El pago de un subsidio de hasta 300 mil pesos por persona, y por año, con la idea de atender la crisis habitacional y evitar tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires, generó repercusiones de toda índole en el ámbito político. Así, la oposición lanzó fuertes críticas a la iniciativa lanzada por el gobierno de Axel Kicillof.
Intendentes de varios municipios del ámbito bonaerense cuestionaron con énfasis el programa denominado “Asistencia Crítica y Habitacional”. Después de la postura pública del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la defensa de la propiedad privada, diversos mandatarios municipales se manifestaron en sintonía.
Uno de los más duros fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien escribió en Twitter: “50.000 pesos a cada usurpador de #Guernica. Cero pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. Cero pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten. Axel Kicillof, ¿para cuándo una para el lado del laburante?”.
Y completó: “El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible”.
Según el plan inicial, el Gobierno de Kicillof planteó la posibilidad de invertir unos 54 millones de pesos en el programa. El encargado de llevarlo a cabo será el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, comandado por Andrés “Cuervo” Larroque y será aplicado para ayudar a aquellas familias que no dispongan de las condiciones mínimas de una vivienda digna.
El programa contemplará el otorgamiento de subsidios de 50 mil pesos y en algunos casos, la ayuda podría llegar a cubrir un período de seis meses continuos.
“Con el objetivo de acompañar, cuidar y asistir a esos sectores más necesitados de la sociedad, y a fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, es necesario optimizar los recursos destinados a las políticas públicas existentes, resultando de vital importancia la creación de un Programa de asistencia habitacional, con el objeto de atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires, que necesite asistencia para acceder a una vida digna, tanto en materia alimentaria como habitacional”, dispuso el Decreto 938/2020, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Otro de los políticos que presentó su rechazo a la iniciativa fue el intendente del Partido de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, quien también se expresó en la red social Twitter:
“No estoy de acuerdo con que se subsidie a personas que toman tierras. Los (escasos) recursos de los bonaerenses deberían destinarse a generar trabajo, urbanización de barrios populares, créditos blandos y planes de vivienda”, escribió el también periodista Valenzuela.
Por su parte, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, fue uno de los que más se explayó en su crítica a la decisión tomada por el Gobierno de Kicillof.
A través de mensajes de Twitter, tomó una parte de la argumentación realizada el mismo miércoles por Rodríguez Larreta en el aspecto de que “no se trata además de solo mencionar que se está a favor de la propiedad privada, hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar a las fuerzas de seguridad”.
Yeza profundizó: “La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras y luego no los desalojan, sino que, de hecho les dan más plata”.
“No alcanza con comentar la realidad, además hay que hacer. Es por eso que en Pinamar no toleramos las usurpaciones y hacemos lo que corresponde: Desalojar. Luego también se trabaja en la contención social. No es una cosa o la otra”, añadió.
Otro que se mantuvo en la misma sintonía fue el intendente del Partido de Lanús, Néstor Grindetti, quien afirmó en la mañana del jueves a CNN Radio: "Hay un problema estructural que no se soluciona con un parche. Este incentivo económico para evitar tomas está mal pensado porque otorga un beneficio sobre un delito. Paso mucho tiempo y no debiéramos llegar a esto.”
A las voces críticas también se sumó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien afirmó: “Es peligroso recompensar la toma de tierras porque el derecho a la vivienda se transforma en una exigencia con métodos ilegales que no solo no son impedidos sino que la respuesta es un subsidio. Hay déficit habitacional pero esta política no es la solución”.
Y otro que también denostó el plan de subsidios fue el diputado nacional de la UCR-Cambiemos por Mendoza, Luis Petri: “Dicen que lo hacen para desalentar las tomas, pero se lo dan a los usurpadores del Guernica. Las van a potenciar si las premian. Háganse responsables de las futuras tomas”.
Las críticas de los representantes opositores salieron a la luz apenas unas horas antes de que se iniciara el desalojo en el predio tomado en Guernica por parte de la Policía Bonaerense, comandado por Sergio Berni.
Cerca de las 6 de la mañana del jueves, al menos 4.000 efectivos policiales comenzaron a desalojar a las más de 800 personas que todavían quedaban en el predio de Presidente Perón.
El desalojo reflejó escenas de enfrentamiento entre efectivos policiales, que lanzó gases lacrimógenos y balas de goma, y los ocupantes, que respondieron con piedrazos y gomeras. A su vez, varias casillas terminaron prendidas fuego.
Hasta el momento no se tomó conocimiento de gente herida y, en la primeras horas del procedimiento hubo al menos 30 detenidos.
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