Durante los 200 días de confinamiento social por la pandemia el Gobierno quintuplicó el presupuesto social, creó nuevos planes sociales, aumentó la cobertura alimentaria de 8 a 11 millones de personas, las Fuerzas Armadas desplegaron 18.000 operativos de asistencia, se giraron $60.000 millones en ATN a las provincias y hubo un incremento del 800% en la ejecución del gasto social global. Pero los resultados fueron insuficientes: el Indec acaba de anunciar que la pobreza llegó al 40,9% en el primer semestre del año y todo indica que hacia fines de 2020 seguirá escalando.
La parálisis económica generada por la cuarentena creó miles de nuevos pobres en la Argentina a pesar de los esfuerzos del Gobierno por potenciar la ayuda social. Se trata de la clase media baja que quedó expulsada del sistema por la falta de ingresos y la imposibilidad de trabajar.
“Con la pandemia bajamos cinco escalones. Estamos obligados a hacer cambios profundos”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al evaluar los efectos de la pandemia y los 200 días de confinamiento.
En tono de autocrítica, la coordinadora del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, expresó categórica ante Infobae: “Después de 200 días de cuarentena aun debemos recomponer el tejido social e incluir a más de 56.000 personas detectadas las bases del Syntis donde se determina que no tienen ingreso familiar y que quedaron afuera de toda cobertura alimentaria”.
En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social ya destinó 150.000 millones de pesos en programas de asistencia alimentaria y se utilizó un 150% el presupuesto anual. En comparación con todo 2019 el Estado destinó en ayuda social cinco veces más que los $28.000 millones para programas alimentarios en todo el año pasado.
Al 31 de agosto se inyectaron $80.000 millones para atender sólo los programas alimentarios concentrados en la Tarjeta Alimentar y los comedores escolares. A esto hay que agregarle $70.000 millones de programas de asistencia a la primera infancia y los planes de empleo. Además, está prevista la ampliación presupuestaria que definió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para lo que resta del año en términos de fondos para asistencia social que sumarán al final del año $230.000 millones. Es decir, que en 2020 se habrá invertido ocho veces más de fondos sociales que en todo 2019.
Los fondos de asistencia social que se incrementaron en medio de la pandemia no contabilizan las partidas de los nuevos programas sociales creados especialmente para atender a la población en la pandemia en los sectores medios con el IFE o el complemento salarial de los ATP.
El IFE llegó a 9 millones de familias, a los monotributistas de categoría más baja, y al mundo de la informalidad y las changas. Un millón son jóvenes de 18 a 24 años. Y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el pago del 50% del salario privado fue muy importante sobre el impacto en la pobreza. En agosto fueron 1,4 millón de empleados de empresas privadas cobraron parte de su sueldo a través de la Anses.
En relación a la ayuda social para la pobreza en el marco de la pandemia se aumentó el reparto alimentario desde marzo hasta ahora de 8 millones a 11 millones de personas.
Según datos oficiales, el comparar entre todo el año 2019 y el primer semestre de 2020 se registra un crecimiento del 800% de ejecución de gastos globales. Esto es, en el módulo asistencia directa un aumento del 89%, en el programa PROHuerta un incremento del 224%, en comedores escolares aumentó la ayuda en un 218% y en comedores comunitarios los fondos se elevaron en un 150%.
Hasta el momento se invirtieron $85.000 millones en políticas alimentarias de los cuales $67.000 millones fueron para la tarjeta alimentar que llega a 1.700.000 familias. Además, el programa sembrar soberanía alimentaria cuenta con un presupuesto de $1.000 millones de pesos asignados.
Claro que no todo fue suficiente para frenar la pobreza en aumento y la respuesta del Estado en medio de la cuarentena muchas veces resultó tardía. No sólo esto: el resultado fue un 40,9% de pobres que informó el Indec para el primer semestre del año. El presidente Alberto Fernández dijo que “los resultados de la pobreza serían infinitamente más negativos si el Estado no hubiera auxiliado”.
Consejo contra el hambre
El tan anunciado Consejo de Argentina Contra el Hambre tuvo una reunión en diciembre y otra en marzo, pero las medidas de aislamiento toda su actividad se canceló. Sí hubo en agosto una reunión virtual en la que se organizaron comisiones de trabajo que recién empezaron a trabajar la semana pasada.
