La construcción de cárceles y alcaldías en el conurbano genera rechazo entre los vecinos y dudas entre los intendentes

El gobierno de Axel Kicillof intenta cambiar el paradigma de la ubicación de cárceles y alcaldías. Esto es dejar el viejo imaginario de un penal en Tierra del Fuego o Sierra Chica y construir las moles de hierro y concreto cerca del lugar de residencia de los delincuentes procesados y condenados. El fundamento: vaciar las comisarías de presos, la proximidad del interno con sus afectos que serviría para una mejor resocialización, visitas más asiduas, mayor contención emocional y menor cantidad de motines. La iniciativa, que ya fue presentada en el parlamento por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, ya generó protestas de los vecinos, por ejemplo de Quilmes, que se niegan a que se construya una alcaldía cerca de la Ribera. Asimismo, los de Tigre se quejan ante la posibilidad de que también se construyan viviendas para alojar a los detenidos que están próximos a salir, tal como está contemplado en el proyecto al que Infobae tuvo acceso exclusivo. El “Plan de Infraestructura Penitenciaria” no cuenta con la simpatía de la totalidad de los intendentes que gobiernan los lugares en los que se proyecta realizar las obras y así lo expresaron ante este medio y se lo hicieron saber al propio Alak.

El primer argumento es la falta de tierras para las obras. La solidez de ese fundamento derivó en el anuncio del funcionario de la elaboración de un anteproyecto de ley para la expropiación de parcelas privadas en los distritos de Quilmes, Moreno, Merlo y La Matanza, que deberá tratarse en el parlamento provincial.

Cuesta creerlo pero hay funcionarios de intendencias como José C. Paz, San Fernando o Pilar que sostienen que de manera oficial no se les comunicó la decisión de construir alcaldías de 300 plazas en el municipio, ni se les solicitó aún que comiencen a buscar, como mínimo, las dos hectáreas de tierras necesarias para el proyecto.

Infobae se comunicó con la mayoría de los alcaldes que gobiernan los distritos que son alcanzados por la edificación de 30 alcaldías y 8 unidades penitenciarias a lo largo de diez años y que ya fue expuesto ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense.

Las reacciones fueron variadas. Una buena parte de ellos se manifestaron a favor o en contra de la iniciativa; otros decidieron fijar posición cuando el tema forme parte de la agenda pública o cuando el Poder Ejecutivo provincial los consulte, como es el caso de los intendentes del Frente de Todos, Federico Achával, de Pilar y Juan Andreotti, de San Fernando, y un puñado de ellos, como Gustavo Posse, de Juntos por el Cambio, prefirieron optar por el silencio.

Las reacciones de los intendentes

“En Lanús no pueden ser dos las alcaldías, como esta proyectado. En principio estamos de acuerdo con las alcaldías, porque genera trabajo y da mayor seguridad a la zona. Son construcciones de bajo perfil y no son cárceles. Se van a construir varias en Buenos Aires y especialmente en el conurbano. Todavía en Lanús no hemos podido encontrar lugar para una. Lo estamos buscando junto al Ministerio de Justicia de la provincia. La capacidad debe ser mucho menor a 300”, explica Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que milita en las filas de Juntos por el Cambio.

El funcionario recuerda también que el distrito que gobierna tiene un poblado ejido urbano. Sus allegados reconocen también que una alcaldía cerca de ciudades tan pobladas como tiene Lanús, generará reacción adversa entre los contribuyentes.

De todos modos, Grindetti, reconoce que estos espacios servirán para descomprimir las comisarías de detenidos y sacar a los policías que los custodian a las calles.

Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, del Frente de Todos, se entusiasma con el proyecto de Kicillof: “Creo que vendría bien la construcción de unidades penales y alcaldías, en mi distrito o en cualquier otro. Una alcaldía nos permitiría sacar a los presos de las comisarías con lo cual tendríamos a los policías que ahora están designados para cuidar presos custodiando las calles”.

- A los vecinos no les gusta que se instalen cárceles cerca de sus casas. Sobre todo en lugares dónde no hay zonas rurales. Y así y todo, temen a la fuga de presos, o a los motines, como los de Florencio Varela.

