La Corte Suprema de Justicia no llegó a un acuerdo para definir el reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, desplazados por el Gobierno. Los ministros analizaron el tema en una reunión celebrada por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. El encuentro de los miembros del máximo tribunal duró 40 minutos en los que se trató el planteo de los magistrados sin que pudieran llegar a un voto de mayoría.
Según pudo saber Infobae, hay posturas de dos ministros de la Corte que podrían llegar a acercarse mientras que el resto considera que debe seguir analizándose la cuestión. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti continuarán estudiando el tema que podría estar resuelto el próximo jueves o la semana que viene.
Los jueces federales fueron removidos de los lugares que ocupaban en una maniobra que contó con la participación del Consejo de la Magistratura y del Senado, y concretada por tres decretos que dictó el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de que la Corte admitió el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Bruglia, Bertuzzi y Castelli, el Gobierno puso en marcha una fuerte embestida contra el máximo tribunal primero con la difusión del pedido de juicio político contra Rosenkrantz, jugada complementada casi sin solución de continuidad por el diputado cristinista Leopoldo Moreau. El legislador salió a hacer declaraciones en las que manifestó que era hora de terminar con la actual composición de la Corte Suprema.
Los tres magistrados llegaron con su pretensión al máximo tribunal luego de que la primera instancia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal rechazara la acción de amparo iniciada por los jueces para evitar que se anularan sus traslados. El pasado 29 de septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica al aceptar el recurso extraordinario por salto de instancia –per saltum– interpuesto por los jueces que investigaron a Cristina Kirchner desplazados por el Gobierno.
En esa oportunidad, en el voto unificado de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti, consideraron que se produjeron acontecimientos “que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores, privándolos de un acceso efectivo a justicia”. Y remarcaron que “es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”.
Especialistas en derecho constitucional consultados por Infobae coincidieron en el probable temperamento que podría adoptar la Corte para resolver el reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Uno de ellos, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante de la comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la reforma de la Justicia, señaló al respecto: “Yo creo que Rosenkrantz va a votar a favor de los jueces y los otros cuatro ministros tienen dos posibilidades, van a decir que todos los traslados tienen que cumplir con el escrutinio más estricto constitucionalmente hablando, que todos los traslados tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Poder Ejecutivo y por el Senado. Esta es la primera posibilidad”. Y agregó: “La otra posibilidad que veo es que hagan lo mismo que hicieron con el caso Rosza, de las subrogancias, que dijeron todo el sistema de subrogancias está mal pero por una cuestión de seguridad jurídica lo convalidó hasta acá y, de ahora en más el estándar para los traslados se tienen que prohibir, que no creo –para mí se tienen que prohibir– o bien tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado. Por ahí va a estar el voto de la mayoría de cuatro”. Asimismo señaló que hay que ver qué hace con su voto Rosenkrantz “porque darles la razón a los jueces y no ponerles ningún límite a los traslados permitiría que cualquier presidente o presidenta pudiese cubrir esas vacantes con jueces cercanos. Por ahí, quizás si se utiliza el caso Rosza le cierra todo”. Y advirtió que “lo que pasa que eso si uno lo ve no desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista político es una declaración de guerra al Gobierno, le convalidás y le atás las manos”.
Otro de los especialistas consultados, José Vicente Sola, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, afirmó: “Todos los que tenemos práctica de litigar ante la Corte Suprema sabemos que si la Corte abre un recurso extraordinario, particularmente un recurso extraordinario como en este caso que se llama por salto de instancia, es decir, sin esperar la sentencia de la Cámara Federal, y además el nuevo recurso extraordinario y la eventual queja, daría la impresión de que si abre es que va a mirar el tema desde una mirada favorable”.
En este contexto político-jurídico, los cinco miembros de la Corte Suprema se tomarán unos días más para resolver una recurso de amparo que puede desembocar en un eventual conflicto de poderes con la Casa Rosada y el Senado. Por eso la cautela a emitir un fallo que tendrá fuertes consecuencias institucionales.
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