Con el foco puesto en garantizar la cobertura y el acceso a los alimentos, el Consejo de lucha contra el hambre realizó la semana pasada el primer encuentro de las comisiones “calidad y educación nutricional” y “producción y comercialización de alimentos para la soberanía alimentaria”.
Allí confluye la tarea del Estado, los movimientos sociales, las iglesias, los gremios y empresarios. Se espera que hacia adelante se instrumenten mecanismos coordinados de ayuda alimentaria desde este Consejo y hay previsto para el presupuesto 2021 un programa de política de atención hacia la infancia con un presupuesto global de $873.000 millones.
En medio de la pandemia, el Consejo de Políticas Sociales que lidera Tolosa Paz organizó el traslado de 18.000 litros de agua embotellada donados a los hospitales de Campo de Mayo, Militar Central, Naval y Aeronáutico Central. Se concretó la entrega de donaciones a la parroquia San Juan Bosco donde se da de comer a 1.000 personas por día y también lo mismo al Arzobispado de Quilmes con Monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas. Además, se ejecutó un nuevo protocolo de medidas preventivas ante el Covid-19 diseñado para aplicar específicamente en cocinas y comedores comunitarios.
Este Consejo de Políticas Sociales entregó desde el inicio de la pandemia 500.000 unidades de alimentos y productos de limpieza e higiene personal en Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. Y la entrega de donación de 1.000 kilos de frutas y calzados para niños y niñas en el barrio José Luis Cabezas de la localidad de Ensenada, entre otras cosas.
Desde las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, puso en marcha todo un operativo de asistencia los comedores escolares en más de 10 provincias. El Ejército desplegó la “Operación General Belgrano” con 18.600 acciones en diferentes puntos del país para distribuir alimentos durante 192 días. Hubo 107 vuelos de asistencia humanitaria, 3.500 tareas de apoyo sanitarias, 497 tareas de ampliación de infraestructura sanitaria, se entregaron 1,9 millones bolsones de alimentos y 9,4 millones de raciones de comida caliente.
“Esta es una muestra de que las Fuerzas Armadas estuvieron a la altura de las circunstancias en un momento difícil para el país. Los médicos, enfermeros y paramédicos de los hospitales militares están a disposición en la crisis”, dijo Rossi.
En paralelo a la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo de Políticas Sociales o el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio del Interior, Eduardo De Pedro distribuyó $40.000 millones en ATN para las provincias. Y el mes que viene entregará otros $20.000 en lo que resta del año. Se trata de ayudas especiales para la emergencia y la atención a sectores vulnerables que se distribuyen en función al índice de coparticipación de impuestos de las provincias.
Además, está contemplado un giro de otros $60.000 millones desde el Ministerio de Economía que responde a programas de asistencia social e infraestructura que se desprende de créditos del BID y el Banco Mundial.
Los gobernadores mantuvieron un contacto permanente con el presidente Alberto Fernández para expresar sus reclamos, articular la ayuda de la Nación y alertar sobre inconvenientes a la hora de asistir a los sectores más vulnerables. El Ministerio de Desarrollo Social informó que las provincias que más ayuda recibieron durante la cuarentena prolongada fueron Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos ejemplos de este reparto. Desde Chaco, por ejemplo, el gobierno nacional asistió a través de programas relativos a Salud, Transporte, apoyo a beneficiarios, sumando alrededor de $17.000 millones. En Córdoba el Ministerio de Desarrollo Social recibió $ 15 millones de pesos para módulos alimentarios en el marco de la emergencia y en los próximos días estarán sumándose otros 15 millones de pesos. Y en Santa Fe se entregaron 110.000 Tarjetas Alimentar por $550.000.000 mensuales, además de los bonos de la AUH para 275.000 beneficiarios. Y entre el IOFE y los programas de AUH se giró a esta provincia $ 19.372.000.000.
