Caso D’Alessio: el fiscal de Mar del Plata pidió el sobreseimiento de Stornelli

El fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani dictaminó este lunes que el fiscal Carlos Stornelli debe ser sobreseído en la causa D’Alessio. Lo hizo al pronunciarse de cara al procesamiento que dictó en diciembre del año pasado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, entre otros delitos. La Cámara de Mar del Plata debe aún debe resolver si confirma o no esa decisión. La semana pasada, el juez amplió ese procesamiento de Stornelli y de otros involucrados.

En ese contexto, de cara a la revisión que debe dar la Cámara de Mar del Plata, el fiscal Pettigiani afirmó que D’Alessio usó el nombre de Stornelli para hacer sus negocios, pero no puede atribuírsele a él una responsabilidad penal en los hechos. Pettigiani ya se había pronunciado en otras ocasiones para que el caso D’Alessio saliera de Dolores y fuera a tramitarse en los tribunales de Comodoro Py 2002, y ahora volvió a revalidarlo.

"La solución procesal adecuada resulta ser el dictado del sobreseimiento del Dr. Carlos Stornelli, no sólo por no haberse acreditado la participación del nombrado en la presunta asociación ilícita y en el hecho que damnificara a Pedro Etchebest, sino también por no constituir delitos los hechos mencionados como casos ‘Brusa Dovat-PDVSA’, ‘Irán Terrorismo’, ‘Munin Talevi’, ‘Castañon’, ‘Ubeira’ y ‘GNL’, afirmó el fiscal general de Mar del Plata.

Según el dictamen al que accedió Infobae, “el análisis de la prueba incorporada muestra que se produjo una arbitraria valoración de la misma y una errónea aplicación de la ley, pues de los hechos imputados, entendemos que no hay elementos en ninguno de ellos, para sostener la imputación intentada en relación a Carlos Stornelli provocando un grave perjuicio a la gestión de los intereses que representa este Ministerio Público”.

A criterio de Pettigiani, “del grupo de personas imputado, Stornelli solo tuvo ocasional contacto con D’Alessio. Ninguno de ellos detentaba vinculación actual con ningún organismo gubernamental. Como particular, D’Alessio se dedicaba al tráfico de información que obtenía por sus propias investigaciones privadas. La utilización que pudiere hacer de la misma no puede ser conectada de forma alguna con la actividad funcional del Dr. Stornelli”.

El caso D’Alessio nació en enero de 2019 y cobró un alto voltaje político. Hasta la propia Cristina Kirchner le recomendó al tribunal que la juzga por la causa Vialidad que analizaran ese expediente para saber cómo funcionaban las causas armadas. Del otro lado, Elisa Carrió alertó de la existencia de esa causa, vía Twitter, al denunciar un complot para voltear la causa de los cuadernos.

D’Alessio era un hombre que se presentaba como abogado que lograba llegar a políticos, periodistas y empresarios jactándose de ser un agente de inteligencia. Pero el empresario agropecuario Pedro Etchebest lo terminó filmando y grabándolo, cuando le hablaba de sus vínculos con el fiscal Stornelli y le pedía 300 mil dólares para garantizarle que no iban a involucrarlo en la causa de los cuadernos. Hubo hasta un viaje a Pinamar, en donde D’Alessio se vio con Stornelli, para sellar –según D’Alessio– la autenticidad de ese arreglo.

Lo que en principio apareció como una simple extorsión devino en una megacausa judicial sobre el mundo del espionaje. Las principales sospechas aparecieron cuando el juez Ramos Padilla llegó a la casa de D’Alessio para allanarlo y encontró carpetas, armas, equipos especiales y credenciales que hicieron pensar al juez en sus conexiones con la DEA, como el hombre solía promocionarse en público. El resto de las pruebas surgieron de los teléfonos del propio D’Alessio.

