En medio de las recientes polémicas por las usurpaciones de propiedades en varias regiones del país, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se quejó por la falta de disponibilidad de terrenos en su distrito para destinar a la obra pública y aseguró que “la mayoría de los barrios privados y countries” son “prácticamente ocupaciones de tierra” porque “no pagan impuestos”.
Fue durante una entrevista que brindó a la agencia de noticias Télam, en la que el mandatario provincial defendió las medidas que tomó su administración para tratar de controlar la pandemia del coronavirus, a las que calificó como “una respuesta contundente” y “un esfuerzo titánico que se vio en la cancha”.
Consultado sobre este punto, el economista señaló que todavía “hay problemas estructurales” en la provincia de Buenos Aires y responsabilizó a la gestión anterior por la “situación de tremendo hacinamiento en las cárceles”, aunque adelantó que ya se comenzó con “la construcción de nuevas plazas” penitenciarias, así como también con “un plan de obra pública” y otro para el acceso a la vivienda.
“No había un mapa de la disponibilidad de tierra pública y privada para la ampliación de oferta. Era la nada misma y, sobre ella, montados muchísimos negocios privados. La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo”, resaltó.
Estas declaraciones se dieron en el marco de los conflictos por las usurpaciones de predios en varias regiones de la Argentina. De hecho, una de las más grandes tomas del país está ubicada en Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón.
En la entrevista, Kicillof se refirió también a este tema y destacó que más de 600 familias que estaban asentadas en ese predio “firmaron un compromiso con la provincia”, tras lo cual se realizó “un desalojo voluntario”, medida que fue celebrada por su administración, que buscó “una manera pacífica” de resolver el conflicto.
En ese sentido, el gobernador explicó que “hubo una denuncia de privados y una decisión judicial que marca el desalojo” de la totalidad de las personas que se encuentran en este lugar, el cual está previsto para antes de fin de mes.
Al respecto, precisó que mientras continuó el proceso legal, su administración desplegó “un abordaje interministerial e interdisciplinario: el de las Mujeres, Derechos Humanos, Justicia, Educación, Salud y Desarrollo de la Comunidad” y destacó que el titular del último de estos ministerios, Andrés Larroque, “encabezó el operativo para tratar de buscar soluciones”.
“Se hizo un censo, se habló con la gente y se vio de qué se trataba el problema. Hay desde violencia de género a imposibilidad de pagar el alquiler. Se tiene en cuenta esa gama inmensa de problemas para ir buscándoles soluciones”, describió.
El mandatario se preguntó qué hubiera pasado “si se hubiera directamente aplicado el fallo judicial y desalojado, cuando hay soluciones que se pueden dar de manera pacífica”, aunque recalcó que “la toma de terrenos privados es ilegal” y que “la solución al problema de vivienda, que es un derecho, tiene que hacerse en el marco de la ley".
“La respuesta no va a ser instantánea. Pero si el Estado desaparece se genera desesperación (en algunas personas que reclaman una respuesta habitacional) ante el desamparo. Primero tiene que aparecer el Estado y después hay que exigir el cumplimiento de la ley”, agregó.
Por último, y siguiendo con esta línea, Kicillof insistió con que “en el terreno de la ilegalidad” su Gobierno no pude “convalidar nada”, pero reconoció que si "no está” la autoridad para resolver este problema, puede comprender “que se genera una tensión innecesaria”.
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