Deudas pendientes y la salida
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, remarcó que el Estado gastó en lo que va de la pandemia casi el 8% del PBI para los programas de asistencia y subrayó: “Todo esto no fue suficiente. Los más importante de esto es que no se sale con más planes sociales sino con más empleo y reactivación de la economía. Se sale con más recuperación y mayor inversión en materia de obra pública y programas activos de empleo y no en una renta básica universal”.
Para esto, Salvia cree que en el futuro inmediato habrá que implementar “más reglas claras” para promover la inversión. “Es importante generar una economía con reglas claras que permita generar un clima de inversión para generar empleos. Todo esto implica tener un plan y un horizonte más claro”, añadió ante Infobae.
Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano, Agustina Haimovich y Ana Rameri emitieron un documento de balance sobre la situación de la pobreza en medio de la pandemia. Allí los investigadores revelaron: “Es evidente que el sostenimiento de la situación de emergencia social exige redoblar las medidas dispuestas. El impulso de la contención social y productiva por parte del Estado fue muy importante y efectivo al inicio de la pandemia, aunque comienza a notarse cierta pérdida de impulso en los meses posteriores, sin haber sido resuelto el problema epidemiológico y ante la evidencia de fuertes limitaciones para la reanudación de la actividad económica con una demanda planchada”.
En este sentido, los investigadores del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas creen que “es inevitable entonces concluir que, si bien la intervención del gobierno fue activa, ésta fue insuficiente”. Entre las limitaciones más importantes que destacaron señalan el carácter bimestral que ha adquirido el IFE que se disponía en principio a ser una transferencia mensual de $10.000 pero que en la práctica transfirió a lo sumo $5.000, valor que por otra parte apena cubre una porción muy mínima de una canasta básica.
En tanto, un informe reciente que dio a conocer CIPPEC reveló que las medidas que tomó el Gobierno para frenar la pobreza en la pandemia impactaron en las cifras de pobreza. “De acuerdo a las estimaciones del documento, sin las transferencias implementadas por el gobierno, la tasa de pobreza en el primer semestre de este año podría haber aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando a 43,5% de la población”.
De esta forma, CIPPEC señaló que la tasa de pobreza en menores de 18 años se incrementó en el primer semestre de 2020 de 52,6% a 58,9%, lo que significa que hay cerca de 850 mil nuevos niños/as y adolescentes viviendo en la pobreza. Pero alerta que sin las transferencias que hizo el Estado en ayuda social se estima que el efecto de la crisis sanitaria sobre la niñez hubiese sido mayor, alcanzando a 60,4% de los niños, niñas y adolescentes.
En el corto plazo, el documento de CIPPEC destaca que “urge mitigar los efectos de la crisis con políticas de transferencias monetarias que sin dudas sostendrán un papel central dada su probada capacidad de amortiguar el efecto de la caída de los ingresos en los hogares más pobres”.
Un eje estratégico destacado por esta ONG apunta a fortalecer las transferencias a los hogares con niños/as y adolescentes, hasta tender a un ingreso universal para la infancia. Además, será imprescindible avanzar en la transición de las políticas de ingresos por la emergencia hacia un esquema que dialogue con la paulatina recuperación de la actividad y las condiciones fiscales y, al mismo tiempo, permita asegurar pisos de protección social.
La consultora Ecolatina también elaboró un documento de análisis sobre la ayuda social del Estado durante la cuarentena en el que señala que la continuidad del IFE posibilitará a más familias salir de la pobreza en tanto sus miembros vuelvan a ocuparse (aunque sea bajo la informalidad o como cuentapropistas).
Sin embargo, Ecolatina advierte que la reversión de la actual situación de pobreza no será total. “El rebote de la economía luego del piso de abril parece haberse diluido, la situación sanitaria está lejos de ser controlada (especialmente en el interior del país) y el creciente riesgo cambiario jaquea la recuperación de la economía”.
Esta dinámica da lugar a varios interrogantes apunta el informe: “¿cuánto tardaremos en volver -a los elevados- niveles de pobreza pre-Covid-19? y ¿Cuándo lograremos bajar sostenidamente la pobreza a un dígito y erradicar la indigencia?”. Nadie puede responder aún estos cuestionamientos. Por ahora se vive en emergencia y la cuarentena de 200 días no parecería haber llegado a su final.
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