Cafiero expondrá ante el Senado: sus respuestas sobre la reforma tributaria, el aborto, el vínculo con China y las reservas del BCRA

Santiago Cafiero respondió 760 preguntas en su tercer informe al Congreso, el segundo ante el Senado de la Nación. Por escrito, las respuestas del jefe de Gabinete de Ministros ocuparon 706 páginas y fueron remitidas dos días antes de su presentación, la que está prevista para las 14 de este miércoles en una sesión especial. Del total del cuestionario que contiene las consultas de 35 senadores, la mitad del cuerpo, 294 preguntas fueron realizadas por representantes de la UCR, 197 por senadores del PRO y 171 por senadores del Frente de Todos. Al tope figura el Ministerio de Economía, seguido por el de Salud, el de Desarrollo Productivo, el de Obras Públicas y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cafiero también debió contestar sobre la tarea de la Oficina Anticorrupción y organismos y empresas estatales como AFIP, Anses, PAMI, Banco Central, AySA, Aerolíneas Argentinas y Sedronar, por ejemplo.

La décima pregunta, del fueguino Daniel Blanco (UCR), apuntó a la reforma tributaria de la que habló Mercedes Marcó del Pont y a un eventual aumento de impuestos. “El gobierno anterior llevó a cabo una reforma tributaria en 2017 que debilitó las finanzas públicas sin que eso se tradujera en mayor crecimiento económico y generación de empleo. Por el contrario, se le quitaron recursos al Estado, volviendo insostenible las finanzas públicas, mientras que aumentó la pobreza y el desempleo”, culpó a la gestión de Cambiemos. Y continuó con su argumentación sobre los cambios tributarios que podrían implicar SUBAS: “El Gobierno nacional considera que el nivel tributario debe estar en consonancia con dicha sostenibilidad, para que las políticas públicas que el país necesita puedan ser mantenidas de forma ordenada. Todos los cambios que se propongan estarán guiados por ese principio rector”.

Aclaró que cualquier modificación será propuesta al Congreso para su debate. Sobre los ejes habló de un sistema “más progresivo” y “más simple” con el objetivo de “facilitar el cumplimiento normativo de los contribuyentes”.

Fue el oficialista Luis Alfredo Luenzo, de Chubut, quien le consultó si el Poder Ejecutivo tiene previsto enviar para el tratamiento del Congreso de la Nación, en lo que resta del período legislativo correspondiente al año 2020, algún proyecto de ley que tenga como finalidad la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La pregunta 322 tuvo la siguiente respuesta (resumida): “Como fue anunciado por el Presidente de la Nación en la Apertura de Sesiones del día 1 de marzo, efectivamente, el Poder Ejecutivo Nacional ha elaborado un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que está listo para ser enviado al Poder Legislativo cuando se considere que están dadas las condiciones para la discusión parlamentaria sobre este tema, dado el singular contexto actual marcado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Garantizar derechos es una prioridad de esta gestión. El compromiso con los derechos sexuales y reproductivos constituye un eje de la gestión, en particular con el acceso a la salud reproductiva y al acceso a la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.

Recordó además que el Ministerio de Salud (Resolución 1/2019) aprobó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y que publicó su primera guía sobre Interrupción legal del embarazo (ILE) con medicamentos.

“Una vez presentado el proyecto, se impulsará el debate, para que todos los sectores puedan ser representados y lograr así el consenso y la mayoría necesaria para que sea ley”, consideró.

Entre algunas preguntas, ‘distintas’ la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) quiso saber cuántos transplantes se realizaron en los seis meses de aislamiento obligatorio. Cafiero citó datos del Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), según los cuales entre el 20 de marzo y el 14 de septiembre, 435 pacientes de la lista de espera recibieron un trasplante de órganos. En total se realizaron 258 trasplantes renales, 110 hepáticos, 37 cardíacos, 13 renopancreáticos, 9 pulmonares, 5 hepatorrenales, 2 cardiorrenales y 1 pancréatico. Se realizaron además 149 trasplantes de córneas.

