En un fallo dividido, el Tribunal Oral Federal 1 rechazó hoy el sobreseimiento de varios ex funcionarios procesados en la causa “dólar futuro”, que todavía no tiene fecha para comenzar el juicio oral. El actual titular del Banco Central Miguel Angel Pesce, junto a un grupo de ex directivos de esa entidad, entre los que se encuentran Alejandro Vanoli y Pedro Biscay, habían pedido el sobreseimiento en base a un peritaje reciente que concluyó que la operatoria de dólar futuro no generó perjuicio para el Estado. El tribunal rechazó el pedido y citó a una audiencia para el 26 de noviembre.
En esa misma causa están acusados la vicepresidente Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, quienes no se plegaron al pedido de sobreseimiento.
Los jueces José Michilini y Ricardo Basílico (Adrián Grümberg votó en disidencia) concluyeron que el sobreseimiento en esta instancia de la causa “podría ir en desmedro del derecho de defensa en juicio y de la garantía del debido proceso que asisten a los/as imputados/as que no adoptaran esa estrategia y han optado por enfrentar la acusación que se cierne sobre ellos en un amplio debate oral y público en el que tengan oportunidad de resistir esa imputación y mantener así su estado de inocencia”.
El sobreseimiento había sido compartido por las defensas del actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce; del ex titular de la entidad Vanoli, y los ex miembros de la dirección del Banco Central Sebastián Andrés Aguilera, Mariano Beltrani, Pedro Biscay, Bárbara Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán Feldman y Alejandro Formento.
Los acusados sostuvieron que si último peritaje, agregado a la causa en agosto, hubiera sido ordenado por el juez Claudio Bonadio, el caso tendría que haberse cerrado hace rato. “La incorporación al legajo de la pericia contable recientemente agregada, cuyos términos claros, unánimes, indiscutidos y contundentes, han fulminado con absoluta claridad y minuciosidad todos aquellos extremos sobre los que se quiso sustentar una imputación criminal tan equivocada como capciosa, sin dejar de lado la sinrazón de judicializar una decisión claramente política” de la causa dólar futuro, señaló ese escrito.
En minoría, el juez Adrián Grümberg votó a favor de suspender el juicio oral. “Entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate y habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de las y los encartados, por inexistencia de delito en la presente causa”, dijo en su voto.
Se basa en un peritaje reciente que determinó que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo para ser utilizado por el BCRA como “herramienta de control la estabilidad monetaria y cambiaria del país”. Los peritos también señalaron que si bien en septiembre y octubre de 2015 se incrementó el volumen de operaciones abiertas en un 83% -de 10.000 millones a 15.000 millones primero y de 15.000 millones a 20.000 millones después-, la decisión fue “resorte exclusivo del directorio del BCRA” y no se verificó vulneración a la normativa que rige las operaciones a término en los años 2015 y 2016.
Añadieron también que los balances de 2015 y 2015 arrojan que no hubo pérdidas para Estado Nacional: “Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”, se señaló.
El peritaje se había ordenado en agosto de 2017, pero los resultados del estudio recién se presentaron en planea pandemia.
La causa del dólar futuro estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien convocó a Cristina Kirchner a su primera indagatoria en Comodoro Py en abril de 2016. Fue la reaparición pública de CFK tras su presidencia, y estuvo acompañada por militantes en los tribunales de Retiro. A criterio del juez, hubo una maniobra que generó pérdidas al BCRA que alcanzaban aproximadamente USD 17.000 millones. En mayo de 2016, Bonadio procesó a la ex presidente y al resto de los funcionarios por administración infiel en perjuicio de la administración pública.
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