Lejos del entusiasmo inicial que alentó su creación, el Consejo Federal contra el Hambre empezó a trabajar “operativamente” luego de que se confirmaran el miércoles último los peores datos de pobreza desde el año 2004. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo encabezó esta semana tres comisiones especializadas junto a la titular del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz con el acceso, la producción y la calidad alimentaria como ejes.
Las reuniones tuvieron una importante asistencia de empresarios, referentes de organizaciones sociales y ONG’s, funcionarios provinciales y académicos. Estuvieron ausentes los “animadores” de la Mesa contra el Hambre, como el escritor Martín Caparrós, o la cocinera Narda Lepes o el conductor televisivo Marcelo Tinelli, quienes enviaron colaboradores de sus equipos en su representación. Pero hubo otros dirigentes de relevancia del sector privado y de la producción, como Miguel Acevedo (UIA), José Martins (Bolsa de Cereales), Vanesa Herrera Noble (Grupo Clarín) e integrantes de Coninagro, Federación Agraria y la cámara alimenticia Copal, entre otros.
La pandemia hizo retroceder “cinco pasos atrás” en la situación de los sectores más empobrecidos del país, según las definiciones del ministro Arroyo. La política alimentaria pretendía ser una de las vidrieras de la gestión de Alberto Fernández para poner a la “Argentina de pie”. Sin embargo, el COVID-19 modificó el mapa de los problemas de la población más vulnerable, por lo que el trabajo en las comisiones implicó una reevaluación de las necesidades y prioridades.
De la agenda de trabajo, que se dividió en tres jornadas el lunes, miércoles y viernes pasado, se desprenden tareas concretas vinculadas producción masiva de alimentos desde las organizaciones sociales, la reconversión de los comedores y merenderos, y políticas que aseguren la calidad nutricional. En ese escenario, el aumento de la inversión social alimentaria, que saltó de 8 a 11 millones de beneficiarios, aparece apenas como un contrapeso.
“Teníamos muy claro los datos de aumento de pobreza e indigencia. Coincidimos en que hay que reforzar la producción de alimentos, porque el costo de los productos hace aumentar estos índices”, señaló Daniel Arroyo a Infobae.
La transición de los comedores al hogar
La primera comisión tuvo como eje el “acceso a los alimentos”, con el estado de los comedores y merenderos como punto de discusión. Estos establecimientos pasaron de recibir 28 mil millones de pesos anuales a 80 mil millones en apenas seis meses, con el objetivo de afrontar la creciente demanda de miles de familias que perdieron sus ingresos y changas a raíz del parate ocasionado por la cuarentena. La mayor parte de la asistencia y del presupuesto se consumió a partir de la Tarjeta Alimentar.
El balance inicial fue la confirmación de una desigualdad dispar. La alimentación adecuada y segura depende de la instalación de servicios básicos, como el agua potable. En los barrios populares, volvió a corroborarse que los precios de los alimentos pueden ser muy distintos y la performance puede variar en relación a los ingresos.
El ministerio de Desarrollo Social calcula que hay más de 10 mil comedores en todo el país, entre los que existen merenderos y ollas populares informales con conexiones deficitarias. En ese marco, la aglomeración de personas tampoco es una salida ante el avance del coronavirus.
“Estamos apuntando para volver a la comensalidad en el hogar. Queremos que los comedores se conviertan en centros recreativos, deportivos o comunitarios”, apuntó Arroyo.
Con ese eje, hace meses fue anunciado el Registro Nacional de Comedores y/o Merenderos Comunitarios (Renacom), un dispositivo que busca apuntalar los comedores populares y centros de asistencia. El relevamiento tiene como objetivo la detección de la infraestructura deficitaria, entre otras condiciones institucionales, como el acceso a una cuenta bancaria, a partir de la cual podrán recibir las transferencias con las que pagarán los alimentos.
En última instancia, la intención del Gobierno es descentralizar las compras que realizan los comedores y articularlas con el desarrollo productivo local. En esa línea, las tarjetas que reciben los comedores habilitan la observación, en tiempo real, de los precios, el tipo de gastos y la calidad nutricional de las compras que afronta cada establecimiento.
La puesta en valor de los comedores y merenderos, junto a la información agregada de los gastos, permitirá establecer líneas de trabajo para “elaborar alimentos inocuos, seguros y con calidad nutritiva” que sean la base de las buenas prácticas en los hogares.
La calidad en jaque: más polenta, menos frutas
La segunda comisión especializada abordó el eje de la “Calidad y educación nutricional”, uno de los puntos críticos y más difíciles de resolver por el gobierno de Alberto Fernández. Es que la realidad de la pandemia convive con la obesidad en un extremo, mientras que la desnutrición crónica y aguda avanza en el otro.
“Empeoró la calidad nutricional. Antes de la pandemia, el 67% de las compras de la Tarjeta Alimentar eran carne, leche, frutas y verduras y hoy es menos del 50 por ciento. Para decirlo de manera brutal: se están comiendo fideos, harina y arroz y poca leche, carne, frutas y verduras”, graficó Arroyo.
