Las asambleas de los cuatro barrios que componen la toma de 100 hectáreas de Guernica, La Lucha, La Unión, San Martín y 20 de Julio, decidirán esta tarde, a partir de las 18, si aceptan o rechazan la propuesta que ayer les realizó el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Hasta ahora, las familias que quedan en la toma, siempre rechazaron las iniciativas del gobierno de Axel Kicillof. Esta vez, las circunstancias son distintas, debatirán con la urgencia de saber que el próximo viernes 30 vence el plazo fijado por el juez de Garantías Martín Rizzo. De no existir ninguna novedad judicial en contrario, Sergio Berni desplegará el imponente operativo ya armado y que involucra a unos 4.000 efectivos de la policía bonaerense. El funcionario había advertido que antes del 26 de octubre no podía reunir a esa cantidad de personal, que involucra a la mayoría de las reparticiones, desde el grupo especial Halcón, hasta médicos, mediadores y brigada antibombas.
Ayer Larroque se hizo presente en Guernica en dos oportunidades, la primera fue a las 10 de la mañana. Durante casi dos horas debatieron la propuesta que realizaba el Estado provincial en la mesa de diálogo o consenso. Era muy similar a la presentada el sábado y que ya había sido rechazada. Regresó a la toma a eso de las 14, esta vez con el escrito impreso dónde había agregado algunas sugerencias realizadas por los delegados de las asambleas barriales. Es la que se debatirá.
Entre otros beneficios, el gobierno de Kicillof pone sobre la mesa 650 “lotes que serán escriturables, tendrán una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, contarán con dos servicios (luz y agua) y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres.
En el acta los funcionarios dejaron por escrito también una condición: “En la medida en que se vaya desocupando el predio de Guernica, personal policial asegurará el lugar para evitar nuevas intrusiones”.
En la propuesta también se remarca que “las personas que no procedan a desalojar inmediata y voluntariamente el predio en el marco de los acuerdos alcanzados durante le intervención del dispositivo interministerial quedan sujetas a los efectos procesales de las medidas ordenadas”, por el juez que ordenó el desalojo y la fiscalía que impulsa la causa por usurpación de los terrenos privados.
Ayer, por primera vez, el frente interno liderado por organizaciones de izquierda, y sociales, como el Polo Obrero, integrante del Partido Obrero, el Frente de Organización en Lucha (FOL), el Movimiento Darío Santillán y Libre del Sur, entre otros, parecía no estar alineados en una misma dirección. Mientras algunos sostenían que había que llevar a las asambleas la propuesta de rechazar la propuesta; otros interpretaban que había familias que deseaban acordar y retirarse de la toma de manera voluntaria, como ya lo hicieron más de 600 familias o personas.
“Nosotros vamos a hacer lo que resuelvan los compañeros y compañeras en asamblea. Si deciden resistir el desalojo, como hasta ahora resolvieron, lo vamos a hacer”, le dijo a Infobae Eduardo Billiboni, uno de los principales dirigentes del Polo Obrero. “La supuesta nueva propuesta del gobierno es mas de lo mismo, dice tener la voluntad de dar soluciones para las 1400 familias pero no hay terrenos. Dicen dice que van a comprar tierra, pero que para eso necesitan seis meses. Las asambleas que se van a hacer tendrán la ultima palabra", enfatizó.
El dirigente de izquierda adelantó que también se debatirá una contra propuesta, por ejemplo, “la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de Gestión Participativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional”.
Esa comisión “estará integrada por representantes del Gobierno Provincial, del gobierno municipal de Presidente Perón, de las organizaciones sociales que acompañan y delegados de la toma, de organismos de derechos humanos, del Consejo de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”.
Esas medidas, que hasta ahora no fueron puestas a consideración en ningún momento en las reuniones anteriores con los funcionarios de Kicillof, y que tampoco se presentó en el juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas, fueron expresadas en un documento firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). Estos organismo oficiaron como veedores en el último relevamiento realizado la semana pasada y que resultó ser complementario del censo ya realizado por el ministerio que encabeza Larroque.