En un dictamen de 168 páginas, Pettigiani apunta precisamente a esos teléfonos. “Resulta llamativa la gestión de la prueba en el presente expediente –dice–, pues en una causa donde se evalúan supuestos aprietes, ablandes o puestas en emergencia a testigos, el magistrado instructor dispone saltar ese límite, obligando a un imputado a que, por la fuerza, abra su teléfono a través de la huella o del rostro, lo cual termina generando que el imputado D’Alessio entregue ‘voluntariamente’ su clave numérica para poder abrir el teléfono. Entiendo que deberá revisarse la validez constitucional de dicha extracción de claves, que se realizara sobre el imputado D’Alessio, como la utilización de declaraciones vedadas por parte del imputado”, afirmó.

En julio de 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró una causa contra Ramos Padilla que había iniciado D’Alessio por inexistencia de delito. El falso abogado había acusado al juez de haberlo forzado a poner la huella en un teléfono Iphone, secuestrado en su causa, unos días después de su detención, tal como informó en aquel momento Infobae.

Después, el fiscal abordó la cuestión de competencia y sostiene que “ninguno de los 31 hechos” que se analizaron ocurrió “en la jurisdicción de Dolores, como reiteradamente viene señalando, con serios argumentos, el señor Fiscal Federal de Dolores” Juan Pablo Curi. Y aunque no se pronuncia sobre el capítulo del periodista Daniel Santoro, cuyo procesamiento firmado en agosto de 2019 también debe ser revisado por la Cámara de Mar del Plata, Pettigiani afirmó: “La interpretación extensiva de los hechos que entendemos efectúa el magistrado instructor de la Ley de Inteligencia, acompañada en el mismo sentido por la Comisión Provincial de la Memoria, proyecta el alcance de la misma a ciudadanos que la ley no pretende abarcar, impidiendo cualquier recolección mínima de información y, en particular, hiere de muerte la posibilidad de recolección de información por parte del periodismo”.

A criterio de Pettigiani, “la interpretación del Juez condiciona la búsqueda de información de los ciudadanos, conspirando contra la lucha contra la corrupción, pero lo que resulta igualmente preocupante de su mirada es que si un periodista decide realizar tareas de investigación y recolectar información vinculada a hechos relevantes de la vida institucional, pública o privada de las personas públicas, también correría el riesgo de ser perseguido por el sentido extensivo que se le pretende dar a la ley de inteligencia nacional”.

En otro de los considerandos, el fiscal aludió a quiénes son los que pueden ser acusados de violar la ley de inteligencia. “En un Estado de Derecho nadie debe ser espiado por el Estado por lo que es ni por lo que piensa, pero tampoco deben propiciarse interpretaciones de la ley que restrinjan la esfera de actuación de las personas afectando derechos humanos básicos”, afirmó. Y agregó que “no pueden reputarse como una acción de inteligencia, ni menos asignarle carácter de ilegal, a ninguno de los hechos en análisis en este procesamiento".

Sobre el capítulo Castañón, el piloto que fue marido de la mujer de Stornelli, Pettigiani aseguró que “si se repara en el inicio de la conversación, se puede observar que el aporte de D’Alessio consiste en la propia información suministrada por Stornelli acerca de la posible condición de bagayero de Castañon y vuelve a mostrar la permanente intención de D’alessio de buscar el contacto personal”. Según el dictamen, Stornelli le dice: “Ok; ¿qué se puede hacer?”, D’Alessio le contesta: “Lo tenemos que ver personalmente”. A criterio de Pettigiani, “esta pregunta de Stornelli guarda relación con su desconocimiento de la industria aeronáutica y su parte administrativa".

Y añadió: “Un Fiscal Federal, preocupado por su situación familiar, consulta, a quien le puede facilitar la información, acerca de la situación laboral de la expareja de su mujer y frente a una posible situación conflictiva le consulta por posibles canales de acción internos de la empresa. Todo esto en el marco de intercambios por whattsapp. ¿Cuál es la ‘gravedad mayúscula’? Como dijimos en el caso Brusa, es cierto que del intercambio de mensajes con D’Alessio, aparecen expresiones que impactan, pero el desbordante lenguaje empleado por D’Alessio, jamás puede ser analizado sin tener en cuenta su personalidad”.

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