Argentina obtuvo una baja calificación en la prevención y el castigo del soborno transnacional

Solo cuatro países de los 47 analizados por la ONG líder en la lucha contra la corrupción, Transparencia Internacional, tienen un alto nivel de implementación y resultados en la lucha contra el pago de sobornos por parte de empresas a funcionarios públicos en el extranjero. Son Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza e Israel. Y apenas ocho países registran un cumplimiento “moderado” en la prevención, investigación y sanción de estas prácticas corruptas en el exterior.

“Esto implica que casi tres cuartas partes de todos los países se han limitado a una aplicación mínima o nula de los casos de soborno en el extranjero, lo que representa casi el 50% de todas las exportaciones mundiales. Esto incluye la mitad de todos los países del G20 y ocho de los 15 principales exportadores mundiales”, puede leerse en el último informe 2020 de Transparencia Internacional (TI), llamado “Exportando Corrupción”, referido a las prácticas de estas naciones durante 2018 y 2019.

Nuestro país no es la excepción. En el informe, Argentina figura en el tercer grupo de los catalogados con un cumplimiento “limitado” en relación a lo establecido por la Convención sobre Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los países que la ratificaron. Argentina lo hizo en 2001, al año siguiente de haber aprobado en el Congreso la ley 25.319 de la “Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”. Si bien Transparencia Internacional destaca que se avanzó en legislación anticorrupción, advierte que que falta avanzar en las sanciones y de la transparencia en la información.

Casi ningún país está exento de que empresas creadas en sus territorios paguen sobornos para conseguir negocios en mercados extranjeros. Transparencia Internacional calculó que por cada USD 1 millón pagados en sobornos, se pierden otros USD 100 millones en costos adicionales y/o decisiones erradas a la hora de invertir.

“El dinero perdido por sobornos en el extranjero es un desperdicio de millones de dólares que, de otro modo, podrían destinarse a servicios que salvan vidas, como la atención médica. Demasiados gobiernos optan por hacer la vista gorda cuando sus empresas utilizan el soborno para ganar negocios en mercados extranjeros. Los países del G20 y otras economías importantes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las reglas”, sostuvo Delia Ferreira Rubio, la abogada argentina que preside Transparencia Internacional, cuya sede central está en Berlín, Alemania.

“Con tantos casos de sobornos, sobre todo en el ámbito del cuidado de la salud, ocurriendo en el mundo, no debemos permitir que la corrupción cueste más vidas”, sostiene el informe de 189 páginas difundido esta semana sobre las consecuencias de estas prácticas. “Esos costos han aumentado durante la pandemia del COVID-19. La corrupción transfronteriza generalizada en el cuidado de la salud costará vidas adicionales, a menos que sea activamente atacada”.

El informe de TI mide justamente cómo los gobiernos buscan prevenir el pago de coimas a funcionarios u organismos en el extranjero, y qué hacen cuando detectan que ocurren y se hacen públicos esos pagos ilegales. Fueron relevados los 43 países que suscribieron la Convención de la OCDE, más China, Hong Kong, India y Singapur que no lo hicieron. En total, involucran el 83% de las exportaciones globales. Fueron clasificados en cuatro categorías según el nivel de implementación y los resultados: activos, moderados, limitados, y bajos o nulos.Investigaciones y casos

Según el relevamiento de la ONG internacional, “entre 2016 y 2019 los países abrieron al menos 421 investigaciones y 93 casos, y concluyeron 244 casos con sanciones, incluidos 125 casos importantes concluidos con sanciones sustanciales”. El informe también destaca entre los factores que impidieron lograr mayores avances, la falta de de registros públicos centralizados de beneficiarios reales, una herramienta crucial para detectar, investigar y prevenir el soborno extranjero.

"El 80% de los sobornos transnacionales pagados en el mundo en los últimos 15 años fue realizado a funcionarios de empresas estatales por parte de empresas privadas, según la OCDE”, según le dijo a Infobae Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas y líder del acceso de la Argentina a ese organismo internacional entre 2016 y 2019.

