Los partidos de izquierda y las organizaciones sociales que componen la toma de Guernica decidieron no aceptar ninguna de las propuestas que hasta ahora les presentó el gobierno de Axel Kicillof para intentar un desalojo voluntario y pacífico y resistirán el “lanzamiento” ordenado por la justicia y que tiene fecha límite el 30 de octubre.
“Nos aprestamos a defender el derecho a la tierra. Los funcionarios de la gobernación no hicieron ninguna propuesta coherente, válida. Las asambleas de los cuatro barrios decidieron democráticamente quedarse y nosotros vamos a apoyar lo que quiere la gente. Ante la inacción del gobierno de Kicillof iniciamos desde hoy, en el Obelisco, una campaña solidaria para colaborar con las familias de Guernica y continuaremos movilizados”, le anticipó a Infobae Eduardo Billiboni, dirigente del Polo Obrero, la organización que forma parte del Partido Obrero y que integra el Frente de Izquierda-Unidad.
En coincidencia con el duro comunicado que en las últimas horas firmaron los delegados y delegadas de los cuatro barrios que componen la toma, 20 de julio, La Unión, San Martín y La Lucha, Billiboni entendió que: "Los tiempos corren en contra de los vecinos y vecinas que sufrimos terribles condiciones de vida sin que al gobierno se le mueva un pelo. Por otro lado, la amenaza de desalojo sigue vigente y está planteado que para la semana que viene un ejército de fuerzas de seguridad desembarque en Guernica.
Ayer, a pesar del mal tiempo, los funcionarios bonaerenses, encabezados por Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, y bajo la supervisión de organismos de derechos humanos, como el CELS y SERPAJ, terminaron de realizar el relevamiento que había quedado inconcluso por injerencia de las organizaciones que no permitieron que se continúe censando a las familias, según denunció Larroque.
Como había anticipado este medio, los resultados de ese trabajo, generan controversia. Fuentes del ministerio de Desarrollo de la Comunidad afirman que “el Polo Obrero, permitió la entrada a la toma de unas 800 personas o familias que no estaban originalmente en el asentamiento", tal como publicó Infobae hace una semana.
Este número surgiría porque el censo original revelaba que en el predio quedaban unas 600 familias que hasta ahora no había aceptado alguna de las múltiples propuestas realizadas por el gobierno de Kicillof para que dejen pacíficamente las parcelas que ocupaban. Pero ahora, el Polo Obrero y los delegados aseguran que hay “más de 1.400 familias”.
En un comunicado, la organización de izquierda sostuvo que “luego del censo y despejadas las dudas que había acerca de la cantidad de familias que hay en este asentamiento, reclamamos en forma urgente una propuesta de tierra para vivir. El gobierno no ha realizado hasta ahora ninguna propuesta seria para dar solución a estas 1.400 familias que necesitan un pedazo de tierra. Los vecinos y vecinas ya han manifestado en asambleas su voluntad de resistir el desalojo”.
Sobre este punto, los funcionarios de Kicillof que están a cargo de las negociaciones fueron tajantes: “El Polo Obrero infló mucho la presencia de gente. Nos encontramos con personas que no son originales de la toma. Nosotros vamos a tomar para nuestra propuesta de reubicación hasta tener los terrenos finales a la gente que desde un primer momento estaba anotada en el censo”.
Como lo vienen haciendo desde el 20 de julio pasado, fecha en que comenzó la usurpación de las 100 hectáreas en el partido de Presidente Perón, el ministro Larroque está decidido a no confrontar a pesar de la amenaza de “resistir” en el lugar, y seguir adelante con la formalización de una “propuesta final” por escrito que se les entregará el fin de semana en la última reunión prevista para después sí elevarla al juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas y esperar que el juez Martín Rizzo ordene el desalojo.
Para eso, Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, tiene previsto el desembarco en Guernica de unos 4.000 policías entre los que están incluidos los grupos especiales, como el Halcón, caballos, cuatriciclos, camionetas, drones y hasta una brigada de explosivos.
Las autoridades bonaerenses disponen para la reubicación de las familias de “seis dispositivos transitorios”, de los cuales cuatro son abiertos y dos lugares cerrados que son La Casa del Niño y un club de la zona, sobre todo para las familias numerosas. También, según le explicaron a Infobae, “se está trabajando contra reloj para terminar de definir las parcelas donde serán ubicadas las familias de manera definitiva y que contarán con servicios y las facilidades para las construcción de las viviendas a través de las cooperativas de trabajo”.
Desde el ministerio de desarrollo de la Comunidad, se asegura que más de 650 personas o familias ya aceptaron la propuesta. Pero, según el relevamiento original, faltarían otras 200 familias. Un número que al parecer ahora se multiplicó, al menos por cuatro.
“Nosotros vemos que el Partido Obrero busca el enfrentamiento, el desalojo forzado, la confrontación con las fuerzas de seguridad. Los otros grupos que están en la toma, tienen mejor predisposición. Se nota que están cansados. Es una situación desgastante. Dentro del predio pasan cosas, hay discusiones internas fuertes y situaciones de violencia. Lo más lógico sería acordar y retirarse de manera voluntaria, sino, se hará el desalojo. Nosotros no vamos a pedir una nueva prorroga. Pero si el juez ve que la mayoría se esta yendo de manera pacífica, por ahí resuelve otra cosa. Más no podemos hacer. Para nosotros acordar siempre es lo mejor. Pero al parecer un grupo no quiere. De los cuatro barrios uno solo es el que está más firme en resistir, los otros tres no", entiende uno de los funcionarios de Kicillof que trabaja en el tema.
Los delegados de la toma entienden que no es así y que desde los cuatro barrios se promete “resistir”. Más allá de esto, la tensión en la toma de Guernica crece. Y los tiempos de desalojo se aceleran. El fin de semana será clave para que el gobierno de Kicillof y la justicia den sus pasos finales para la resolución del conflicto por la toma ilegal de tierras.
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