El oficialismo tenía garantizados los votos para aprobar el convenio que fija las partidas nacionales para la Ciudad en materia de seguridad en $ 24.500 millones. El debate dado por Juntos por el Cambio para defender los recursos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta estaba destinado al fracaso. Aunque la oposición considera ilegítima la sesión y el protocolo de funcionamiento remoto sus senadores ocuparon dos horas y diecisiete minutos para fundamentar su postura. A las 22.10 se desconectaron. A las 22.17 el tablero marcó: 42 votos afirmativos, 0 abstenciones. “Queda aprobado por unanimidad”, anunció la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala ante la ausencia de los opositores.
Martín Lousteau (Evolución-UCR) acusó al oficialismo de no escuchar opiniones en comisión, sino de buscar imponer el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias no Federales Ejercidas en la Capital: “Ustedes piensan que castigan al Jefe de Gobierno o a un distrito políticamente esquivo, pero castigan a millones de argentinos”. Algo parecido dijo la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) que calificó la iniciativa como “un atropello del kirchnerismo”. “Estamos en contra de este proyecto porque lo que se le hace hoy a CABA se lo van a hacer al resto de las provincias, que es creer que los recursos le corresponden a la Nación sin respetar las autonomías provinciales”, criticó la vicepresidenta de la cámara alta. El ex ministro de Economía calcula que al final la proyección de recortes de Nación a la Ciudad definidos por Alberto Fernández podrían alcanzar los $ 40.000 millones.
En el amparo presentado por la Ciudad ante la Justicia se indicó que el monto previsto de la coparticipación federal de impuestos con destino al gasto en Seguridad no alcanza a cubrir la totalidad de sus necesidades: $ 75.819.974.263.
Lousteau, que en el 2015 enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta en primera y en segunda vuelta como candidato a jefe de gobierno por ECO, fue su más consistente defensor: “Ustedes piensan que castigan al Jefe de Gobierno, que castigan a un distrito políticamente esquivo, pero castigan a los 3 millones de argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, castigan a los 3 millones de argentinos que trabajan, se educan, atienden su salud o transitan diariamente en la Ciudad, y castigan a los 7 millones de argentinos que visitan la Ciudad”. “El Presidente decidió sacarle la plata a la Ciudad”, se lo oyó molesto. Y sobre el fondo para la gestión de Axel Kicillof sostuvo que “la provincia de Buenos Aires es una provincia a la que ya le dieron mucho más que a otras, le dieron casi lo mismo que al resto de las 23 provincias en lo que va del año, pero si la gestión no es buena, el dinero se escurre por todos lados”. Y remarcó que “muchos argentinos vieron como una de las mejores señales políticas las fotos repetidas del Presidente, el Jefe de Gobierno y el Gobernador trabajando juntos, pero ese día, el Presidente decidió romper en pedazos esa foto, lo hizo en el medio de la emergencia sanitaria, en el medio de la emergencia política y social”.
Del otro lado el también ex candidato a jefe de Gobierno, Mariano Recalde, asumió la defensa del convenio que implicará un recorte en la coparticipación porteña, fija las partidas y la forma de actualización. Dijo que los recursos no fueron a los porteños y presentó una larga lista de ayuda social y financiera de la Nación durante la pandemia. “La Ciudad necesita una gestión que piense en los que más necesitan, necesita una reparación histórica de los que viven en la zona sur de la Ciudad, tantas veces postergados”, concluyó.
Como Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, también viajaron desde sus provincias Julio Martínez (La Rioja) y Humberto Schiavoni (Misiones) con la expectativa de poder sentarse en sus bancas. “Tenemos que trabajar en serio estos problemas. La ley de coparticipación federal es una herramienta más en el diseño de este país que necesitamos hacerlo entre todos. Por eso la importancia del diálogo”, reclamó el misionero jefe del bloque del PRO.
Gladys González, senadora bonaerense pero ex funcionaria de la Ciudad, apeló a la herencia de Mauricio Macri al asumir como jefe de gobierno: “Yo ví lo que recibimos, gente que en el edificio del Plata esperaba 5 o 6 horas para hacer un trámite” y señaló los cambios que hizo “una buena gestión” y que “quiero para mi provincia”. Justificó su postura, en contra de la quita a la Capital que irá a un fondo para Buenos Aires: “Defiendo los fondos para mi provincia pero nunca lo voy a hacer en detrimento de otra jurisdicción”. “Esto es un parche, no resuelve el problema”, agregó a su turno Esteban Bullrich, el otro senador por Buenos Aires y ex ministro de la Ciudad.
Desde el Frente de Todos en cambio se oyeron más discursos de los habituales, pensados como muestra del apoyo de las distintas provincias a la ley. En el inicio argumentaron María de los Angeles Sacnun, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, y Carlos Caserio, presidente de Presupuesto. El puntano Adolfo Rodríguez Saá habló sobre “los enormes privilegios que ha tenido Buenos Aires” y el rionegrino Martín Doñate consideró que “este debate es poner las cosas en su lugar desde lo jurídico, desde lo institucional, desde lo político y acomodar un poco los graves desequilibrios que hemos sufrido en el desarrollo de nuestra historia, en esta hermosa Argentina que se pretende federal”.
