Con el apoyo de bancadas de un sector de la oposición, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto que prohíbe entre 30 y 60 años modificaciones en el uso de las tierras y campos que se vean afectadas por el fuego, tras la ola de incendios en campos, sierras y bosques nativos que se produjeron este año en todo el país.
La iniciativa reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego, que incorpora prohibición de realizar modificaciones en el uso a las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales. De esta forma, el propósito es desalentar los focos que se generen de manera intencional con fines productivos o lucro.
El proyecto cuenta con el apoyo de distintas bancadas de la oposición y aliadas del Frente de Todos, aunque no de Juntos por el Cambio (JxC). Además de la firma de Máximo Kirchner, el texto lleva las firmas de los interbloques Federal, Eduardo Bucca; y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramon; y los presidentes de los bloques de Consenso Federal, Graciela Camaño; del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; y de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo.
“El objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria”, se expresa en los fundamentos del proyecto.
El texto de la norma ya cosechó algunas resistencias. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron su “enorme preocupación” por la iniciativa y convocó a rechazarla, ya que no establece una distinción de responsabilidades" en relación a la autoría de los incendios.
“Llama la atención la manifiesta intencionalidad de la norma que pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros”, señalaron desde un comunicado desde la entidad que integra la Mesa de Enlace agropecuaria.
El proyecto de ley se iba a tratar ayer miércoles, pero la Cámara de Diputados postergó el debate en la reunión de la Comisión de Recursos Naturales a raíz de la ausencia del presidente de la comisión, Leonardo Grosso. El legislador había participado juntos a los diputados Federico Fagioli y Paula Penacca como veedor de las elecciones presidenciales en Bolivia, pero tuvo dificultades para regresar desde ese país como consecuencia de un paro de Aeronavegantes.
Las prohibiciones de la ley
La iniciativa determina que, por el término de 60 años, no se podrá cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, e impone una limitación de 30 años en el caso de que la afectación se produzca en una zona agrícola.
En esos plazos establecidos, "no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares”.
Tampoco se podrá hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio. Además se fija en el proyecto que el plazo de 60 años se puede extender, sí así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.
“En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, no se permitirán modificar esos suelos por el termino de 30 años para lograr su restauración", plantea el texto.
El núcleo del proyecto apunta a que no se podrá cambiar el uso de esas zonas “para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.
Un año récord en incendios
En pleno aislamiento obligatorio por el coronavirus, el país registró un importante aumento de los incendios en sierras y zonas agropecuarias, con 11 provincias afectadas por los incendios hasta octubre: Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, La Rioja y San Luis.
Solo en Córdoba se detectaron 191 mil hectáreas quemadas, lo que arroja al doble del registro de 2013 y un “récord en los últimos 20 años”, según consignó director de la Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Cruz Molina.
Una de las regiones más alcanzadas por el fuego fue Entre Ríos, a raíz de los incendios en el Delta del Paraná. Hasta septiembre se contabilizaron 32.445 focos de incendios que afectaron aproximadamente a 200.000 hectáreas.
“El 98% de los incendios son causados por la mano del hombre de manera intencional o accidental", consideró el director de Defensa Civil, Diego Concha.
El fenómeno no es exclusivo de Argentina y también impacta en la región. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) estima que en agosto de este año se quemaron 2,5 millones de hectáreas en el Amazonas.
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