La Justicia entrerriana informó este lunes a la mañana que la magistrada del Tribunal de Juicio y Apelaciones María Carolina Castagno fue sorteada para tratar la apelación presentada contra la decisión del juez de Garantías subrogante, Raúl Flores, quien no dispuso el desalojo del campo Casa Nueva, donde Dolores Etchevehere y el grupo que responde a Juan Grabois llevan adelante el Proyecto Artigas.
De entre nueve posibles opciones, el azar se posó sobre la figura de Castagno, una funcionaria de carrera del Poder Judicial que fue escalando posiciones hasta llegar a ganar en el Consejo de la Magistratura el cargo que hoy detenta.
Quienes la han tratado durante los años que transita por los Tribunales (comenzó como secretaria interina en un Juzgado Correccional), definen a esta magistrada paranaense de 51 años, egresada como abogada y notaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Santa Fe, como estudiosa y muy trabajadora. En esa casa de altos estudios obtuvo también un postgrado en Derecho Penal.
Para sostener estas afirmaciones ponen sobre la mesa que los distintos puestos que ocupó, tanto cuando fue fiscal y coordinadora fiscal como ahora que es magistrada, los ganó por derecho propio. Es que a Castagno no se le conocen “padrinos” ni “madrinas” dentro de la Justicia entrerriana, ni tampoco vínculos con la “familia judicial”, el entramado de relaciones de parentesco y conyugales que ata los distintos niveles de los juzgados locales.
Por eso consideran que a primera vista no es una jueza presionable por el contexto y los intereses cruzados que se palpan en la causa y que actuará en este expediente de la misma manera que lo ha venido haciendo hasta el momento: con un apego estricto y riguroso al texto de la ley, algo que muchas veces le ha generado críticas por el formalismo con el que emite sus sentencias y la falta de “calle” que transmite.
Su firmeza en la toma de decisiones le ha traído algunos contratiempos. En los pasillos de los Juzgados locales se cuenta insistentemente la anécdota de que llegó más tarde a ser fiscal coordinadora que otros en sus mismas condiciones por la vehemencia que puso en la investigación de una causa por corrupción que involucró en su momento a un legislador provincial.
El formalismo que rige su accionar la ha hecho rabiar más de una vez al ver que algunos medios locales publicaban imputaciones por delitos contra la administración pública antes de que los propios acusados se enteraran.
Dos de sus últimas intervenciones hablan del equilibrio con que trabaja. En la causa que investiga presuntos desvíos de fondos a través de contratos ficticios en la Legislatura provincial, bajó una fianza exorbitante de miles de millones de pesos que se había impuesto a los imputados por otra de apenas $190 mil. La semana pasada, como parte de un Tribunal colegiado, rechazó un juicio abreviado que combinaba una sola pena de cumplimiento condicional y una multa a un ex diputado provincial por tres causa distintas: la amenaza a un periodista, violencia de género a una ministra del Poder Ejecutivo provincial y negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
Abogados de la matrícula provincial, defensores oficiales y fiscales, valoran el contenido y la fuerza argumentativa que demuestra siempre en sus fallos, dado que es muy raro que deje cabos sueltos en sus escritos.
Católica practicante, no tuvo empacho en sostener en su entrevista para vocal del Tribunal ante el Consejo de la Magistratura provincial que, personalmente, estaba en contra del aborto.
Seguí leyendo: