El Senado dio acuerdo a dos de los polémicos traslados que habían sido puestos bajo la lupa por el Consejo de la Magistratura. Se trata del aval para la jueza Zunilda Niremperger, que pasó del juzgado 2 al juzgado 1 de Chaco (con competencia electoral), y el de María Verónica Skanata del juzgado de Oberá al juzgado de Posadas, en Misiones (también con injerencia para las próximas elecciones).
En la misma sesión se avaló el nombramiento de 26 fiscales, defensores y jueces de distintos puntos del país. Entre ellos aparecen dos cargos para cubrir juzgados de primera instancia en el fuero contencioso administrativo (el que revisa las decisiones de Gobierno y fue excluido de unificación en el proyecto de reforma judicial). También aparece Héctor Andrés Heim –uno de los fiscales que están hoy investigando el caso de Facundo Astudillo Castro–, que irá al Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó; y Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que se queda con el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, desplazando a Ignacio Mahiques, el fiscal que investigó a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública.
La decisión se tomó por 40 votos afirmativos, 4 negativos y 16 abstenciones. Así quedaron aprobadas las solicitudes de acuerdo para funcionarios del Poder Judicial, que deberán después ser refrendadas en un decreto presidencial.
El dato sobre la decisión del Senado no es menor. Fueron 10 los traslados puestos bajo la lupa del Consejo de la Magistratura por entender que no cumplían con las pautas fijadas por la Corte Suprema en las acordadas 4 y 7 del 2017. Tres de esos jueces convocados no fueron: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli eligieron pelear en los tribunales a través de un amparo la continuación en los cargos que venían ocupando hasta ahora (los dos primeros en la Cámara Federal y el tercero en el Tribunal Oral Federal 7, en donde está delegada la causa de los cuadernos).
Mientras Brugia, Bertuzzi y Castelli esperan ahora que la Corte Suprema les dé una respuesta sobre esos pedidos, luego de aceptar un per saltum que sorprendió al Gobierno, los otros siete jueces que sí habían ido a la audiencia para conseguir el respaldo habían quedado en ‘stand by’. Hoy, el Senado validó los pliegos de dos de esos jueces: Niremperger y Skanata. La primera había sido trasladada por el macrismo en 2017, mientras que el pase de Skanata que ahora se validó había sido firmado por Cristina Kirchner en septiembre de 2015.
En tanto, todavía falta que se se sepa qué pasa con los otros cinco: Federico Villena, Eduardo Farah, Esteban Hansen, Juan Manuel Iglesias y Enrique Velázquez. Esos cinco magistrados también fueron a la audiencia que se hizo el 4 de setiembre y esperaban saber qué resolverá el Senado con ellos.
La aprobación de esos dos traslados sirvió para volver el escenario en el que quedaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que, a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”, concurrieron al Senado y “agradecieron la convocatoria”, a diferencia de los tres magistrados que judicializaron la decisión de la Cámara alta.
Fernández Sagasti afirmó que el Frente de Todos está dispuesto a defender el reglamento y la Constitución “a como dé lugar” y sostuvo que la obligación de presentarse a la audiencia del Senado para el traslado es ineludible. Y destacó que el oficialismo “está trabajando a destajo” para nombrar jueces en los cargos vacantes.
En respuesta, Laura Rodríguez Machado, de Cambiemos, insistió en que la ausencia de Bruglia, Bertuzzi y Castelli se debió a que sus casos no necesitaban un aval de traslado en el Senado. También sostuvo que las reuniones de acuerdo de audiencia pública no estaban avaladas por vía remota, ni se cumplió con los 15 días posteriores de la publicación de edictos hasta el momento de la audiencia.
“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró. “Cómo será el disciplinamiento que se les quiere dar a los jueces, que los jueces vinieron a esta comisión de mayoría kirchnerista que les va a aprobar los pliegos. Pero a los otros, han sido trasladados y se viola el principio del juez natural en las causas que tienen como parte a Cristina Kirchner. En esos tres casos, el kirchnerismo está violando, a través de esta jugarreta, el principio de juez natural".
El senador salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) pidió la palabra: “Quiero votar en contra de todos los pliegos. No tanto por cuestionar los nominados. No tengo elementos para juzgarlos. Lo que quiero cuestionar es la política judicial que está llevando adelante un sector del oficialismo. El kirchnerismo tiene esa vocación de que los jueces que dictan fallos favorables son los jueces correctos; y los desfavorables, los incorrectos”.
“Ya cuando asumió este gobierno retiraron 198 pliegos para revisión ideológica, con el único pecado esas personas de haber concursado durante otra gestión. Y hoy enviaron a cuentagotas y hoy vamos a tratar 28. Al paso que vamos no sé a dónde vamos a terminar el control ideológico”, afirmó Romero.
Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Romero afirmó que eran “la crónica de una muerte anunciada” porque “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.
Pero además denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero, afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”. Se refería de esta manera a Víctor Abramovich, que integró el CELS antes de llegar a la Procuración.
Nombramientos. Por otra parte, se aprobó un paquete de 26 pliegos. Esos candidatos habían pasado por las entrevistas en esa comisión hace dos semanas, durante tres días. Entre las postulaciones aprobadas figura María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.
A la lista se suman María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10 y N° 11 de la Capital Federal, respectivamente.
En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 30 de la Capital Federal.
La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Por ultimo se respaldó a Viviana Patricia Piñero y Juan Alberto Fantini Albarente como integrantes de la Sala I y II, respectivamente, de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.