Más retrocesos que avances

“Más de 20 años después de la adopción de la Convención, la mayoría de los países aún tienen un largo camino por recorrer para cumplir con sus obligaciones. De hecho, la aplicación activa ha disminuido significativamente desde nuestro último informe en 2018”, es una de las principales conclusiones del nuevo informe de TI sobre la aplicación activa de normas y los avances en las investigaciones contra los sobornos en el extranjero.

“Los países que concentran mayor cantidad de exportaciones han hecho poco en estos últimos años. Hay una merma en los controles en materia de cumplimiento de la corrupción en 2018 y en 2019”, señaló Germán Emanuele, director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI.

Desde 2018, solo 6 países -que representan el 6,8% de las exportaciones mundiales- mejoraron: Francia, España, Dinamarca, Colombia, Eslovenia y Estonia. En tanto, Alemania, Italia, Noruega y Hungría empeoraron. En total, estos cuatro representan el 12,4% de las exportaciones a nivel global.

“Alemania, que es el tercer exportador más grande, realizó menos investigaciones y cerró menos casos contra la corrupción en el extranjero. De manera similar, Italia, uno de los 10 principales exportadores, también disminuyó, al igual que Noruega”, sostiene el informe.

Al comparar los niveles de ejecución con el desempeño de los países en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2019 , los resultados muestran que las calificaciones altas en el IPC no se traducen necesariamente en calificaciones altas para la aplicación de la Convención de la OCDE contra el soborno extranjero. De hecho, los países con mejor desempeño en el IPC, incluidos 14 de los 20 países principales, no logran un buen cumplimiento de prevención y castigo de esa práctica. “Parece que los países “más limpios” en materia la corrupción se encuentran entre algunos de los peores países para castigar el soborno extranjero”, señala el Informe de Transparencia Internacional.

El informe de TI también examina para la clasificación de los países, las cuestiones críticas de la indemnización de las víctimas, la cooperación internacional, la responsabilidad de las filiales y los padres y el desempeño del país en la mejora de los marcos legales y los sistemas de aplicación para abordar el soborno extranjero.

El caso de Argentina

El análisis sobre Argentina -que según TI aporta solo el 0,3% del comercio global- se basó en la cantidad de denuncias y el avance de investigaciones abiertas contra empresas argentinas que pagaron sobornos - o se sospecha que lo hicieron- a funcionarios en el extranjero. “Los casos no son muchos porque no hay tampoco tantas empresas nacionales con operaciones a nivel internacional. Por eso Argentina se mantiene más o menos igual”, explicó Emanuele.

Según el informe de TI que, en el período 2016-2019, la Argentina inició 10 investigaciones, pero ningún caso concluyó con sanciones.

"La fiscalía de origen de las investigaciones es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que recibe un pedido de colaboración desde el exterior cuando se abre una denuncia en otro país por el presunto pago de soborno en otro país. Esta Fiscalía evalúa la apertura de una investigación preliminar para una posterior denuncia en la Justicia federal. Algunos casos vienen tramitándose hace rato”, agregó el responsable de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano.

Según surge de un pedido de Acceso a la Información Pública que hizo esta ONG argentina a la Procelac, las denuncias involucran, entre otros, al grupo Techint y su controlada Tenaris, líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo; la filial argentina de la empresa de servicios satelitales Telespazio; al Fideicomiso de Venezuela; y al ex ministro Julio De Vido.

“Argentina tiene cumplimento bajo. Todavía faltan reformas estructurales, básicamente en la Justicia, donde las causas avanzan muy lento, al igual que sucede con las investigaciones de corrupción a nivel local”, advirtió Emanuele.

En ese sentido, el informe de TI menciona que “la falta de independencia de los jueces continúa siendo un problema significativo en la Argentina”. Y agrega que la respuesta de la Justicia local a pedidos de las autoridades brasileñas y la colaboración mutua entre ambos países respecto de la Operación Lava Jato fue “pobre”, debido a “diferencias irreconciliables en la legislación de ambos países”.

