Cuando arreciaba la peor crisis económica y política que vivió el país, Juan Carlos Alderete era uno de los principales dirigentes del movimiento piquetero junto a Luis D’Elía, Raúl Castells y Néstor Pitrola. De la mano de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) militó la abstención electoral y el “que se vayan todos” durante el período de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. Tomó municipios, cortó rutas y protagonizó escraches en supermercados para reclamar por planes sociales en el Argentinazo de la pobreza al 57 por ciento.
Hoy, ante un nuevo derrumbe social por la pandemia de coronavirus, Alderete ocupa un rol distinto: es diputado nacional por el Frente de Todos. Ya no quiere derribar al sistema con los métodos de comienzos de siglo XXI. Formado en las armas de la confrontación con el Estado, su recorrido viró hacia la negociación y finalmente a la integración, con terminales que se extienden hasta el ministerio de Desarrollo Social.
Alderete forma parte de los movimientos sociales “cayetanos” iluminados por el Papa Francisco, que se nuclean en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El diputado está en las filas del oficialismo, pero reconoce que se opondrá al Gobierno si avanza con represión sobre Guernica. Y espera el fin de la pandemia para marchar por los suyos: “Me gustaría estar en la calle para reclamarle a mi propio gobierno. Hay temas que se tienen que resolver inmediatamente”.
- ¿Se imaginaba este nivel de pobreza para 2020?
- Si, veníamos atravesando niveles de pobreza en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. La pandemia y la crisis económica lo que hizo fue agravar esta situación, no tanto la indigencia por el efecto de las medidas de Alberto Férnandez, pero sí aumentó enormemente la pobreza.
- Su sector es uno de los más desprotegidos a los efectos del parate económico por la cuarentena. ¿Fue adecuada la implementación del aislamiento?
- Ha sido muy adecuado, aunque era imposible cumplir el aislamiento social donde la gente vive hacinada. El 90% de los barrios populares vive de la economía informal y no poder hacer las changas con los productos que ellos mismos producen ha traído un agravamiento de la falta de alimentos. La tarjeta Alimentar ha ayudado muchísimo, pero también el IFE. El Estado pudo estar presente a través de las organizaciones, que no solo hemos estado en los comedores, sino que tuvimos compañeras como agentes sanitarios o atendiendo casos de violencia de género. Se asumieron una multiplicidad de tareas que, de lo contrario, la pandemia hubiese sido un infierno de poder sostener.
- Tuvo un rol activo como militante político durante la crisis de 2001. ¿Cuáles son las diferencias con el contexto actual?
- En 2001 no teníamos esta crisis económica que atraviesa el mundo. Podíamos hacer changas, es cierto que con una peor inflación, pero es distinto por su gravedad y las consecuencias que nos van a dejar. Esta crisis es mucho peor que la de 2001 y 2002. Va a ser muy difícil poner a nuestro país en pie rápidamente para la pospandemia, lo vamos a tener que hacer entre todos y se van a tener que tomar medidas. En países de Europa ya lo están haciendo, mientras que algunos sectores de acá agitan contra el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Estamos trabajando en el Congreso con leyes que permitan resolver la crisis habitacional
- ¿Cuántas personas integran hoy la CCC y cuántos planes sociales están a su cargo?
- Somos alrededor de 80 mil con presencia desde la Quiaca a Tierra del Fuego. La Corriente Clasista y Combativa hoy no administra ningún plan social. Nosotros lo que hacemos es proponer las obras y el Gobierno puede aceptar o no. En los años anteriores nuestra organización ha construido 7.200 viviendas en todo el país y pequeñas obras públicas de impacto turístico, hemos hecho capacitaciones en oficios y convenios con la UTN. Hay compañeros que están cobrando los planes en 8500 pesos. Los que nos critican tanto, ¿creen que con $8.500 son suficientes para hacerle la comida, todos los días, a centenares de vecinos? ¿Muchos estarían limpiando las calles con $8.500 o transformando un basural en una plaza? Ese es el trabajo de la contraparte del beneficiario.
- Pero sí organizan cooperativas desde la CCC...
- Son 428 cooperativas en todo el país con una federación nacional desde el año 2004, cuando comenzamos con algunas obras importantes como pruebas piloto como la construcción de redes cloacales y de agua potable. Los resultados han sido muy buenos porque eso brinda a la comunidad los servicios necesarios e indispensables para su hogar.
