El ex jefe de la AFI durante el macrismo Gustavo Arribas negó este viernes en indagatoria las acusaciones por haber ordenado distintas tareas de espionaje a dirigentes propios y de la oposición, junto a periodistas o gremialistas. Pero además despegó al ex presidente Mauricio Macri de cualquier sospecha. “No ordené la comisión de un delito o realización de actividades de inteligencia ilegal, tampoco recibí ningún pedido u orden de esta naturaleza”, aseguró.
Pero además de rechazar las denuncias que motorizó en su contra la actual interventora Cristina Caamaño, las que consideró una “persecución política”, en sintonía con su ex segunda Silvia Majdalani, Arribas afirmó que la acusación estaba “basada en conjeturas del Ministerio Público” sobre la estructura jerárquica de la agencia y sin que hubiera “prueba directa” en su contra ni explicación de modo, tiempo y lugar sobre las órdenes que habría impartido. Tampoco aparecía ningún agente que lo comprometiera directamente. “No hay pruebas de que cometí un delito porque simplemente nunca ocurrió”, aseguró.
Le habló entonces al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, que delegó la causa en la fiscalía, diciéndole que él era el máximo garante: “Recurro a usted para que vele por el debido proceso, garantice mi derecho de defensa en juicio, se me escuche verdaderamente, pero fundamentalmente, doctor, le pido se analice la prueba con los criterios de la sana crítica. Si no, esta declaración indagatoria en lugar de ser mi mayor acto de defensa se convertirá en el presupuesto necesario para dictar mi pronto procesamiento”. Y añadió: “A veces siento que (el procesamiento) ya está escrito, ojalá me equivoque”.
Con esta declaración, el juez Augé terminó la ronda de la veintena de indagatorias que comenzaron a inicios de septiembre y que incluyó al ex secretario privado de Maurico Macri, Darío Nieto, y los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a una veintena de espías y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo, a quienes se acusa de haber espiado ilegalmente a políticos, periodistas, gremialistas y jueces, como Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Martín Irurzun o Hugo Moyano, y a la hermana y el ex cuñado del ex presidente Macri.
Hoy, junto a su abogado Alejandro Pérez Chada, Arribas declaró vía Zoom frente al juez y los fiscales. En la lógica de la mayoría de los acusados, el ex funcionario hizo una exposición en donde no respondió preguntas. Avisó que esas consultas las contestará una vez que se defina la cuestión de la competencia: su defensa consiste en sostener que el juzgado de Lomas de Zamora no es competente para investigar esta causa porque eso corresponde a Comodoro Py.
En su descargo, Arribas insistió una y otra vez en que nunca dio una orden ilegal y afirmó que no tenía trato con los espías que están siendo investigados en la causa, ni siquiera con Alan Ruiz, el jefe de “Operaciones Especiales” que armó el grupo “SuperMarioBross”, donde los agentes compartían datos de las vigilancias que llevaban adelante sobre las víctimas “El señor Ruiz en su indagatoria negó haber recibido órdenes o instrucciones para cometer actividad de inteligencia ilegal", dijo, y añadió: "A Ruiz nunca le impartía órdenes, ni legales ni ilegales”.
No descartó, sin embargo, que alguno de los espías dentro de la agencia haya cometido algún delito por su cuenta, sin su conocimiento. Y deslizó que tal vez el propio Ruiz, para jerarquizarse dentro de la estructura de la agencia o “por inseguridades personales”, ordenaba tareas referenciándose en superiores. “Pero quiero recalcar una y mil veces que no le daba ordenes al señor Ruiz”, agregó.
Además, se quejó porque ningún espía fue a avisarle si les estaban encomendado tareas de vigilancia ilegal, cuando él había implementado mecanismos de control interno. “Nadie pidió una reunión conmigo para explicarme lo que estaba sucediendo. Si alguna persona actuó ilegítimamente, por imprudencia, o negligencia o porque quiso cometer un delito, lo desconozco, pero debe quedar claro que nunca promoví ni facilité ningún accionar de estas características”, sostuvo.
Sobre la imputación en sí, Arribas afirmó: “Estoy siendo juzgado por haber sido titular de la AFI durante un gobierno de signo distinto del actual. Eso no es ningún delito, nunca promoví un accionar delictivo ni cometí ningún delito durante el ejercicio de la función pública. Los fiscales intentan vincularme, sin que nadie me vinculara”. Habló de “arbitrariedad y falta de apego al plexo probatorio”.
“Entiendo que la interventora actual de la AFI, que abandonó la función judicial y hoy detenta un cargo público, pueda promover este tipo de denuncias siempre imputando a la subdirectora (Majdalani), a mí y al propio ex presidente de la República Mauricio Macri. Esto a mi juicio demuestra una clara persecución política. También puedo entender que no les cabe a los fiscales el deber de imparcialidad. Pero sí les cabe el de la legalidad del proceso, del cual, usted, doctor –dijo dirigiéndose a Augé–, es le máximo garante".
Tras agregar una frase repetida en estos procesos: "Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”, Arribas, al igual que lo hizo Majdalani, apuntó además a la filtración de datos sobre el libro de actas de la AFI, en donde quedaron expuestas las identidades de agentes y se puso en juego la relación con agencias de inteligencia del exterior, luego de ser incorporada a esta causa.
Dijo: “Veo con preocupación y asombro la velocidad en la que se se me ha llamado a declarar en esta causa, cuando todavía no se concluyeron peritajes de importancia sobre el material tecnológico en que se basan las acusaciones, cuando se encuentran pendientes las cuestiones de competencia, nulidades y apelaciones”. Insistió así en que la causa corresponde investigarse en los tribunales de Comodoro Py. “Quiero terminar haciendo hincapié en que de ninguna manera dirigí, organicé ni participé en una asociación ilícita destinada a realizar actos de inteligencia ilegal", agregó.
Con la declaración de Arribas, Augé deberá decidir ahora si dicta procesamientos, sobreseimientos o falta de mérito de todos los indagados. Es posible que, previamente, la fiscalía solicite formalmente las definiciones procesales de cada uno de los involucrados que, a su juicio, debería seguir el magistrado.