Si bien Transparencia Internacional destaca la sanción de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, sancionada en 2018, hasta ahora no hay ninguna empresa imputada bajo esta nueva norma. Sin embargo, Scaglione destacó que esta ley fue un "hito importantísimo para alinear al país a las buenas prácticas internacionales de la OCDE. Recordó que “permite sancionar a las empresas –y no sólo a las personas físicas– por delitos de corrupción, tanto en el país como en el extranjero”. “Promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado, ya que prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos. Además, no sólo penaliza sino que también busca introducir buenas prácticas y dotar de mayor eficacia a las políticas de lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos –como la mitigación de sanciones– por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad y de compliance”, agregó.

Otro avance, aunque acotado, que menciona el informe de TI es el decreto de Extinción de Dominio dictado el año pasado. “Aunque un DNU no tiene la fuerza de una ley, que finalmente no logró aprobarse en el Congreso”, reparó Emanuele. “En enero de 2019, el presidente (Mauricio) Macri encabezó un esfuerzo por promulgar legislación respecto de confiscaciones sin condenas a través de un decreto de necesidad y urgencia. La OCDE ha reclamado de la Argentina que aborde esta cuestión en numerosas ocasiones, pero los esfuerzos se vieron trabados por dos años en el Congreso Nacional. El decreto aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para estar plenamente operativo”, señala la ONG internacional. Asimismo alerta que “el marco legal tampoco establece cómo se utilizarán los ingresos incautados”.

A pesar de que Argentina sancionó la ley del arrepentido en 2016, el informe advierte que aún hay un déficit en relación a normas que alienten a testigos y denunciantes a testificar y/o aportar pruebas sobre hechos de corrupción, con las debidas garantías. TI menciona que “a través de un decreto en 2019, el presidente Macri creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos, en un intento por mejorar la protección de denunciantes y testigos en la Argentina. Esto siguió a un intento que no tuvo éxito por incorporar el programa de protección de denunciantes al ámbito judicial. Con el cambio de gobierno, el presidente Alberto Fernández revocó el decreto en febrero de 2020”.

Para Transparencia Internacional, “una de las mayores deficiencias señaladas por la OCDE es la falta de un marco legal en la Argentina para la protección de denunciantes respecto de sobornos en el extranjero. Además de dificultar la detección e investigación, esto lleva a que exista un riesgo significativo para personas que denuncian irregularidades y delitos. En particular no hay ningún mecanismo para canalizar informes anónimos”.

La ONG líder en la lucha contra la corrupción observa que “la Argentina no publica estadísticas sobre investigaciones de sobornos en el extranjero, casos comenzados o casos concluidos", aunque reconoce que esta información puede ser obtenida a través de pedidos de Acceso a la Información Pública, como el presentado por su capítulo argentino al Ministerio Público Fiscal.

El informe advierte, por último, que si bien la Corte Suprema de Justicia tiene un Observatorio de Corrupción que publica todos los juicios y resoluciones relacionados con este tema, la información no está presentada con claridad, y las resoluciones respecto de sobornos en el extranjero son de difícil acceso si no se cuenta con información específica sobre el número de expediente, debido a mecanismos restrictivos de búsquedas”.

El “costo” de la corrupción

Según datos que Scaglione brindó a Infobae, “en la Unión Europea, la corrupción cuesta 120.000 millones de euros anuales, el equivalente al 1% de su PBI. En los países emergentes puede alcanzar el 5%. O sea que para Argentina puede llegar a implicar alrededor de USD 25.000 millones”.

Y según el Foro Económico Mundial, el costo de la corrupción equivale a “más del 5% del PBI global (USD 2.6 trillones), con más de USD 1 trillón que se paga en sobornos cada año”, precisó el ex subsecretario del Ministerio de Hacienda de la Nación y ex representante argentino ante la OCDE.

“Nuestro país tiene un enorme potencial exportador. Tenemos que integrar a Argentina -con sus empresas y economías regionales- al mundo y asociarnos a los grandes bloques en forma equilibrada. Esta agenda de integración en el mundo tenemos que llevarla adelante sin exportar corrupción, en línea con las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE”, concluyó Scaglione, que lideró el proceso de acceso de nuestro país a este organismo internacional.

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