- ¿Cuál es el rol de ustedes en el armado de las cooperativas?
- El rol nuestro es convocar en los barrios a los vecinos. Para formar una cooperativa de la construcción se necesitan oficiales albañiles y medios oficiales, que entiendan sobre conexiones y cañerías. Quien no tiene trabajo puede trabajar de peón. Pero sin el oficial no es posible hacer la construcción, necesitas que los oficiales le enseñen a otros. Se convoca a todos, se conforma la cooperativa, se presentan todos los documentos y actas en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) para la matrícula. A veces no se otorga porque faltan detalles como tener una cuenta corriente, donde se depositan los avances de obra y se realiza el control de la certificación.
- ¿Son todos militantes de la organización los que están en las cooperativas?
- No todos son militantes. Son algunos compañeros que se agregan a la cooperativa a efectos de trabajar. Nosotros los consideramos muchísimo porque los oficiales son los que más saben para enseñar las características del trabajo.
- Para cobrar el Ingreso Social Complementario se tiene que estar trabajando en la cooperativa. ¿Esa necesidad no genera un lazo de dependencia con la organización política?
- Ninguno está obligado a pertenecer a la organización. La organización es de frente único y están todos los pensamientos políticos y las distintas religiones, y somos respetuosos del que piensa distinto. Lo que nosotros buscamos es la solución del problema de la persona que se incorpora o no a la organización. Muchos se suman porque ven que le sirve para sus problemas, no al revés. Todos tienen la libertad de irse y volver. Lamentablemente, muchos volvieron ante la falta de trabajo.
- En una autocrítica, la presidenta del PRO Patricia Bullrich remarcó sus diferencias con la política social que llevó adelante el gobierno de Cambiemos por el aumento del gasto social. ¿Qué le respondería? ¿Cómo se asegura la transparencia del sistema?
- Los cuatro años de su gobierno nos han controlado y así debe ser. Que se haga un control de la legalidad, que se paguen los impuestos, que se presenten los balances de las cooperativas para conocer qué es lo que se gasta y qué se compra. Una de las últimas viviendas que entregamos (fueron 56) al gobierno de Mauricio Macri en González Catán, en La Matanza donde nosotros vivimos, quedaron sorprendidos por el tipo de grifería. Nos decían: ¡esto es de primera calidad! Pero por supuesto, nuestros compañeros se merecen esa calidad, no hay por qué sorprenderse. Las empresas reducen la calidad abaratando costos.
- ¿Fueron eficaces las medidas de ayuda alimentaria y la Tarjeta Alimentar?
- Ha sido tremendamente necesario. Por supuesto que son insuficientes las medidas por la gravedad de la crisis. El cierre de las PyMES y los distintos rubros de la economía la están pasando muy mal por la pandemia.
- Hay un sector de los movimientos sociales que explicitó críticas a la implementación de la Tarjeta Alimentar y considera que debería existir un ingreso directo.
- Para nosotros la implementación ha sido muy buena, pero la salida es con trabajo. Con algunos planes hemos tenido demoras, por ejemplo, con todos los protocolos necesarios se pueden hacer pequeñas obras con mano de obra desocupada que dan muy buenos resultados.
- Presentó un proyecto de ley por “Techo, Tierra y Trabajo”. ¿En qué consiste?
- Proponemos la construcción 475 mil soluciones habitacionales, que pueden ser para la construcción de viviendas, ampliación, reformas de los núcleos húmedos o tierras para trabajar. Los campesinos que arriendan la tierra están pagando el doble que antes de la pandemia, les imposibilita seguir produciendo alimentos. El Estado tiene en la provincia de Buenos Aires 180 mil hectáreas. La ley propone que una parte de ese tipo de tierras puedan ir a campesinos o la construcción de viviendas, lo que generará de arranque 1.500.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
- ¿Hay conflictos en el reparto de recursos entre los movimientos sociales? Muchas organizaciones tienen influencia en Desarrollo Social.
- Siempre va a haber discusiones. Para nosotros no debería ser normal quién es el que maneja un plan, sino que llegue a quien lo necesita. A veces, el que lo necesita, por ser tímido y no hablar se queda sin ese beneficio. Yo vengo planteando en el Frente de Todos que lo principal es mantener la unidad, tenemos que demostrarle a la gente que vinimos a hacer los cambios que pidieron. Y para hacerlo tiene que ser con mucha transparencia, todas las organizaciones tienen que intervenir.