La mesa de trabajo especializada fue creada para orientar el consumo alimentario, con especial atención en niños, niñas y adolescentes y demás grupos vulnerables. Una de las iniciativas apunta a la comunicación y promoción de prácticas alimentarias saludables, con hincapié en los sectores productores de la economía popular, pero también con un abordaje sobre las clases medias, que también recurren al mal consumo. El 16 de octubre será una de las fechas clave, ya que coincidirá con el Día Mundial de la Alimentación.
En esa línea, los integrantes de la comisión coincidieron en profundizar la vigilancia, investigación y la evaluación de la nutrición de la población como mecanismo para prevenir enfermedades, bajo la observación tanto de la dimensión “social” como la “biológica”, como la talla y el peso de las personas.
Por lo tanto, se concluyó en elaborar instrumentos para optimizar las elecciones a través de la capacitación en escuelas técnicas y rurales, entre otras instituciones, como el control de los proveedores escolares. “Los alimentos ricos y que rinden más y que son elegidos la población o los puede consumir no suelen ser los más saludables”, señalaron desde la cartera de Desarrollo Social.
La oferta de alimentos, entre dos visiones
De los tres encuentros, la comisión que enfrenta las visiones más disímiles fue la de “Producción y comercialización de alimentos para la soberanía alimentaria”, la última que se llevó en la semana pasada. El eje involucra a los miembros de las organizaciones sociales, de la economía popular y la agricultura familiar, con las cámaras alimenticias privadas, que controlan la cadena de la comercialización.
El punto de partida del cónclave fue el consenso de que el país está en condiciones de ser un gran productor de alimentos. En tanto, el déficit palpable es que esa producción no alcanza a garantizar la alimentación adecuada a toda la población.
Sin embargo, las diferencias de cosmovisión parecen ser antagónicas entre los actores en juego. Los representantes de sector agroindustrial, entre ellos Miguel Acevedo, de la UIA, y Diego Cifarelli, de la Federación Argentina de la Industria Molinera, escucharon las críticas sobre la “monopolización” en la producción, manufactura y comercialización de los alimentos. Además, se coló la discusión ambiental, ya que se problematizó la destrucción de los “socioecosistemas” con agroquímicos, factorías porcinas e incendios con el cual suelen ser apuntadas los sectores privados.
En esa línea, los productores de la agricultura familiar y de la economía popular tienen la ambición de competir con las grandes firmas en las góndolas de supermercados y otros puntos de abastecimiento. Sin embargo, para ello deberán sortear dificultades técnicas. Es que gran parte de los movimientos sociales que tienen sus emprendimientos productivos producen a pequeña escala y pueden no cumplir exigencias fitosanitarias exigidas. Ese problema les impide ser una opción de consumo en la mesa familiar.
Desde el inicio de la gestión, la cartera de Desarrollo Social y el gobierno de Alberto Fernández tienen la misión de ampliar la oferta de alimentos y garantizar su distribución con un salto cuantitativo y cualitativo de la producción agroecológica. Desde esa dimensión, descartaron la aplicación de herramientas como la Ley de Góndolas. No obstante, Arroyo volvió a poner sobre la mesa distintas iniciativas, entre ellas:
- El programa “Sembrar”, que tiene un presupuesto de $1000 millones con la posibilidad de ser transferidos a organizaciones sociales, provincias y municipios para incentivar el desarrollo de proyectos vinculados a la agricultura familiar, huertas agroecológicas y también la red de abastecimiento de alimentos.
- La entrega de créditos no bancarios específicos para que los emprendimientos de la economía popular puedan comprar máquinas y herramientas a tasas del 3% anual.
- La adopción de la “Marca Colectiva”, un instrumento para escalar y reunir la producción de pequeños emprendimientos que no están accediendo a la economía formal por encontrarse en una situación de vulnerabilidad social. La herramienta se trata de un signo que permite identificar productos y servicios prestados por sectores de la economía social, de manera que sea más fácil comercializarlos en el circuito registrado. Además, brinda asesoramiento para los trámites para su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
- La certificación de calidad en los procesos productivos. En un plazo de dos semanas, la cartera de Arroyo comenzará con el financiamiento de esta línea para que sectores de la economía popular puedan acceder a una suerte de certificación con normas ISO.
- La creación de 400 mercados centrales, donde los productores locales puedan ofrecer sus elaboraciones de manera directa a los consumidores, sin intermediarios que acrecienten el precio de los alimentos.
En esa línea, una de las tareas que se desprendieron es avanzar en un mapeo con las trabas que existen para comercializar y garantizar la “soberanía alimentaria” en todo el territorio nacional. Y aunque la jerga de los movimientos sociales no coincide con la del sector privado, en el ministerio de Desarrollo Social confían que “hay mucho para avanzar” en materia de complementariedad.
“Hay un compromiso real del sector privado a participar, más allá de las miradas conceptuales diferentes, y mucha disposición en generar encadenamientos productivos entre los sectores”, concluyó Arroyo.
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