Casi 25 años después, el ex presidente y actual senador Carlos Saúl Menem irá a juicio oral y público por el delito de “autor de estrago doloso agravado” en las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.
La explosión se produjo en la mañana del 3 de noviembre de 1995. Allí murieron siete personas, hubo cerca de 300 personas heridas y cientos de casas dañadas con destrozos.
A pesar de la gravedad y la conmoción del incidente, donde un juicio precedente determinó que no se trató de un accidente, el senador nacional de 90 años recién fue citado para el 24 de febrero del 2021 por el Tribunal Federal Oral N°2 de Córdoba.
La convocatoria judicial será complementaria al juicio ocurrido en 2014, cuando fueron condenados Jorge Antonio, Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto Gónzalez de la Vega y Marcelo Gatto, dos militares que participaban en la conducción de la planta y dos exdirectores de Fabricaciones Militares.
Las cuatro condenas determinaron penas de entre 10 y 13 años de cárcel por el TOF 2 de Córdoba, y luego ratificadas por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo M. Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal.
La investigación judicial de entonces concluyó que el motivo de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de 6500 toneladas de armas y municiones. El material bélico se vendió entre 1991 y 1995 a Croacia, que estaba en guerra contra la ex Yugoslavia mientras estaba vigente un embargo internacional. También la venta fue hacia Ecuador, que estaba enfrentado con Perú en un conflicto limítrofe. En ese momento, Argentina violó su rol de garante de paz que estaba regulado en el Protocolo de Río de Janeiro.
Aquellas operaciones de alta diplomacia comprometían directamente al ex presidente. El fallo de Casación corroboró que del atentado participaron funcionarios tanto de las Fuerzas Armadas como del Poder Ejecutivo Nacional, y que no puede ignorarse que se usó al Estado no solamente para perpetrar la voladura, sino también para intentar garantizar la impunidad de sus ejecutores e ideólogos.
Esa resolución revocó el sobreseimiento a Menem que había dictado la Cámara de Apelaciones de Córdob y fijaron su participación como “autoría mediata”.
Por la causa de contrabando, Menem fue condenado en 2013 a siete años de cárcel, pero en 2018 terminó absuelto por el mismo tribunal, que entendió que no se había cumplido el “principio del plazo razonable” para arribar a una sentencia firme. El año que viene tendrá que someterse a un juicio para que se determine si tuvo una responsabilidad directa en la explosión en calidad de autor.
Las querellantes son las hijas de Ana Elba Gritti, fallecida en 2011. Su esposo, Hoder Dalmasso, murió el día de la explosión.
Uno de los abogados querellantes, Aukha Barbero, contó al sitio local 3Rionoticias: “Más allá del paso de los años es importante esta instancia, ya que el Tribunal determinó que un ex presidente, como el caso de Menem, sea juzgado por lo que ocurrió en Río Tercero”.
"No estamos hablando solamente de un hecho político, por ser en ese momento el máximo responsable del Estado argentino, sino de una responsabilidad en una causa penal, con todo lo que eso representa”, aseguró el letrado.
En la voladura, las víctimas fatales de la explosión fueron Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.
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