El Gobierno está dispuesto a incorporar las observaciones del empresariado en el decreto reglamentario de la ley de teletrabajo que prepara el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En la Casa Rosada lo interpretan como un gesto de buena voluntad hacia un sector que es decisivo para la reactivación de la economía, que se sumará a la participación de Alberto Fernández en el Coloquio de IDEA y a la reconciliación presidencial con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca.
Es que la polémica ley de teletrabajo no sólo fue interpretada por los empresarios como una señal de hostilidad por parte del Gobierno: la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en la Argentina hace quince días se mostró preocupada por el tema y les hizo muchas preguntas a los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre los aspectos más vulnerables desde el punto de vista de la certeza jurídica para contratar personal con la modalidad del trabajo a distancia.
Moroni viene trabajando en encontrar puntos de consenso con empresarios y sindicalistas sobre la reglamentación del teletrabajo desde que el Senado lo convirtió en ley, el 30 de julio: poco después comenzaron las discretas reuniones de un equipo designado por el ministro de Trabajo con la UIA y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), entre otras entidades, para escuchar qué puntos incluirían en el decreto reglamentario para atenuar el sesgo antiempresarial de la norma.
El titular de Trabajo tendrá este lunes sobre su escritorio el primer esbozo del decreto reglamentario que redactaron sus colaboradores sobre la base de las distintas propuestas que recibieron, aunque Moroni no tiene ningún apuro en avanzar con este tema: la ley entrará en vigor 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio, que, como se confirmó esta tarde, se acaba de prorrogar hasta el 8 de noviembre y nadie tiene certeza alguna de cuándo se terminará.
“Vamos razonablemente bien. El equipo del Ministerio de Trabajo que estuvo cargo del tema consultó a todos los que tenían propuestas para hacer y unificó las posiciones. Se llegó a una síntesis razonable. Ahora se lo presentarán al ministro y luego se elaborará un borrador del decreto reglamentario”, dijo a Infobae una fuente oficial.
Uno de los artículos de la ley que el Gobierno buscaría mejorar mediante la reglamentación es el referido a la reversibilidad, muy cuestionado por los empresarios, que es la posibilidad de que un empleado que trabaja a distancia decida de manera unilateral regresar a la modalidad presencial. Si el empleador ya no tiene las oficinas originales con espacio suficiente o “en el establecimiento más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas las tareas”, el trabajador podría declararse despedido o iniciar acciones judiciales para recuperar su puesto presencial.
Si bien los diputados añadieron a último momento que ese artículo se aplicará “salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, como una forma de atenuar sus efectos, los empresarios creen que la ley igual potenciará los conflictos e incentivará los juicios laborales.
En la cartera laboral hablan de reglamentar la norma “en términos razonables”: aunque el texto de los colaboradores de Moroni aún no se conoce, establecería un plazo de seis meses o un año para que se concrete el eventual regreso a la modalidad presencial para darles tiempo a las empresas a adecuar las instalaciones y, además, dispondría que el empleado que comenzó a trabajar a distancia no tendrá derecho a la reversibilidad, excepto que se pacte algo distinto con la empresa.
Del lado empresarial hay expectativa por conocer el decreto reglamentario, pero también una buena cuota de desconfianza acerca de su contenido. “Las conversaciones sobre el tema fueron buenas, pero siempre dentro de lo que puede corregir en una reglamentación. No se pueden hacer milagros y después quedará sujeto al criterio de los jueces, que es imprevisible”, afirmó a Infobae un directivo de una importante empresa que participó de los contactos iniciados por Trabajo.
El empresario admitió que uno de los artículos en discusión es el de reversibilidad, aunque prefirió mostrarse prudente: “Acá es importante no sólo lo que uno quiere, sino cómo se lo redacta”.
Se entiende la moderación patronal: cualquier decreto reglamentario puede atenuar algunos efectos de una ley o regular detalles para que contribuyan a su mejor cumplimiento, pero no debe alterarla, modificarla o desvirtuarla porque corre el riesgo de ser declarado inconstitucional.
Y son muchas las objeciones del sector empresarial a la ley sancionada por impulso del Frente de Todos: además de la reversibilidad, el Grupo de los Seis consideró que no contempla “un criterio objetivo que determine cuándo se está en presencia de teletrabajo y cuándo de una prestación remota eventual, excluida de este régimen", y en cuanto a la jornada de trabajo, sostuvo que “debería eliminarse la prohibición de remitir comunicaciones fuera de la jornada de trabajo, así como la obligación de contar con un sistema que impida contactar al trabajador fuera de hora”.
Para ese agrupamiento empresarial, además, “el artículo referido a tareas de cuidado de personas de su entorno familiar incluye obligaciones para el empleador y el funcionamiento operativo del trabajo que en muchos casos serán de imposible cumplimiento”. Y señaló que “debería suprimirse la limitación de contratación de trabajadores extranjeros dado que viola el principio de territorialidad de la Ley de Contrato de Trabajo y atenta contra la libertad de contratación”.
Si bien la CGT formalmente apoyó la sanción de la ley, algunos dirigentes de la central obrera advirtieron que los legisladores no buscaron el consenso suficiente sobre el tema y que preferían seguir negociando el teletrabajo en los convenios colectivos, como sucedió hasta ahora.
Por ejemplo, el secretario de Acción Social de la central obrera, José Luis Lingeri, dijo a Infobae en junio que “lo que hemos defendido permanentemente es que toda modificación que se quiera instrumentar, como el teletrabajo, se haga en el marco de los convenios colectivos, así cada actividad discutirá las innovaciones que quiera incorporar”. ¿En la CGT no son partidarios de una ley de teletrabajo?, repreguntó este medio. “No. Tiene que ser por vía convencional”, fue la respuesta.
Un mes después, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, contestó en términos similares cuando Infobae le preguntó si hacía falta regular el teletrabajo mediante una ley: “No fue una iniciativa de la CGT. Todas las actividades que tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad lo hicieron en el marco del diálogo bilateral en una discusión paritaria. Ni los trabajadores ni los empresarios estuvimos sentados antes por ese tema. Fuimos citados después a la Comisión, cuando ya estaba hecho. Llegada la situación de que fuera necesario institucionalizarlo con una ley, no era el momento para tratarla. El momento era después de que pase esta emergencia”.
La semana pasada, al hablar en el Coloquio de IDEA, Martínez destacó que "con el advenimiento de esta pandemia se generó esta modalidad del teletrabajo y las organizaciones sindicales reaccionaron bien”, pero insistió: “En esa ley no hubo instancias de diálogo y concertación”.
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