Toma de Guernica: el gobierno de Axel Kicillof lleva su ultima propuesta a la Justicia para evitar el desalojo forzado

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque presentará hoy ante el juez Martín Rizzo los avances que el Estado provincial realizó sobre la toma de 100 hectáreas de Guernica, y la propuesta que por escrito realizó para intentar que las familias que aún quedan en la usurpación abandonen el predio de manera pacífica antes del 30 de octubre. Esa es la fecha límite impuesta para que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al frente de la policía bonaerense, libere el predio. Para ese evento, el funcionario ya seleccionó un grupo de unos 4.000 policías. El Polo Obrero y las organizaciones que forman parte de la toma resolvieron “resistir” el desalojo y rechazar la última propuesta del gobierno de Axel Kicillof. Sin embargo, en un gesto de “buena voluntad”, según le adelantaron a Infobae, pospondrán los cortes de rutas y puentes programados para hoy, y asistirán a la reunión de urgencia convocada por las autoridades provinciales que buscan una salida consensuada para evitar un enfrentamiento.

“No hay operativo policial y mañana -por hoy- hay una nueva reunión con los funcionarios dónde tendrán que responder a la contrapropuesta que realizamos. Las medidas de vigilia y cortes se postergan hasta nuevo aviso”, comunicaron a través de una gacetilla los delegados y las delegadas que representan a los cuatro barrios de la toma y que son, 20 de julio, La Unión, san Martín y La Lucha y organizaciones que apoyan la usurpación, como el Polo Obrero, FOL, ibres del Sur y la Corriente Darío Santillán, entre otras.

El sábado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad les presentó la última propuesta del gobierno provincial por escrito y que es la misma que hoy llevarán ante el juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas. Consta de nueve puntos y se puede resumir así:

“A partir del 25 de octubre de 2020 se pone a disposición el funcionamiento de espacios receptores para el alojamiento temporal de las personas que habitan el predio de Guernica, cuyo desalojo es objeto de la IPP. 06-02-2138-20.”. Se trata de un predio de casi siete hectáreas en el partido de Presidente Perón y destinados al alojamiento transitorio de las familias reubicadas. A su vez, se proporcionan dos “dispositivos cubiertos para el hospedaje de las personas en situación de especial vulnerabilidad" en los que se garantizan "servicios sanitarios, provisión de agua potable y de alimentos”.

En un segundo punto se asegura que el el gobierno provincial se compromete “en un plazo no mayor a los 6 meses,” y como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Habitat, a la entrega de 650 lotes en el Partido de Presidente Perón para los grupos familiares que, “informe socio ambiental mediante, evidencien problemas habitacionales estructurales”.

En la documentación que se presentará ante el juzgado se aclara que "estos terrenos serán destinados a los grupos familiares de las características aludidas que según el último relevamiento territorial habitan actualmente la toma y fueron incorporados al censo realizado los días 18 y 19 de septiembre”. Es decir que quedan afuera las nuevas 650 familias que ingresaron los últimos días según el relevamiento que realizaron los integrantes de la toma bajo la supervisión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Servicio de Paz y Justicia (SEPAJ).

Según estos organismo de derechos humanos, la toma de Guernica está compuesta por 1400 familias que totalizan un total de 4417 personas. Esto es unas 650 familias más que las anotadas en el relevamiento realizado por Larroque e interrumpido de manera abrupta por las organizaciones que conforman la toma, según la denuncia realizada por el ministro de Kicillof.

En el informe del último censo supervisado por los dos organismos de derechos humanos se le sugiere a las autoridades bonaerenses “la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de Gestión Participativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional”. Esa Comisión estaría integrada por representantes del Gobierno Provincial, del gobierno municipal (Presidente Perón), de las organizaciones sociales que acompañanla toma, de organismos de derechos humanos, del Consejo de Hábitat y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Esta solicitud también será presentada hoy ante el juez Rizzo que tiene la potestad de postergar el desalojo forzado aunque este no fuese solicitado por las autoridades provinciales como ya ocurrió en dos oportunidades.

En la propuesta Larroque también se comprometió a que “el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aporte subsidios habitacionales para los grupos familiares que, informe socio ambiental mediante, evidencien problemas de vivienda que puedan solucionarse a través de estas herramientas” y “se garantiza colaboración con el traslado de materiales y objetos personales de las personas de la toma hacia el lugar de transición y, posteriormente, hasta la vivienda definitiva”.

Las asambleas que se realizaron el sábado y domingo fueron masivas y dieron un rotundo resultado, rechazar los esfuerzos realizados por la gobernación de Kicillof que busca una salida pacífica al conflicto.

Como contra propuesta, las organizaciones de izquierda insisten en el proyecto de urbanización basado fundamentalmente en la ley 14.449, que establece que los grandes emprendimientos inmobiliarios deben ceder el 10% de cada emprendimiento para la construcción de viviendas populares.

“Nuestra propuesta parte del principio discutido por los vecinos de tierra por tierra, lo que muestra la voluntad de diálogo de los y las vecinas y a la vez la firmeza de conquistar la tierra para vivir", explica ante Infobae Eduardo Billiboni, uno de los dirigentes del Polo Obrero, que forman parte del Partido Obrero y que tiene activa participación en la toma de tierras.

La propuesta, que hoy será realizada nuevamente ante las autoridades bonaerense consiste en la entrega de 30 hectáreas, unos 1.400 lotes, muchísimo y que deberían ser cedidos por parte de los 17 countries que se asientan en Guernica, una sugerencia que hasta ahora Kicillof y Larroque desestimaron.

“Lo que hoy presentamos al juzgado es el último esfuerzo por evitar un desalojo forzoso ya ordenado por la justicia y que el gobierno provincial va a acatar. Ahora depende de la decisión de las familias que quedan en la toma”, le asegura a este medio un estrecho colaborador de Larroque y agrega: “hasta ahora 647 familias ya acordaron, pero el Polo Obrero no hace más que poner palos en la rueda para evitar un desalojo pacífico. Buscan la confrontación, en vez de pensar en los beneficios de los más vulnerables, ese es su negocio político, pero no el nuestro”.

Por estas horas la tensión ganó la toma de Guernica.

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