Guernica: última reunión entre el gobierno de Axel Kicillof y los usurpadores para evitar un desalojo forzado

“No al desalojo. Tierra para vivir". El cartel blanco con letras negras cruza a lo ancho una de las improvisadas calles de tierra de la toma de Guernica. Cuelga a escasos treinta centímetros del pasto. Unos piolines lo sostienen de un poste y unos palos soportados por neumáticos. Ese es el espíritu que reina en el lugar. La frase no pasa desapercibida.

Hoy a la tarde se reunirá una vez más la mesa de diálogo o de consenso. Está integrada por todos los involucrados en el conflicto más importante por la usurpación de terrenos en la provincia de Buenos Aires: funcionarios, organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y, entre otros, partidos de izquierda y organizaciones sociales que lideran la toma. También los abogados que representan a los imputados en la causa que tramita en el juzgado de garantías número 8, a cargo de Martín Miguel Rizzo. Aunque el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, afirma que las puertas del diálogo están siempre abiertas, este será uno de los últimos intentos para evitar el desalojo forzoso.

El funcionario que lleva sobre sus hombros el mayor peso de las negociaciones políticas, llegará al encuentro optimista. Entiende que hay “buen espíritu”. Del otro extremo, no concuerdan. La última asamblea realizada entre los cuatro barrios que conforman la toma, 20 de julio, La Lucha, San Martín y La Unión, resolvió “rechazar por insuficiente” la propuesta que el jueves realizó el estado provincial. De todos modos, antes de viajar hacia la ciudad de La Plata, los delegados realizarán un nuevo cónclave, en el que repasarán las estrategias que pondrán sobre la mesa.

A priori, la reunión no parece sencilla. Eduardo Billiboni, uno de los dirigentes del Polo Obrero, acusado por el gobierno de Kicillof de ser uno de los que dinamita las posibilidades de acuerdo, le dijo a Infobae que hasta el momento los funcionarios bonaerenses “no han ofrecido soluciones, solo dádivas: comida , algunas chapas plata" y "eso no es solución”.

Larroque no entiende lo mismo. Para él, la gobernación ya estiró al máximo sus posibilidades. El jueves, por ejemplo, propuso “reubicar a las 150, 200 familias que quedan en tres refugios que ya existen en Guernica: uno para las familias numerosas; otro para las familias monoparentales o las mujeres con chicos; y el restante para los varones adultos". "Otra posibilidad es un predio que se puede lotear en el futuro y que es chico, de dos hectáreas y media, pero que puede servir para contener a las familias durante la transición y seguir trabajando en la generación de unos 3.000 los lotes para todo el municipio de Presidente Perón que tienen su complejidad administrativa”, agregó.

Otro de los puntos importantes para los hombres de Kicillof es ponerse de acuerdo en un aspecto que debería ser sencillo, pero que se complicó: saber con exactitud la cantidad de familias o personas que quedan en el predio ubicado en el Barrio Numancia de Guernica.

Según Larroque y el propio gobernador, aún quedan asentados entre “150 y 200 familias”. Anoche, el Ministro le dijo a este medio que ya habían acordado retirarse de manera consensuada 647 familias. Aceptaron las condiciones ofrecidas por la gobernación para dejar el predio de manera voluntaria. Se trata de alrededor del 80% de los que originalmente ocuparon las 100 hectáreas.

Billiboni maneja otras cifras. Hasta ayer a la tarde y faltando aún censar dos de los cuatro barrios, afirmó que aún estaban establecidas “más de 700 personas que podrían llegar a 1.000”.

“¿Y están todas ahí?”, consultó Infobae. “No, por ejemplo, por razones de seguridad, la mayoría de los chicos no están”, contestó.

La noche del jueves, después de la reunión de la mesa de diálogo y de haber publicado una “carta abierta” al presidente Alberto Fernández para solicitarle una “reunión urgente”, “tierras para vivir” y reclamarle que “evite la represión” y “el desalojo”, algunos partidos de izquierda y organizaciones sociales que integran la toma permitieron el ingreso de más personas y familias, algo que se habían comprometido a evitar.

-¿Qué propuesta van a llevar esta tarde a la reunión de la mesa de diálogo?, le pregunto Infobae al dirigente del Polo Obrero.

-La idea es volver a la propuesta original sobre la base de la ley 14.449 de cesión de tierras, que obliga a los grandes emprendimientos a ceder el 10% de tierras. Solo con que lo hicieran algunos de los 17 countrys sobra. Nadie lo ha hecho a pesar de que la ley los obliga, pero el Estado no la hace cumplir. Otra opción es tierra por tierra, como acaba de hacer la intendenta de Moreno (Mariel Fernández), que es una dirigente del Movimiento Evita, en la toma La Viviana. Era una toma grande y los reubicaron.

-Pero el ministro Larroque ya dijo que se necesitan seis meses para generar los lotes con servicios...

-Eso no es inviable. Seis meses en carpa no es aceptable.

Por otro lado, otros integrantes de la mesa del diálogo, como representantes del colectivo de abogados que desde un principio han defendido en la causa a los imputados por la usurpación, y bregan por una salida pacífica al conflicto, tienen mayores expectativas a una salida consensuada, de hecho, ayer vieron alguno de los terrenos que ofrece el estado provincial y quedaron “conformes”.

Así están las cosas. Larroque volverá a ofrecer los tres albergues de manera transitoria para las familias que aún no acordaron, justamente, para que no vivan ni en carpas ni cobijados por cuatro chapas.

Mientras la política realiza los últimos escarceos para evitar un desalojo forzoso, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, reserva más de 4.000 efectivos policiales, entre ellos de los grupos especiales con el Halcón, negociadores, brigada antibombas, infantería, caballería, policía rural, peritos, médicos, enfermeros, ambulancias, cuatriciclos, camionetas y drones, para estar preparado por si el juez de la causa decide ejecutar la orden de “lanzamiento” que se puede ejecutar desde el pasado 15 de octubre hasta el próximo 30 del mismo mes.

La forma de evitar el desalojo, que podría transformarse en violento si los grupos más radicalizados cumplen con su amenaza de resistir el desalojo, es si el lunes Larroque y el resto de los funcionarios le presentan un informe detallado sobre los avances logrados en el desalojo voluntario y los futuros avances que se podrían logran con los que aún quedan en la toma y que no forman parte del núcleo más duro.

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