- Creo que si se comunica bien los motivos y que es por una cuestión de mayor seguridad para ellos y para obtener mayor cantidad de policías operativos lo van a entender. En esto los medios también juegan un rol significativo.

Fernando Gray, el jefe comunal peronista de Esteban Echeverría, fue tajante ante la consulta de Infobae: “En nuestro municipio no hay tierras. Yo no tengo tierras provinciales, municipales o del estado nacional. Y las que había ya fueron puestas a disposición de la justicia federal para la construcción de viviendas para las familias que vivían en zonas inundables a la vera del Riachuelo y había que relocalizarlas, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia a través del fallo Mendoza”.

Funcionarios de otros municipios, que prefirieron no ser mencionados, recordaron que las cárceles y alcaldías no se pueden construir en cualquier espacio. Deben ser de fácil acceso, tener medios de trasporte público frecuente y acceso a todos los servicios. También destacan que por lo general los vecinos no reaccionan bien ante la posibilidad de tener 300, 500 o 1.000 presos cerca de sus casas. Temen por las fugas, los motines, por el ir y venir de los familiares de los internos.

Otro intendente de la zona sur del conurbano bonaerense se sinceró y asegura haberle expresado lo mismo al ministro Alak cuando este le pidió que busque “dos hectáreas de tierra”, en su territorio. “La verdad es que yo prefiero construir un hospital más, que lo hago en diez mil metros cuadrados, o escuelas, o un barrio para las necesidades habitacionales que tengo, no levantar una cárcel o una alcaldía que solo me va a traer problemas. Pero estoy tranquilo porque eso ya se lo dije a Julio (por Alak)”, agregó.

“Nosotros ya hicimos una alcaldía en José C. Paz, así que mucho problema no tenemos, aunque hasta ahora nadie me dijo nada ni me informó”, responde Mario Ishii, uno de los barones del conurbano, y destaca: “La construimos cuando remodelamos la comisaría, justamente para sacar a los presos de los calabozos, pero ahora nos encontramos con que en las comisarías los detenidos están hacinados y que la mayoría de los presos de la alcaldía, que se la dimos para que la maneje el servicio penitenciario, son de otros distritos y a los de José C. Paz los mandan a otro lado. Eso no se entiende”.

- En su distrito proyectan construir una alcaldía de 300 plazas.

- No se dónde la van a hacer porque acá está todo ocupado. La alcaldía nuestra es de muchas menos plazas y la hicimos en un terreno que compró el municipio. Las cárceles y alcaldías las tienen que construir en los municipios que tienen muchos terrenos, campos, zonas rurales. No como acá. Yo no me imagino dónde van a levantar alcaldías en lugares como Lanús o en otros distritos donde no hay tierras. No podés construir una alcaldía para 300 presos en el medio de la ciudad. Las alcaldías grandes son problemáticas. Los familiares se asientan cerca de las cárceles, por eso la gente no las quiere.

-El ministro Alak dice que los presos tienen que estar cerca de donde viven...

-Yo pienso lo mismo. Cada intendencia tiene que tener a sus presos. Pero ya le digo, la alcaldía que hicimos en José C. Paz está llena de presos de otros lugares.

Desde la municipalidad de La Matanza, a cargo del justicialista Fernando Espinoza, se mostraron partidarios de la construcción de cárceles y alcaldías, inclusive dentro del distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires, donde ya funciona la Unidad 43, en González Catán. Aunque aseguran que no hay espacio suficiente para las cuatro alcaldías programadas ara el distrito.

Quizás por esa razón, el anteproyecto de ley propone la expropiación de tierras privadas para llevar adelante el ambicioso proyecto.

Mayra Mendoza, la alcaldesa de Quilmes, alineada con el gobernador Axel Kicillof, fue una de las dirigentes que debió salir al cruce de las fuertes críticas que recibió por parte de los vecinos de la zona Ribereña, que se oponen a la construcción de una alcaldía -en el proyecto figuran dos-.

