Alrededor de 560 familias llegaron a un acuerdo con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y finalmente abandonaron la toma de Guernica. La fórmula aplicada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, fue realizar un seguimiento socio-ambiental de cada una de ellas y ofrecerles una salida según las necesidades de cada grupo.
Los beneficios a los que accederán las familias constan de un subsidio de $50.000 para construir una o dos piezas más en el lugar en el que vivieran antes de la ocupación del predio con el objetivo de evitar las condiciones de hacinamiento, ya que en muchos casos viven bajo un mismo techo padres, hijos, abuelos y hasta tíos. En otros casos, el gobierno bonaerense acordó subsidios de 15.000 pesos mensuales de piso para solventar un alquiler hasta que llegue la solución definitiva al problema. Por último, en algunos casos se negoció la reubicación en un albergue. La mayoría viven en el municipio de Presidente Perón, y otra parte en distritos vecinos. Estos últimos fueron reubicados en sus lugares de origen.
El censo, que las organizaciones sociales y partidos de izquierda que lideran la usurpación no dejaron concluir, fue clave a la hora de tomar las decisiones. De las 1.904 personas censadas, 1.600 vivían en familia y 300 adultos solos. “El número total de esas 1.900 familias, está muy inflado porque mucha gente que llamamos nunca estuvo en la toma y había familiares que anotaban a otros familiares para hacerse de un terreno más, pero no estaban en la usurpación. En el momento más pesado de la toma habrá habido entre 800 y 900 personas o grupos familiares, nada más; por eso, con las 570 que se incorporaron al acuerdo, nos quedan unas 200 personas, o familias, que para nosotros es lo mismo”, le explicó Larroque a Infobae.
Para Larroque, el trabajo que se realizó con cada uno de ellos permitió “derribar algunos mitos”, como por ejemplo que la mayoría de los tomadores de las tierras “mayoritariamente vive afuera, en su mayoría son de Presidente Perón y viven en casitas bastante hacinados y lo que hacen es cuidar un terreno pero mayoritariamente duermen en sus casas”.
En el caso de quienes no son de Presidente Perón, por iniciativa de los intendentes de esas otras localidades, como Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza, las personas fueron reubicadas “en sus distritos dándoles, tal como acordaron con el ministerio, una mejora habitacional o algún tipo de solución".
"Para las familias en general tenemos dos propuestas. Una es de ampliación o mejora habitacional que se hace mediante la entrega de materiales y también de un subsidio de mejora habitacional que es de $50.000 y que lo otorga la Subsecretaría de Hábitat. Para eso también aportamos capacidad de construcción a través de cooperativas; y muchos realizan autoconstrucción, porque son albañiles. La segunda propuesta es el otorgamiento de un subsidio de emergencia habitacional para los que tenían dificultad de alquiler, que es el segundo componente que surge del registro de la gente. Para estos casos generamos un subsidio de emergencia para el tema de los alquileres que tiene un piso de 15.000 pesos, pero pensado de manera transitoria, en principio por tres meses con una prórroga de otros tres meses, en función de encontrar la solución definitiva cuando tengamos los lotes. También estamos proyectando generar 3.000 lotes en el distrito, no solo para la gente de la toma.
Larroque explica además que en la toma había 97 mujeres que se instalaron allí por una situación de violencia de género con sus parejas y que “solamente 30 familias dijeron estar en situación de calle absoluta, y ya están en proceso de resolución". De estos, según el funcionario, “solo una familia fue a un albergue porque finalmente todas tienen algún pariente o conocido donde los pudimos reubicar para construirles una piecita hasta que esté el terreno”.
Los funcionarios de Kicillof afirman que la toma de Guernica desnudó que la situación social de Presidente Perón, el distrito gobernado por Blanca Cantero, es muy especial. Larroque lo describió de esta manera: “En diez años se duplicó la población, cuando el ritmo de crecimiento es del 10%. En Presidente Perón hay mucha informalidad y una situación social muy compleja, por eso también firmamos un convenio de asistencia complementaria con el municipio a través del cual nosotros aportamos 120 millones de pesos más a lo que es la asistencia normal tanto para cuestiones sociales en general como para los temas vinculados a cuestiones de hábitat”.
El consenso con estas 600 familias se consiguió a través del diálogo facilitado por la presencia de los funcionarios en el lugar instalados debajo de los gazebos blancos ubicados a la vera de la toma.
La presencia del Estado provincial en el lugar hizo que otras 500 familias de Presidente Perón con las mismas necesidades se acercaran a hacer alguna consulta. Según se le explicó a Infobae, con esas personas “se realizó un abordaje integral para darle las mismas soluciones”. Para Larroque, esta situación es otro síntoma “de la situación muy complicada del distrito y que la toma lo puso en el centro de la agenda”.
Los otros números de la toma
El 50% de las personas que estaban en la toma –se estima que la mayoría ya abandonó el lugar de manera consensuada– son menores de 20 años con hijos, y el 90% menores de 40 años. Son familias nuevas que en general vivían en casas muy precarias, hacinados y muchos con falta de servicios esenciales.
El 70% es desocupado pleno. Un 20% tiene trabajo informal y un 10% trabajo en blanco.
Otras 200 personas son beneficiarias del programa Potenciar Trabajo.
Los funcionarios estiman que entre las familias que abandonaron la toma de manera voluntaria y después de llegar a un acuerdo con las autoridades, está prácticamente cerrada la toma, aunque se trabaja para que la mayor cantidad posible cierren un acuerdo antes del jueves 15, día en que está previsto el desalojo ordenado por la Justicia.
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