Toma de Guernica: fracasó otra reunión entre el gobierno bonaerense y los usurpadores y Sergio Berni se prepara para llevar a cabo el desalojo

Una vez más la izquierda y las organizaciones que lideran la usurpación en Guernica dejaron con las manos vacías a los funcionarios de Axel Kicillof al no aceptar, al menos por el momento, la propuesta que les realizaron este mediodía. De esta manera, el conflicto por liberar el predio de cien hectáreas de manera voluntaria se sigue tensando. El juez Martín Rizzo dispuso el 30 de octubre como fecha límite para el desalojo forzoso. Por ese motivo, Sergio Berni, el ministro de Seguridad, espera la orden política para desembarcar con los más de 4.000 policías de distintas áreas que ya seleccionó.

Es casi un hecho que hoy esto no ocurrirá porque el Gobierno prepara una conmemoración por los 10 años del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Entonces, quedan solo tres posibilidades: el miércoles 28, el jueves 29 y el viernes 30.

—¿Por qué rechazaron la nueva propuesta que les hizo el gobierno provincial? —le preguntó Infobae a Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero.

—La “nueva” propuesta del gobierno es más de lo mismo, dice tener la voluntad de dar soluciones para las 1.400 familias pero no hay terrenos, dice que va a comprar tierra, pero que van a estar en seis meses. Yo no diría que rechazamos. No acordamos. Las asambleas que se van a hacer mañana tendrán la última palabra. Se va a estudiar la propuesta y analizar una contrapropuesta. La salida ahora por los tiempos que quedan para el desalojo es lo que plantea el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales): suspensión por 180 días y mesa de negociación.

Básicamente lo que propone ese organismo de derechos humanos, junto con los representantes del Servicio de Paz y Justicia, es lo que desde un primer momento quisieron las organizaciones sociales y partidos de izquierda que forman parte de la usurpación.

“En la mesa de diálogo nunca se habló de una suspensión por 180 días. Eso lo está proponiendo el Polo Obrero por fuera de las negociaciones. El Partido Obrero quiere que fracasen las negociaciones. Nosotros siempre estaremos dispuestos al diálogo. Pero el tiempo se agota. El viernes es la fecha límite. Estamos contra reloj”, responden desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Según el último relevamiento realizado por representantes de los cuatro barrios que componen la toma –20 de Julio, La Unión, San Martín y La Lucha–, en las cien hectáreas hay unas 1.400 familias que lleva a un total de 4.417 personas ¿Cuántos de ellos están dispuestos a enfrentar el “lanzamiento” dispuesto por el juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas? La pregunta al día de hoy no tiene respuesta.

Sí se sabe que 647 familias ya acordaron retirarse de forma pacífica. Son los que ya aceptaron las mejoras habitacionales que les ofreció el Estado provincial y que implica dos pasos. La reubicación por seis meses en alguno de los seis albergues (dos cerrados y cuatro abiertos) en Presidente Perón. La segunda fase es la entrega de los lotes con servicios para construcción.

En el medio hay otras alternativas. Subsidios para alquileres o para mejorar las condiciones de hacinamiento de los lugares donde vivían originalmente ya que la mayoría lo hacía en casa de algún pariente.

A lo ya ofrecido el sábado, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, les aseguró hoy que se va a anotar “en un listado complementario” a las 800 familias que se sumaron los últimos días a la toma y que no estaban en el censo original “siempre y cuando se verifique el estado de necesidad” de cada uno de ellos.

Hasta ahora el CELS no llevó al juzgado la propuesta de posponer por seis meses el desalojo. Esa medida sería vista con desconfianza en el gobierno de Kicillof porque nadie puede asegurar que no se sigan incorporando familias a la toma como ya sucedió.

Por primera vez desde que comenzaron las negociaciones, algunos de los delegados mostraban opiniones encontradas. El hecho promete llevar a posibles discusiones más acaloradas en las asambleas de mañana. Sucede que en el asentamiento el cansancio ganó a muchas de las familias que por estos días debieron sortear las inclemencias del tiempo y observan que la situación sigue empantanada por la intransigencia del grupo más radicalizado que promete resistir el desalojo forzado.