“QUEREMOS FAMILIAS, NO DELINCUENTES. NO A LA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES EN LA RIBERA DE QUILMES”, rezaban los afiches con la cual un grupo de vecinos empapelaron la zona de emplazamiento de la construcción.

La consigna estaba ilustrada con una foto de familias, chicos y abuelos disfrutando del espacio verde del lugar.

En diálogo con Infobae, Mendoza asegura que, en primer lugar, la imagen de los carteles corresponde a otro espacio verde, ubicado a un kilómetro de donde se proyecta levantar la alcaldía.

“La construcción de alcaldías en la provincia de Buenos Aires terminará con la situación de hacinamiento que viven algunos detenidos en las comisarías", reflexiona la jefa comunal, en sintonía con alguno de sus pares. Y agrega: "Hay organismos internacionales que nos obligan a mejorar esta situación. Este es un tema que debemos trabajar para solucionar. La construcción de una alcaidía en el distrito no es solamente que va a solucionar el hacinamiento y la capacidad que tienen las comisarías de detención, sino que va a dar mayor seguridad a la zona. Vamos a poder contar con los policías bonaerenses que hoy están cuidando a esos detenidos en las comisarías, para que puedan estar circulando, patrullando o teniendo presencia en la calle. El policía bonaerense no está para cuidar a los detenidos, eso lo tiene que hacer el sistema penitenciario de la Provincia, y es lo que van a hacer en la alcaidía”.

Sobre la ubicación del predio, que deberá ser expropiado y rezonificado, Mendoza opinó: "La construcción no es sobre el río y no afecta lo turístico, sino que están dispuestas dos hectáreas al lado de la autopista. Es similar a lo que en el 2011 se inauguró en Avellaneda. Hay quienes ponen palos en la rueda y no quieren que le vaya bien al distrito, que no quieren garantizar derechos a esas personas que están detenidas.”

Para la intendenta, como para otros jefes comunales, como Espinoza, de la Matanza, o Menéndez, de Merlo, las obras generarán puestos de trabajo en los barrios. "El Servicio Penitenciario va a tener que contratar por lo menos 200 personas para el funcionamiento de la alcaidía, y otro tanto para la obra. Realmente yo quiero que todos los vecinos, toda la ciudadanía sepan que esto es bueno para todos”, remató.

El diputado Matías Ranzini, quien integra la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, y que tuvo activa participación durante la presentación del proyecto por parte del ministro Alak, le aseguró a este medio: "Nosotros, desde Juntos por el Cambio, estamos de acuerdo en construir más plazas penitenciarias, pero debemos analizar el plan integral, no solamente con las pocas unidades que van a mandar a la legislatura, y que serán las primeras en construirse. Necesitamos ver el listado de las ocho cárceles y las 30 alcaldías, no las primeras que se van a hacer. También tenemos que ser muy cuidadosos con las ubicaciones para evitar la reacción que tuvieron los vecinos de la Ribera de Quilmes”. Y agregó: “Hay que tener en cuenta también la mirada de las víctimas, que las puede afectar que un asesino o violador este cerca de domicilio, y la idiosincrasia de cada lugar, pero en lo general estamos de acuerdo que el proyecto avance”.

Los distritos afectados

Según el “Plan de Infraestructura Penitenciaria” elaborado por el equipo de Alak, pero que ya estaba en danza desde la gobernación de Daniel Scioli, está proyectado construir 30 alcaldías de 300 plazas cada una. Cuatro en La Matanza, tres en Moreno, dos en Quilmes, dos en Almirante Brown, dos en Merlo, dos en Lanús, una unidad más en los distritos de Tigre, San Martín, Lomas de Zamora, Florencio Varela, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Tres de Febrero, Avellaneda, San Miguel, Berazategui, Escobar, Pilar, San Isidro, Zárate y Morón.

Pero eso no es todo. El plan de Kicillof y Alak abarca la construcción de 14 centros sanitarios para la atención de los internos en las localidades de Florencio Varela (72 plazas); Lomas De Zamora (48 plazas); La Plata (48 plazas); La Matanza (24 plazas); Magdalena (24 plazas); Olavarría (24 plazas); en Mar del Plata (24 plazas); Ituzaingó (24 plazas); San Martín (24 plazas); Campana (24 plazas); General Alvear (24 plazas) y Junín (24 plazas).

