Graciela Ocaña pidió citar al Congreso a la titular de la AFI y a dos fiscales por la filtración de los datos de inteligencia

Un listado con resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia dejó al descubierto los nombres de espías retirados y en actividad. La diputada de Cambiemos pidió que sean citados a la Bicameral de Ministerio Público. También hay pedidos ingresados ante la Bicameral de los Servicios de Inteligencia

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Cristina Caamaño
Cristina Caamaño

Los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI quedaron expuestos a partir de la difusión de un documento agregado a la causa que investiga el caso de espionaje ilegal. El documento, un escaneo de las páginas del libro de protocolos de resoluciones de la AFI con las decisiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019, fue cargado en el sistema informático del Poder Judicial y quedó expuesto ante las 80 partes que tienen acceso a ese expediente.

¿Cómo ocurrió la filtración? Un error compartido entre la AFI y los fiscales. Nadie advirtió que los nombres de los agentes no estaban tachados.

La AFI que conduce Cristina Caamaño envió copia de todo el libro a la Justicia. Ante el pedido de los imputados, que no podían acceder a los materiales por las restricciones de la cuarentena, la fiscal Cecila Incardona -que investiga el caso junto al fiscal Santiago Eyherabide- subió el documento al sistema y en ese momento comenzó a difundirse. Cuando decidieron bajarlo, ya era tarde, tal como reveló Infobae.

En las primeras páginas del libro figuran muchos espías que renunciaron cuando se produjo el cambio de gobierno. Y también están los nombres de quienes los sucedieron en los respectivos cargos. De ese modo quedaron expuestas las identidades de los que ocuparon cargos relevantes en la AFI en ambas administraciones.

Ahora, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña pidió que sean citados al Congreso la interventora de AFI, Cristina Caamaño, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de los datos.

En una nota enviada al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, Ocaña destacó “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

La fiscal de Lomas de
La fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

El documento es un PDF en el que se volcó desde la página 58 hasta la 326 del libro de protocolos de resoluciones de la AFI correspondiente al año 2015. El libro se inició el 7 de julio de 2015, pero se enviaron a la causa las resoluciones escritas a mano a partir del 28 de diciembre de 2015. La última página del libro corresponde al 8 de enero de 2019. Cada página del libro tiene sellado el número 1336, una identificación interna que utiliza la AFI en sus documentos.

La diputada hizo hincapié en que la filtración de la identidad de los agentes “es un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó)”. Ese pedido ingreso a la Bicameral de Ministerio Público, que todavía no tiene fecha para la próxima reunión.

Otros tres diputados de Cambiemos presentaron un pedido similar ante la Bicameral de los Servicios de Inteligencia. Cristian Ritondo, uno de los firmantes, dijo que el titular de esa comisión Leopoldo Moreau, se comprometió a que la interventora de la AFI concurra a responder preguntas y entregue un informe sobre la filtración.

En la nota enviada a Doñate, Ocaña también mencionó la filtración, en ese mismo expediente, de datos personales del ex presidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails. La diputada dijo que se violó su derecho a la intimidad "extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.

Esos datos -que constan en la causa desde hace rato- surgen del secuestro de los teléfonos del ex secretario privado Dario Nieto, en un procedimiento que se concretó el 25 de junio y que la defensa viene cuestionando desde el primer día.

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