¿Berni se prepara para el “lanzamiento" de las familias que aún quedan en la toma?, le preguntó Infobae a un funcionario del Ministerio de Seguridad. “Tenemos que desembarcar y desalojar. Esa es la realidad”, fue la escueta pero contundente respuesta.

La fecha deberá ser consensuada entre Berni, el gobernador Kicillof y Larroque, el ministro que hizo todos los esfuerzos para evitar el desalojo que por todos los medios se intentará que no sea violento.

“La izquierda va a provocar y buscar una confrontación con la policía. Eso lo sabemos, es el negocio de ellos, que piensan más en obtener un rédito político por las balas de goma, que en el beneficio de las familias”, interpretan en el entorno de Kicillof.

El gobernador apoya y apoyó cada uno de los ofrecimientos que hizo Larroque y que ya presentó ante el juzgado de Martín Rizzo, junto a los avances alcanzados con las 645 familias.

—¿El juez puede prorrogar la fecha de desalojo? —le pregunto este medio a uno de los colaboradores de Larroque.

—Si ve que hay posibilidades de que más familias acepten retirarse como ya lo hizo la mayoría de los integrantes originales de la toma, puede hacerlo. Nosotros no los vamos a pedir, ya lo hicimos en dos oportunidades. Obtuvimos muy buenos resultados pero la izquierda, sobre todo el Polo Obrero, infló la cifra de personas ingresando más gente, cuando eso estaba estipulado que no debía ocurrir.

—¿El doctor Rizzo va a fijar una nueva fecha para el “lanzamiento”? —consultó Infobae a un colaborador del magistrado.

—Nadie lo pidió hasta ahora. El desalojo depende de los funcionarios. Hasta ahora no hay motivos para ordenar una prórroga. Pero repito, esto es dinámico, respondieron.

Larroque le hizo llegar al juzgado de garantías la propuesta formal que hoy presentó a través de la mesa de diálogo y que los representantes de los cuatro barrios debatieron en asambleas.

Se puede resumir así:

-A partir del 25 de octubre de 2020 están disponibles los espacios receptores para el alojamiento temporal de las personas que habitan el predio de Guernica, cuyo desalojo es objeto de la IPP. 06-02-2138-20. A tal efecto, se ponen a disposición dispositivos de transición abiertos con una dimensión total aproximada de 6 hectáreas y media situados en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan 2 dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad. En los espacios receptores para alojamiento temporal se garantizarán servicios sanitarios así como provisión de agua potable y de alimentos.

-El dispositivo interministerial aportará en un plazo no mayor de los 6 meses, como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Habitat, 650 lotes en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que, informe socioambiental mediante, evidencien problemas habitacionales estructurales. Se aclara que estos terrenos serán destinados a los grupos familiares de las características aludidas que según el último relevamiento territorial habitan actualmente la toma y fueron incorporados al censo realizado los días 18 y 19 de septiembre. Es decir que quedan afuera las nuevas 650 familias que ingresaron los últimos días.

-El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aportará subsidios habitacionales para los grupos familiares que, informe socioambiental mediante, evidencien problemas de vivienda que puedan solucionarse a través de estas herramientas y se garantiza colaboración con el traslado de materiales y objetos personales de las personas de la toma hacia el lugar de transición y, posteriormente, hasta la vivienda definitiva.

-Se incorporará en un listado complementario a las 800 familias que no estaban en el censo original, siempre y cuando se verifique el estado de necesidad, que es básicamente lo que se realiza con cualquier ciudadano en estado de vulnerabilidad.

Como contrapropuesta, las organizaciones de izquierda insisten en el proyecto de urbanización basado fundamentalmente en la Ley 14.449, que establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ceder el 10% de cada emprendimiento para la construcción de viviendas populares y continuar en el predio por 180 días.