Laura Alonso cuestionó la decisión de la Oficina Anticorrupción de dejar de ser querellante en las causas penales

Este lunes se confirmó que la Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en todas las causas penales, incluyendo a todas las relacionadas a la corrupción kirchneista en general y, particularmente, a las que tienen como procesada a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El justificativo que esbozó Félix Crous, el titular del organismo fue “falta de personal” y “limitaciones presupuestarias”. Así, entre otras reacciones de la oposición, Laura Alonso, la antecesora de Crous durante la gestión de Mauricio Macri, cuestionó la decisión y aseguró que “se busca la impunidad”.

“No me sorprende nada. Esto viene anunciado desde hace bastante tiempo, diría que desde la campaña electoral hasta cuando fue electo el presidente Alberto Fernández, que habló de la Oficina Anticorrupción. Todos sabíamos que las causas de corrupción iban a sufrir mucho, porque lo que se busca es la impunidad, sobre todo la absolución de Cristina Kirchner”, apuntó Alonso, durante un Instagram Live de Radio Mitre.

Y agregó: “Ellos van a tratar de seguir deslegitimando a las investigaciones, las instrucciones, los fiscales y los arrepentidos. Lo que hace Crous es muy grave, desprotege a los arrepentidos que fueron claves para avanzar en algunas causas. También se retira de la causa de (la Tragedia de) Once, en la que la OA acompañó a los familiares de las víctimas y al fiscal, también como querellantes”.

“Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, se había argumentado en la resolución del organismo, dada a conocer el pasado lunes, con respecto a la “falta de personal”. Sin embargo, en mayo de este año, la OA contestó un pedido de acceso a la información de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto, donde afirmaba tener la misma cantidad de personal que en diciembre de 2015: 99 empleados.

En ese sentido, Alonso continuó: “Es grave, pero no me sorprendió. ¿Qué podemos esperar de este Gobierno? Lo peor, en todos los ámbitos, en la economía, en la salud. ¿Cómo no iban a hacer esto? Tienen plata para financiar un Observatorio de las opiniones, de la libertad de expresión y de medios, pero no tienen plata para contratar abogados, lo cual es falso también. Muchos abogados fueron echados y a muchos no se les renovó el contrato. Son todas decisiones que cuentan con la firma de Félix Crous, se tiene que hacer cargo de eso”.

Con respecto a las funciones de la OA, Alonso explicó: “Si quieren modificarlas, se tienen que hacer cargo firmando un Decreto. Esa es la forma de hacerlo haciéndose cargo de frente a la sociedad, no metiendo una providencia, que es un documento menor, administrativo, dentro de un expediente, para demoler la actividad litigante de un organismo que tiene más de 20 años. No estamos hablando de una ONG que apareció con Laura Alonso en el Gobierno”.

Asimismo, la titular anterior detalló que el organismo fue creado durante la presidencia de Fernando De la Rúa y “que llevó adelante juicios muy importantes, que condenó a muchos funcionarios no solamente en los últimos cuatro años y también logró que muchas causas no cayeran”.

“Yo quiero reivindicar a un equipo muy profesional, que se comprometió, que se puso la camiseta y que venía muy desmotivado por años y años de corrupción kirchnerista sistémica y de aprietes. Por ejemplo, cuando (Ricardo) Echegaray se enteró de que la OA le estaba investigando el patrimonio, pidió que les hicieran sumarios a los investigadores, buscó perseguirlos judicialmente”, destacó Alonso sobre su desembarco en el organismo. Y completó: “A ese tipo de gente se enfrentó el equipo de la OA mucho antes de mi llegada, en solitario. La Argentina salía de tres administraciones que habían montado un sistema de corrupción, que robaba sistemáticamente desde todas las áreas del Estado. Se robaba para la corona, en este caso con K”.

Finalmente, opinó que el ataque contra el procurador Eduardo Casal, la ahora postergada reforma judicial y el intento de desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, entre otras cuestiones, forman parte de “un proyecto institucional de decadencia y degradación de los resortes constitucionales de control”.

“Esto ya está siendo observado con mucha preocupación por organismos internacionales. Ya están surgiendo muchas preguntas acerca de qué es esta reforma judicial, qué hace el abogado defensor de la vicepresidenta de la Nación en una comisión de asesoramiento al Presidente...”, finalizó.

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