Tagliaferri, que hizo 89 preguntas, también consultó sobre la ayuda a pymes que desaparecen en este contexto. Pocas veces en sus respuestas apeló a la ‘herencia’ recibida de la gestión de Mauricio Macri, a diferencia de lo que ocurrió en el recinto en sus presentaciones. En este caso sí lo hizo: “El Ministerio de Economía informa que las empresas Pymes son las que más sufrieron en los últimos años debido a la profunda crisis macroeconómica que tuvieron que enfrentar durante el período de gobierno anterior, en el cual se conjugaron caída de las ventas por el ajuste en los salarios, incrementos de las tasas de interés que llegaron a superar 70% anual, tasa de inflación superior a 50% e incrementos tarifarios que hicieron imposible la continuidad de muchas empresas. A esta primera “pandemia económica”, le sucedió la pandemia sanitaria que desde marzo azota al mundo y que impide desarrollar normalmente actividades que concentran personas, como bares, restaurantes, espectáculos, así como el desplazamiento que afecta principalmente el sector de turismo y transporte de pasajeros. El Gobierno puso en marcha numerosas medidas al respecto. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene la misión y el compromiso de trabajar para el fortalecimiento y desarrollo de las PyMEs que conforman el entramado productivo argentino”, indicó.

“El acceso al crédito fue la base sobre la que se comenzó a trabajar para reanimar a un sector de la economía que no pudo financiarse de esa forma en cuatro años. Esta política de accesibilidad financiera tomó más fuerza a partir de la llegada de la pandemia”, agregó Cafiero que se refirió a la aprobación de un crédito de US$ 500 millones proveniente de la reorientación de recursos de su cartera con Argentina el BID que apoyará un programa de dos nuevas líneas de crédito para la Reactivación Productiva PyME y Financiamiento para el Cambio Estructural por un total de $448.000 millones, entre otras medidas.

Más allá de las consultas sobre el COVID-19 (sobre el número de respiradores, las previsiones para la compra de vacuna, la salida del aislamiento, las medidas para los distintos sectores) hubo varios legisladores que consultaron a Salud sobre el cultivo del cannabis medicinal, sobre el impacto de la producción de cerdos para la exportación a China y sobre un posible viaje del Presidente a ese país. Cafiero explicó que la fecha dependerá de la evolución del contexto sanitario internacional. Por otra parte negó que el 10 de noviembre esté prevista una vista de autoridades chinas a la Argentina aunque explicó que “la cooperación con la República Popular China en lo referente al desarrollo de fuentes de energía alternativas, como puede ser el caso de la energía solar fotovoltaica, constituye uno de los puntos relevantes en la agenda bilateral que se maneja con dicho país”. Como ejemplo mencionó 15 proyectos de empresas chinas en el sector de energías renovables que implican inversiones por más de USD 1.644 millones.

La número 196 fue realizada, entre otras, por Anabel Fernández Sagasti (FdT). La mendocina mencionó la nueva reglamentación de la Ley 27.350, que impulsa la producción pública de aceite de cannabis, el cultivo con fines terapéuticos y el expendio de aceites en farmacias: “¿Cuándo estima que entrará en vigencia y se habilitará el registro nacional voluntario de los pacientes y familiares de pacientes que sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados (Reprocann)?”.

El jefe de Gabinete le indicó, como a otros que hicieron referencias similares, que se cumplen con los trámites administrativos previstos y que actualmente se encuentra en el Área de Legal y Técnica de Presidencia de la Nació. “A partir de la vigencia de la nueva reglamentación, se pondrá en funcionamiento el mencionado Registro (REPROCANN)”, aseguró.

Sobre el congelamiento de tarifas de telecomunicaciones un senador solicitó información respecto a los planes del Gobierno para garantizar la calidad del servicio “ante la posible falta de inversión de las empresas prestadoras”. Respondió que las inversiones “se encuentran vinculadas a las obligaciones de despliegue y de cobertura que cada una de las prestadoras debe cumplir, de acuerdo a los distintos procesos de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico en las cuales resultó adjudicataria" y que el ENACOM “continúa monitoreando y controlado la calidad y prestación de los servicios”. Y aclaró: “No se debe asociar una posible falta de inversiones en el mediano y largo plazo con la suspensión de aumentos o modificación de precios dispuestos hasta el 31 de diciembre de 2020. Se trata de una medida circunstancial, dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19” con el fin, dijo, de garantizar el acceso durante el aislamiento social.