En ese trabajo se sostiene que en la toma no quedan unas 150 o 200 familias sin acordar con la provincia una salida voluntaria como sostuvo públicamente Larroque y Kicillof, sino “796 personas/grupos familiares”. Esa diferencia surge al cruzar el censo original y se debería a que, contra la dispuesto por el juez Rizzo, el jueves pasado ingresaron a la toma.
Por ese hecho, que ya fue comunicado al juzgado, en el predio hay “un total de 4417 personas”, que conforma 1.400 familias. En este número están contabilizadas las 647 familias que ya aceptaron la propuesta del gobierno bonaerense.
El berenjenal de números sirve para dimensionar la cantidad de personas -entre ellos niños y mayores adultos- que estarían presentes el día de desalojo.
La propuesta que debatirán en la asamblea y a la que Infobae accedió es la siguiente:
-"El dispositivo interministerial garantiza el funcionamiento de espacios receptores para el alojamiento temporal de las personas que habitan el predio de Guernica. A tal efecto, se ponen a disposición dispositivos de transición abiertos con una dimensión total aproximada de seis hectáreas y media, situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan dos dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad. En los espacios receptores para alojamiento temporal se garantizarán servicios sanitarios, así como provisión de luz, agua potable y de alimentos.
-"Se aportará en un plazo entre los 4 y 6 meses, como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, 650 lotes en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que, informe socio ambiental mediante evidencien problemas habitacionales estructurales. Esta medida tendrá como destinatarios a los grupos familiares que surgen del censo de los días 18 y 19 de septiembre pasados y que registren las necesidades aludidas. Los lotes serán escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, contarán con dos servicios (luz y agua) y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares".
-"El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aportará subsidios habitacionales para los grupos familiares que evidencien problemas de vivienda que puedan solucionarse a través de estas herramientas"
-"Las 796 personas/grupos familiares que surgen del relevamiento territorial de los días 19 y 21 de octubre pasado y que no constan en el censo de septiembre, también serán incluidas en el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat y se les brindará, informe socio ambiental mediante una respuesta habitacional como lo expresado en los puntos anteriores".
-"El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires garantiza colaboración con el traslado de materiales y objetos personales de las personas de la toma hacia el lugar de transición y, posteriormente, hasta la vivienda definitiva"
-"Los/as representantes de las organizaciones sociales y los/as delegados/as vecinales colaborarán con la desocupación voluntaria del predio de Guernica a partir del 27 de octubre de 2020″.
-"En la medida en que se vaya desocupando el predio de Guernica, personal policial asegurará el lugar para evitar nuevas intrusiones".
-"Se conformará una Comisión de Seguimiento que monitoreará el cumplimiento de los compromisos acordados y estará integrada por representantes de los Gobiernos provincial y municipal, delegados/as vecinales de la toma y la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. También se convocará a formar parte de la Comisión a representantes del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires"
-"Las personas que no procedan a desalojar inmediata y voluntariamente el predio en el marco de los acuerdos alcanzados durante le intervención del dispositivo interministerial quedan sujetas a los efectos procesales de las medidas ordenadas en la IPP. 06-02-2138-20 del registro de la Fiscalía descentralizada de Presidente Perón, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta", quien ya tiene una lista de personas imputadas por el delito de “usurpación”, entre otros.
En el gobierno de Kicillof esperan con optimismo el resultado de la votación de las asambleas aunque acusan al Polo Obrero de “dinamitar” los acuerdos. La izquierda, por su parte promete “resistir” el desembarco de Berni y sus policías en Guernica. Una imagen que hasta último minuto los funcionario bonaerense intentan evitar a través del dialogo y la extensa propuesta que ya está en conocimiento del juzgado.
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