Diputados: la Justicia falló en contra de Juntos por el Cambio y avaló las sesiones remotas

El 1 de septiembre Juntos por el Cambio hizo viajar a sus diputados nacionales para participar en forma presencial de la sesión convocada por Sergio Massa, presidente de la Cámara baja, en forma remota. A condición de votar la renovación del protocolo de funcionamiento por teleconferencia, exigieron acordar el temario, atentos al debate pendiente sobre Reforma Judicial y el impuesto a las grandes fortunas. No hubo acuerdo y 90 diputados de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica se sentaron en sus bancas pero no se conectaron vía VPN. Exigieron que se contabilizaran para el quórum solo a los presentes físicamente y presentaron un amparo judicial.

Este martes el juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 rechazó ese amparo de la principal oposición, le dio la razón al oficialismo y a los bloques que acompañaron con su firma aquella renovación del protocolo y dejó vía libre para la realización de las sesiones bajo esta modalidad en el contexto de pandemia. Incluso fijó costas en contra de Juntos por el Cambio.

El interbloque ayer definió que apelará el fallo y encargó el texto a presentar a la Justicia a dos de los diputados que trabajaron en la demanda anterior: Pablo Tonelli (PRO) y Gustavo Menna (UCR).

En los considerandos, Lavié Pico enumeró los hechos para justificar la falta de un “caso” en el que el Poder Judicial actuara sobre el Legislativo, lo que consideró sería una “interferencia”, y recordó la citación a sesión, la reunión de Labor Parlamentaria y la invitación, aún cuando no hubo unanimidad en la renovación del protocolo, para que los diputados ingresaran a la sesión. Apuntó también que ante una presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “la Corte Suprema de Justicia señaló, de manera reciente, que la posibilidad de que se sesione en forma remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa Cámara (allí haciendo referencia al HSN) ejercer sus atribuciones”.

En un fallo de 23 páginas el juez consideró que los amparistas “fueron debidamente convocados” y “sin embargo, no se registraron en el sistema “VPN”, contenido en el Protocolo”. Señaló que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, “en diversas oportunidades, requirió a los amparistas y demás integrantes de la Cámara de Diputados que debían “loguearse”, sin embargo algunos/as decidieron no hacerlo”.

“Frente a tales circunstancias, acontecidas en un contexto de pandemia de alcance mundial, resulta —en forma clara— la carencia que detenta el planteo", apuntó y argumentó que no se demostraron las irregularidades y nulidades denunciadas.

Citó además los argumentos del informe de la Cámara de Diputados: “La legitimación de los accionantes, en su condición de “Diputados y Diputadas”, se encuentra desprovista de fundamentos, en la medida que “no fueron privados de ejercer las atribuciones que les asisten como legisladores y, por el contrario, fueron ellos los que opusieron resistencia a desempeñarlas”. Los letrados que representan a la Presidencia del cuerpo alegaron que la convocatoria para el primer día del mes pasado ”se emitió de conformidad con el art. 14 del Reglamento, que pone de manifiesto que la modalidad bajo la cual se convocaba a los legisladores sesionar era la telemática”.

El magistrado aceptó como antecedente las explicaciones del Frente de Todos respecto a que en la sesión convocada para el 13 de mayo, de la misma manera, “los actores no opusieron ningún reparo”. Consideró también que “los accionantes pudieron libremente en el recinto emitir ‘opiniones o discursos’, ejerciendo plenamente sus derechos políticos y, en definitiva, que el hecho de no haber votado se debió a su resistencia en acreditarse, y no a un impedimento que pueda ser objeto de reproche a esta parte, no existiendo por parte de la Presidencia de la HCDN vulneración alguna a sus prerrogativas parlamentarias”.

La sesión cuestionada arrancó tras ocho horas de reunión de Labor Parlamentaria donde oficialismo y oposición intentaron llegar a un acuerdo que conformara a todas las partes. El Frente de Todos incluso ofreció retirarse del recinto para que los legisladores de Juntos por el Cambio pudieran participar y la presidencia del cuerpo dispuso bancas y computadoras en los palcos.

El único que utilizó ese lugar en los pisos superiores fue Nicolás del Caño, de la izquierda, mientras también Romina del Plá dejaba su lugar para sesionar desde su despacho. Lo mismo hizo el jefe del interbloque Justicialista, Eduardo ‘Bali’ Bucca mientras el bloque de Consenso Federal directamente no participó de la sesión en reclamo de un acuerdo político.

}Los 90 diputados de Juntos por el Cambio se sentaron en sus bancas pero no quisieron conectarse por VPN. Massa les dio la palabra y tras varias horas de discurso se retiraron cuando se iniciaba el tratamiento de las leyes que figuraban en el orden del día como el régimen de beneficios para el sector turístico y la ley de pesca.

El juez Lavié Pico, determinó la ausencia de un “caso” y la afectación de un derecho que justifique la intervención del Poder Judicial sobre el Legislativo. Y dio un fuerte aval a las sesiones a distancia: “Sesionar de forma remota o presencial no supone en sí misma una posible invasión del Poder Legislativo al ámbito de competencias que la Constitución asigna a los demás poderes del Estado” porque “nada dice la Constitución sobre el lugar o la forma presencial o remota en que deben encontrarse para sesionar, deliberar y votar los legisladores de cada Cámara”.

En el escrito presentado por los jefes del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, además de Pablo Tonelli, Mariana Stilman y Gustavo Menna, fundamentaron acudir a la Justicia “en defensa de un interés propio, personal y diferenciado que da lugar a una colisión efectiva de derechos”, dado que “se nos impidió ejercer el mandato que nos ha dado el pueblo de participar personal y efectivamente de las sesiones legislativas, expresar nuestro punto de vista mediante el voto y, en definitiva ser parte de la decisión necesariamente colectiva de la Cámara de Diputados (art. 189, 194 y 197 y concordantes del Reglamento)”, en la aprobación de la prórroga del Protocolo y en la sesión especial llevada a cabo en consecuencia, por lo que, persiguen la nulidad de aquellos actos.

Entre los argumentos, la principal bancada opositora recordó que el 1 de septiembre 90 diputados se hicieron presentes en el recinto para sesionar "y fueron tenidos como ausentes por el Presidente de la HCDN, llevándose adelante la sesión en forma absolutamente irregular y en violación de las disposiciones del Reglamento que nos rige. Es que se aplicó el Protocolo que había sido inconstitucionalmente prorrogado y se consideró presentes a quienes se encontraban conectados a través del sistema remoto que ya no estaba vigente”.

Recordaron que la última prórroga del protocolo de funcionamiento remoto estaba vencida al momento de convocarse a la sesión por lo que Juntos por el Cambio decidió que sus diputados viajaran “a fin de dar cumplimiento a su obligación constitucional”. La comisión de Labor Parlamentaria fue fijada para las 11 del día de la sesión “no habiéndose obtenido el acuerdo que se demanda”.

“Los tres Presidentes de nuestros bloques de Diputados plantearon que la prórroga debía condicionarse o bien a un listado de temas a tratar durante los 30 días de la eventual prórroga, o a un listado de temas que debían quedar excluidos de la modalidad por su evidente dificultad, sin perjuicio de la atribución reglamentaria del Presidente del Cuerpo de convocar a esos fines a Sesiones presenciales. Cuando finalmente se convocó al inicio de la sesión, alrededor de las 19:30 hrs., nos sentamos en nuestras bancas dentro del recinto para asistir a la sesión en forma presencial. Tal como lo habíamos notificado, siendo considerados como ausentes, en transgresión a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de dicha Cámara", reclamaron en el amparo.

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