Silvia Giacoppo (UCR), de Jujuy, solicitó datos sobre el plan de contingencia de Aerolíneas Argentinas en el contexto de pandemia y restricción de vuelos. Cafiero describió una estrategia de mitigación de gastos para reorganizar recursos que incluyó la negociación con los gremios de la suspensión de 4000 empleados; la suspensión del pago de viáticos y horas extras del personal de tierra y vuelo; un acuerdo con directores y Gerentes para reducir sus sueldos entre el 10% y el 20%; y el pago de los medio aguinaldos de julio superiores a 40 mil pesos brutos en cuotas. , tal lo estableció el Decreto 547/2020; y se depositó en dos partes el salario de junio. “La empresa disminuyó sus pérdidas en $350 millone por mes desde junio en adelante” anunció y recordó que “se encuentra abierto un nuevo Programa de Acuerdo de Prejubilaciones, que tiene como finalidad reducir la dotación, con acuerdos beneficiosos tanto para el personal cercano a la jubilación como para la compañía". También puntualizó un plan estratégico para la post pandemia.

Entre las reiteradas preguntas sobre la vacuna contra el coronavirus, María Belén Tapia (UCR) consultó si existen planes en Argentina para hacer pruebas con la Vacuna Sputnik desarrollada en la Federación de Rusia. “Al día de la fecha, no se han iniciado acciones para iniciar ensayos clínicos con la vacuna desarrollada por la Federación Rusa. Sin embargo, nuestro país se encuentra abierto a la realización de todos los ensayos que se realicen cumpliendo los requisitos e instancias regulatorias establecidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)”, aseguró Cafiero.

Otra radical, la mendocina Pamela Verasay, pidió información concreta sobre el importe de la asistencia del Banco Central al financiamiento del déficit fiscal, ya sea mediante adelantos transitorios o por transferencia de utilidades correspondientes al mes de agosto de 2020. Cafiero fue tan concreto como la senadora: “El Banco Central informa que durante el mes de agosto de 2020 no giró utilidades al Tesoro, mientras que en concepto de adelantos transitorios se transfirieron $ 40.000 millones”.

El radical Blanco consultó sobre las reservas de libre disponibilidad al 31 de agosto del 2020. Cafiero indicó que “al 31 de agosto de 2020 las reservas internacionales ascendían a USD 42.842 millones”.

Hubo además diversas consultas respecto a las tomas de terrenos, en San Carlos de Bariloche y en otras ciudades del país. En una de la decena de preguntas se requirió al ministro información sobre investigaciones para determinar si hay instigaciones a la toma de terrenos. “El Ministerio de Seguridad informa que respecto de la usurpación de tierras en distintas zonas del país y en los casos de competencia exclusiva y excluyente se han desarrollado, a través de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, en su carácter de auxiliar de la justicia, y en el marco de causas judiciales, distintas medidas tendientes a la prevención y conjuración en los casos de comisión del tipo penal en cuestión previsto en el artículo 181 del Código Penal” indicó. Y, si bien describió acciones en apoyo y a solicitud del Poder Judicial también habló de medidas tendientes a resguardar los predios, como por ejemplo a través de consignas de las fuerzas de seguridad federales o la custodia de personal perteneciente a organismos municipales o provinciales para efectuar relevamientos de las personas allí establecidas. Y si bien las investigaciones las realiza la Justicia o los Ministerios Públicos, la cartera de Seguridad “no han tenido ningún requerimiento para determinar responsabilidades”.

La última pregunta, la 760, correspondió a la senadora Gladys González, del PRO bonaerense: ¿Cuál es el estado de ejecución presupuestaria y el estado de avance físico del Programa Federal de Transporte Público Individual No Motorizado, teniendo en particular consideración el desarrollo de sistemas de bicicletas compartidas, la implementación de ciclovías y la accesibilidad a la bicicleta propia?

La respuesta de Cafiero fue: “El Programa Federal de Transporte Público Individual No Motorizado tiene como propósito brindar asistencia técnica, económica y financiera a los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para instaurar una Red de Vías Seguras para Ciclistas, y/o un sistema de bicicletas públicas y/o un sistema de bicicletas para estudiantes universitarios junto con medidas de acompañamiento y fomento. A la fecha se avanza en el diseño del marco normativo que creará el Programa”.

Mediante el citado Programa se busca mejorar el ordenamiento del tránsito, brindando además una herramienta segura de acceso y conectividad para los ciudadanos, en consonancia con las medidas tomadas ante la emergencia ocasionada por la pandemia provocada por el Covid-19.