado en asfalto u otras necesidades básicas del barrio”, admitió una fuente del municipio.
Además de las certificaciones defectuosas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, cuestionó la falta de control de los funcionarios nacionales, específicamente de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación. “Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”, dice el informe de más de 60 carillas.
Con todos los plazos vencidos y varios trabajos pendientes, en agosto del año pasado, el convenio original se terminó modificando mediante una adenda y se redujo el monto total a $123.873.531. En ese momento, todavía había trabajos pendientes. Para la PIA, el Municipio debería haber rescindido el contrato en lugar de firmar la adenda.
Fuentes de la gestión de Ducoté consultas por este medio argumentaron que la obra se demoró porque “los fondos de Nación se retrasaron durante más de un año”. “Lo cobrado es lo mismo que se certificó, no hubo sobrecertificación”, agregó esa misma fuente.
Según consta en el expediente judicial, el 4 diciembre de 2019, una semana antes del final de la gestión de Ducoté, el gobierno nacional intimó a la municipalidad a reanudar la obra y presentar un nuevo plan de trabajo. Las obras nunca se retomaron, pero la Justicia siguió investigando.
A comienzos de septiembre, en base a un fallo de la Cámara Federal de San Martín, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declinó la competencia de la causa en la justicia provincial, que debería continuar con la investigación. El mismo criterio adoptó en otras tres causas penales que investigan la actuación del ex intendente. No son las únicas. Tal como reveló Infobae, hay una docena de causas en trámite disparadas durante la campaña electoral del año pasado. El resto están en la justicia provincial.
El informe de la PIA sobre el barrio Monterrey apunta a la supuesta responsabilidad de funcionarios nacionales, lo que podría hacer regresar el expediente al fuero federal. “Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”, dice el documento.
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