A diferencia de Gladys González el senador bonaerense del Frente de Todos Jorge Taiana destacó que “hace años que la Provincia de Buenos Aires viene perdiendo recursos en relación a la coparticipación pero fue con la pandemia que se agudizaron la desigualdad y los problemas estructurales que arrastra la Provincia por la falta de recursos”.
Taiana dio su discurso desde una banca después de que el Frente de Todos votara una modificación al protocolo de funcionamiento remoto (que Juntos por el Cambio rechazó y consideró inválida) y que habilitó la presencia física de dos senadores por cada interbloque. "A la Ciudad de Buenos Aires se le ha dado casi el triple de los recursos necesarios para pagar esa seguridad que se estaba transfiriendo. Fue un premio para la ciudad y un arrebato hecho por Macri, quien le otorgó miles de millones por debajo de la mesa a Rodríguez Larreta sin dar explicaciones y sin enviarlo al Congreso. Lo hizo a escondidas porque sabía que esa maniobra no iba a prosperar”, reprochó Y continuó “esa plata no se la dio a los porteños. Se la dio a Horacio Rodríguez Larreta, su socio político, retribuyendo los favores de la campaña presidencial.”
“No nos amenacen con per saltum y amparos, estamos ejerciendo la potestad que la Constitución le da al Congreso de la Nación, vamos a darle a la CABA lo que le corresponde para que haya seguridad para todos los ciudadanos” , dijo el catamarqueño Dalmacio Mera. “Cuando no hay fundamentos, los actos son arbitrarios. Lo que estamos haciendo aquí es cuantificar lo que le corresponde a CABA. No queremos reeditar ninguna vieja pelea y antinomia, no hay ningún problema con CABA ni con sus vecinos”, señaló en respuesta a la oposición.
Hubo 28 oradores, muchos con voces categóricas, incluso el debut de algunos senadores que nunca hablan. Fue el caso del chaqueño Antonio Rodas que se refirió a la oposición como “Juntos por la Mentira”. Denunció además que durante el gobierno de Mauricio Macri “nos hacían sacar los carteles de las obras del gobierno de Cristina Kirchner para poner los carteles del Plan Belgrano, el plan inexistente”. Y acusó a ese interbloque opositor: “Buscan desestabilizar”, arrancó eufórico para luego advertir que “vamos a defender la democracia hoy, mañana y por siempre. Nunca nos van a vencer".
Lo siguió en la lista de oradores del entrerriano Alfredo de Angeli que se mostró sorprendido: “La verdad no lo había escuchado nunca al senador del Chaco, un discurso encendido hizo” y cuestionó el proyecto de transferencia porque “quieren empobrecer a la ciudad de Buenos Aires”.
Sobre el final, así como los bonaerenses del PRO defendieron a la Ciudad y cuestionaron el fondo que se constituirá para su provincia, el porteño Mariano Recalde, también ex candidato a jefe de gobierno, cuestionó el traspaso macrista “que no se ha hecho por una ley del Congreso, sino por un decreto de Macri. Estamos corrigiendo una transferencia mal hecha”.
“Es inconstitucional, infundada y excesiva” subrayó sobre la falta de datos respecto a los recursos necesarios. “Y además es inequitativa”, concluyó y apuntó que “las políticas de Mauricio Macri siempre fueron para los más ricos y sus decisiones siempre favorecieron a la ciudad más rica”. “¿Macri hubiera enviado esta cantidad de recursos si la Ciudad estuviera gobernada por alguien de otro signo político”?, continuó y explicó por qué votaría en contra del decreto de transferencias macristas. “Es un error” dijo sobre la posibilidad de que haya menos recursos para “el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”. “No llegaron, una cosa es lo que recibió el gobierno de Larreta y otra muy distinta es cómo llegaron al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que aumentaron en estos cuatro años fueron los gastos en pago de intereses de la deuda”, advirtió y enumeró una lista de "gastos superfluos e innecesarios que le sacan a los porteños para darle a sus amigos” en el tiempo de pandemia como gastos de consultoría, barbijos con sobreprecios, veredas en Costanera, equipamiento deportivo para disciplina de tiro deportivo, entre muchos otros. Por el contrario dio las cifras de la ayuda social y en concepto de ATP, por ejemplo, de la Nación a los porteños.
El Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires se suma al decreto presidencial que redujo en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la vía de un decreto.
El texto establece en $24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses. La actualización se hará a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.
Esta vez no hubo roces con Cristina Fernández de Kirchner que sólo estuvo en el inicio de la sesión y luego se retiró. Volvió a las 22.18 para el tratamiento del Régimen de beneficios para la Economía del Conocimiento.