El nudo central del plan de infraestructura penitenciaria es la construcción de las nuevas obras, “necesarias para disminuir la sobrepoblación carcelaria, a fin de concretar 18.000 nuevas plazas; financiada con fondos nacionales y provinciales”.

Allí se destaca los “8 Complejos Penitenciarios, de 1.000 plazas cada uno”. Según la documentación a la que accedió Infobae, cada complejo estará integrado por una Unidad (700 plazas) y una Alcaidía (300 plazas); ubicados en el corredor de la Ruta 6, integrado por los Municipios de Cañuelas, Marcos Paz, General las Heras y General Rodríguez.

También la “construcción de 100 casas de pre-egreso en establecimientos existentes, que representan un total de 1.000 plazas de alojamiento”, que es uno de los cuestionamientos que realizaron agrupaciones vecinales, ya que no están convencidos a que los convictos a punto de salir en libertad se paseen por el barrio y mucho menos si allí mismo viven sus víctimas.

Cárceles superpobladas y hacinamiento

La presentación del proyecto ante el parlamento por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos estuvo acompañado por una serie de datos que justifican la creación de 18.000 nuevas plazas, mediante la edificación de Unidades Penitenciarios y Alcaidías Departamentales. “La provincia de Buenos Aires registra la superpoblación penitenciaria más grande de su historia. Según un informe de ONU el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.281 plazas”, describe el dramático informe.

“A nivel nacional se registran 92.100 personas privadas de la libertad. De las cuales 48.565 se encuentran alojadas en el sistema penitenciario provincial; lo que representa más de un 50% de la totalidad de los detenidos en nuestro país”, precisa. Y detalla: “De la población carcelaria provincial, 40.968 personas se encuentran alojados en las distintas Unidades Penitenciarias y Alcaidías, 5.471 en dependencias policiales, y 2.126 bajo el régimen de monitoreo electrónico. Ello refleja que el déficit de plazas es mayor a las 20.000”.

Por esa razón, “el Plan de Infraestructura Penitenciaria, en sus diferentes etapas” pretende sumar esa cantidad de nuevas plazas al desbordado sistema penitenciario bonaerense.

El caso de San Isidro

En su exposición ante las comisiones parlamentarias, Alak reconoció la discusión que mantuvo con algunos jefes comunales y los reparos que estos tienen ante la posibilidad de alojar delincuentes en sus municipios. Por ejemplo, hizo mención al diálogo que mantuvo con alcaldes del oficialismo y de la oposición, como el de San Isidro. Fue de esta manera: “Yo discuto con intendentes de mi propio espacio político que me dicen ‘yo no quiero una cárcel en mi distrito porque quiero hacer un barrio privado, quiero hacer otra cosa’. Entonces yo le pregunto: ¿Querés hacer un barrio privado? ¿Y las personas que cometen delito en tu distrito, por qué se los tenés que mandar a otro?”

Inmediatamente después de ese argumento, el ministro de Justicia y Derechos Humanos recordó: “Gustavo (Posse) vino y me dijo: ‘Julio, yo no tengo dos hectáreas en mi distrito, no las tengo’. A mí no se me ocurriría decirle al intendente de Vicente López (Jorge Macri) que le dé dos hectáreas a San Isidro, porque esta muy compactado. Entonces, yo le digo: ‘Mira Gustavo, vos tenés 668 internos en las cárceles y en tus comisarías, 213 ¿Te conviene tener 213 detenidos en comisarías con el veinte por ciento de la policía cuidándolos? ¿No te conviene tener una alcaldía, que se hace cargo otra fuerza especializada y formada en cuidar presos?’, y él me contesta: ‘No tengo lugar ¿Dónde querés que haga la alcaldía, en el hipódromo?’"

El caso de San Isidro, en la zona norte del Conurbano, no es único, pero sirve de ejemplo para exponer, de manera vívida la discusión que por ahora se esta dando de manera silenciosa y casi reservada.

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