La ONU aprobó con apoyo de Argentina la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

La Argentina y una amplia mayoría de países votó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una declaración donde alerta sobre la grave situación de violación a los derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro y propone que la Alta Comisionada de la ONU, Michele Bachelet, continúe por dos años más en su misión de revisión de la crisis venezolana. También exige elecciones libres e independientes en Venezuela.

Por 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra se impuso la posición de la mayoría de los países reunidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y quedó aprobada la resolución que insta a Venezuela a atender las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que se equiparan a delitos de lesa humanidad.

Al fundamentar el voto del gobierno de Alberto Fernández en la ONU el embajador argentino ante organismos internacionales, Federico Villegas, expresó que “la Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela agravada por la situación de sanciones económicas. Los derechos de todos los venezolanos deben prevalecer”.

“Es necesario el diálogo y la cooperación del gobierno de Venezuela para con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El no cumplimiento de esto resulta problemático y no ayuda al Estado en el cumplimiento de los derechos humanos”, dijo Villegas al fundamentar el voto a favor de la Argentina contra el régimen de Maduro.

A la vez, Villegas dijo que la Argentina hubiera preferido un solo proyecto de declaración en el Consejo de Derechos Humanos. Es que antes de esa votación la mayoría de los países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se abstuvo o votó en contra de una resolución presentada por Irán, Siria, Turquía y el régimen de Nicolás Maduro, en la que se señaló que hay “progresos” en Venezuela.

En ese tema, Argentina se abstuvo en ese caso junto a a otros 25 países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, India, Japón, Libia, Nigeria y Togo. En tanto, Australia, Brasil, Chile, Islas Marshall, Perú, Ucrania y Uruguay votaron en contra. El documento fue apoyado por países africanos y asiáticos, varios de ellos con regímenes autoritarios y severamente cuestionados por violaciones a los Derechos Humanos.

Contrario a esta declaración, la Argentina y otros 21 países del Consejo de Derechos Humanos impusieron la resolución A/HRC/45/L.43/Rev.1 que contempla el detalle de los resultados del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos que lidera Michelle Bachelet y que hace un mes denunció nuevos casos de atroces violaciones a las libertades y las personas en el régimen de Nicolás Maduro.

La Argentina votó a favor de este documento junto con 21 países como Italia, España, Brasil, Australia, Chile, Dinamarca, Alemania, Perú, Uruguay y Corea del Sur, entre otros. En contra votaron Venezuela, Eritrea y Philipinas. Y se abstuvieron 22 estados, entre los que figuran Angola, Camerún, India, Indonesia, México, Nepal, Nigeria y Sudán.

El documento aprobado en la ONU exige elecciones “libres, limpias, transparentes y creíbles” en Venezuela, rechaza “todo tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia”, exorta a todos los partidos a poner en marcha “sin demora” elecciones presidenciales y revela un “estado de alerta” por la profundización de la crisis humanitaria bajo el régimen de Maduro en medio de la pandemia de COVID-19.

En las cinco páginas de la declaración que se firmó hoy en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advierte su “preocupación porque la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) está agravando la situación en Venezuela” a la vez que insta a las autoridades a que “sigan las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos que atañen a la población venezolana y a la comunidad internacional, a fin de hacer frente a la pandemia y a las necesidades humanitarias en general y mejorar el acceso a información con respecto a su evolución”.

El embajador Villegas remarcó que “los derechos humanos de los venezolanos deben prevalecer sobre todo. Para mejorar la situación de los derechos humanos en un país es necesario el diálogo y la cooperación de las autoridades. Si no se cuenta con la cooperación de los países en este tipo de declaraciones resulta problemático y no ayuda al cumplimiento de los Estados al cumplimiento de los derechos humanos”.

También el embajador argentino en Ginebra destacó que el proyecto aprobado contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a la protección de los derechos humanos en Venezuela. Y avaló la declaración que le otorga un plazo de dos años más a la Alta Comisionada de Derechos Humanos a investigar nuevas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La Argentina planteó la necesidad de que la oficina que dirige Bachelet tenga una sede permanente en Caracas ya que hasta ahora el régimen de Maduro siempre puso trabas en el desarrollo de las misiones de Naciones Unidas que investigan el accionar de las fuerzas policiales.

La postura de la Argentina fue adelantada hoy desde la Casa Rosada. Mediante un comunicado se indicó desde temprano que “el presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

“Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, comienza el texto.

“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, se apunta en el documento.

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