- ¿Falta una centralización de la política social?
- Tiene que haber un Ministerio de Tierras para las soluciones habitacionales, y es algo que le toca al que no tiene trabajo y a la clase media. La crisis habitacional es estructural en nuestro país.
- Hace unas semanas se incorporó la Secretaría de Integración Socio-Urbana al ministerio de Desarrollo Social. ¿Es una solución eficaz o se requieren de otro tipo de medidas?
- Faltan soluciones mejores. Discuto con el ministro Daniel Arroyo y con la ministra Bielsa que faltan políticas. Hay que abrir el registro de los 4.400 barrios para urbanizar (NdR: se refiere al Renabap). El registro es de 2016 y en ese momento no se llegó a todos los asentamientos y villas. No se puede cerrar en lo que ya se relevó.
- Muchos de estos barrios populares fueron ocupaciones anteriormente. ¿Existe una intencionalidad política detrás de las tomas de tierras?
- Las tomas de tierras son un tema cultural. Cuando se tiene un terrenito, todos quieren construir su casa ladrillo a ladrillo. Hay que ir al encuentro de la gente que está tomando tierras para buscarle una solución, eso evitaría muchos desencuentros y la utilización política de la necesidad, con vivillos que venden a cuatro o seis personas para hacer unos pesos. Pero esos son un porcentaje mínimo de los que lo hacen. Yo he estado en oportunidades con Alicia Kirchner y Sergio Berni en muchas provincias y se han llegado a acuerdos con los dueños de las propiedades, y en otros casos se ha reubicado a la gente en tierras estatales.
- Justamente, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni es uno de los funcionarios del Frente de Todos más enfáticos en condenar las tomas de tierras y propiciar su desalojo.
- Él se equivoca y se olvida lo que hemos hecho en años atrás donde participó personalmente de soluciones. Me llama la atención que esté haciendo este tipo de declaraciones.
- Si el día de mañana se desaloja Guernica y hay una represión de parte del gobierno bonaerense. ¿Qué decisión va a tomar la CCC?
- Se lo he manifestado a Andrés “Cuervo” Larroque, a quien me ofrecí para ayudar. La CCC va a estar del lado de los ocupantes y contra la represión. Me voy a poner enfrente junto a los ocupantes, no hay que castigar más a la gente que ya está castigada. Nadie quiere tomar una tierra con una carpa, sin agua, luz, ni comodidades. La gente lo hace porque está desesperada.
- En el 2001, la CCC era parte de las consignas del ‘qué se vayan todos’. Están empezando a crecer los discursos de malestar con el sistema político. ¿Hay una similitud?
- No, este escenario es distinto porque por suerte las organizaciones sociales y los sindicatos se han politizado. Nos han caracterizado de vagos, planeros, choriplaneros. Estamos en otro momento, participamos en política porque sino otros la terminan haciendo por nosotros. Es cierto que hay grupos que quieren desestabilizar con manifestaciones en el peor momento de la pandemia; quieren que los muertos se cuenten de a miles para responsabilizar a Alberto Fernández. Mientras tanto mienten, diciendo que el Congreso no funciona y hacen mucho circo para que no se voten las leyes. Pero es insuficiente, hacen falta leyes que no favorezcan siempre a un solo sector.
- Hay voces que le cuestionan a Alberto Fernández su actitud de moderación ante sus adversarios. ¿Comparte ese crítica?
- Tenemos que ser conscientes que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. A mí me gustaría estar en la calle para reclamarle a mi propio gobierno. Tenemos temas que se tienen que resolver inmediatamente. La ayuda que recibieron los empresarios y las PyMES puede no ser suficiente, pero es algo para que se puedan sostener en esta crisis.
- Si no existiera el coronavirus, ¿hoy la CCC se movilizaría para reclamar mayor ayuda social?
- Soy convencido que cualquier ley que llega al Congreso tiene que ser acompañada por un gran movimiento nacional, para presionar para que se apruebe. Nos gustaría movilizarnos para que se trate rápidamente el proyecto de “Techo, Tierra y Trabajo” y no se demore la solución que necesita la gente.
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