El gobernador Axel Kicillof avanza con la implementación de su “Plan de Infraestructura Penitenciaria”, con el que busca descomprimir la superpoblación en los centros de detención de la provincia de Buenos Aires. El proyecto incluirá la expropiación de terrenos privados o fiscales en el conurbano bonaerense, con el objetivo de construir más de 2000 plazas para las futuras cárceles y unidades penales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, confirmó esta semana el envío del anteproyecto en una reunión de comisiones de la Legislatura bonaerense, con un anuncio que ya sembró dudas y reparos en el bloque de Juntos por el Cambio (JxC).
Según pudo saber Infobae, la iniciativa pretende avanzar con la construcción en un plazo de 10 años de dos unidades carcelarias y diez alcaldías en el Gran Buenos Aires (GBA), en los municipios de Quilmes, Moreno, Merlo y La Matanza. El plan alcanzaría a tierras que podrían ser declaradas como utilidad pública y sujetas a expropiación, ante la carencia de la provincia de contar con terrenos propios.
En su presentación, Alak recordó que el distrito cuenta con una deuda histórica en el sistema penitenciario. El coronavirus y la controversia por las excarcelaciones al inicio de la cuarentena puso de manifiesto el déficit estructural, por el cual Argentina ya fue condenada por hacinamiento en un litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La intención oficial es avanzar en la construcción de cerca de 1000 plazas para cada una de las dos cárceles, mientras que generaría otras 300 en el resto de las alcaidías propuestas. En la primera etapa, el grueso de la inversión tiene como origen una partida de $12.800 millones comprometidos por el el presidente Alberto Fernández para atender la emergencia penitenciaria.
Para avanzar con ese plan de infraestructura, el gobierno de Axel Kicillof necesitará aprobar las expropiaciones ante la Legislatura bonaerense. Sin embargo, desde la oposición ya plantearon precisiones sobre los terrenos que se expropiarán y exigieron que las obras cuenten con el apoyo de los intendentes y de la comunidad.
“Le solicitamos al oficialismo que convoque a los intendentes para escuchar su opinión respecto del Plan de Infraestructura Penitenciaria que pondrá en marcha la Provincia”, planteó la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, Sandra París (UCR).
Según indicó la legisladora a Infobae, la propuesta requiere de un “acuerdo social” en cada municipio por el malestar que implica la construcción de una unidad penal. "A nadie le gusta tener a cuadras de su casa una cárcel”, advirtió la diputada opositora.
Según las cifras oficiales, al 12 de diciembre de 2019, el sistema penitenciario bonaerense contaba con 51.725 internos y 24.000 plazas. Es decir, la superpoblación carcelaria alcanzaba un estimado del 120 por ciento. Durante la cuarentena, la presión para alojar detenidos se trasladó desde las cárceles hacia las comisarias bonaerenses, lo que agravó las condiciones de detención, según las denuncias de organismos de derechos humanos, como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
Desde el ministerio de Julio Alak comunicaron que la intención de construir cárceles en el conurbano bonaerense se desprende del hecho que el 70% de las personas detenidas tienen domicilio en la zona metropolitana. Es que uno de los criterios para la creación de nuevas plazas dependen de la cercanía al sitio del domicilio del interno, en un conjunto de recomendaciones de la Naciones Unidas (ONU) que son conocidas como las “normas Nelson Mandela”.
Ese compendio de requisitos, que buscará cumplir Axel Kicillof, establecen que los espacios carcelarios no solo sirvan para efectivizar la sanción de una pena, sino que sean adecuados para la reinserción de los reclusos. Es decir, que tengan la infraestructura para desarrollar actividades de capacitación laboral, continuar sus estudios y realizar distinto tipo de emprendimientos productivos, como la creación de huertas y o vincularse con el mercado laboral con convenios con empresas y otro tipo de organizaciones.
Por lo pronto, el plan penitenciario de Kicillof tiene como meta finalizar hacia mayo de 2021 unas 2000 nuevas plazas comprometidas, además del anuncio de creación de los 15 hospitales penitenciarios. En esa planificación ya fueron inauguradas 364 plazas en Florencio Varela, San Martín y Magdalena.
En el bloque de Juntos por el Cambio están dispuestos a avanzar con la sanción del anteproyecto que habilita la expropiación de las tierras, pero todavía es materia de negociación con los intendentes el destino definitivo de los nuevos centros de detención. Por lo tanto, lo que se enviará a la Legislatura podría sufrir modificaciones o incluso no ser utilizado en el futuro por la gobernación bonaerense.
El criterio a seguir en los sitios donde se levanten las cárceles y alcaidías obedece a que las zonas sean aptas y no generen un daño ambiental. En La Plata no quieren edificar establecimientos en áreas residenciales o populosas, como ocurrió con el caso más emblemático del Complejo Penitenciario Federal de Devoto.
Sin embargo, las unidades penales no estarán lejos de las zonas urbanizadas porque requieren de la infraestructura de servicios públicos. La negociación con los intendentes se impone y no se descartan resistencias. En Quilmes, la intendente Mayra Mendoza ya dio su venia. “La construcción de una alcaidía no solamente va a solucionar el hacinamiento y la capacidad que tienen las comisarías de detención, sino que va a dar mayor seguridad a la zona. Vamos a poder contar con los policías bonaerenses que hoy están cuidando a esos detenidos en las comisarías”, defendió la intendenta a la emisora local FM Sur 88.9.
Mientras tanto, desde la oposición plantean al oficialismo que se avance con los concursos de magistrados provinciales. En última instancia, son los funcionarios que definirán dónde serán alojadas las personas privadas de su libertad.
“Llevar a los detenidos a lugares de mayor inmediatez requiere de una respuesta rápida de la Justicia. El ministro Alak dijo que pronto van a enviar los pliegos, esperemos que cumpla porque no va haber jueces para analizar las situaciones procesales”, planteó la legisladora París, que integra el Consejo de la Magistratura bonaerense.
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