Alejandro Vanoli, ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello en la causa en la que se investigaba el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, luego de que habilitara a millones de jubilados a concurrir a los bancos a cobrar haberes previsionales el 3 de abril pasado, cuando aún regía la fase más estricta de la cuarentena por el coronavirus.
El expediente se inició por una denuncia de la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, contra Vanoli y Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por haber permitido la apertura de los bancos en todo el país en aquel entonces. La medida se tomó para que las personas pudieran cobrar sus haberes ya que muchas lo hacían en efectivo y los bancos estaban cerrados desde el inicio de la cuarentena.
Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello, interinamente a cargo del Juzgado Federal número 12, donde está radicada la causa, dispuso el sobreseimiento. En la resolución judicial reseñada por la agencia Télam, el juez Casanello determinó ahora que “no se vislumbra, a la luz de las constancias objetivas del expediente, un actuar delictuoso por parte del ex director ejecutivo de la Anses”.
En esa línea, el magistrado, que tomó a su cargo el juzgado federal que encabezaba el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, resaltó que “el estudio integral de los elementos probatorios aunados al presente expediente permite resolver de manera definitiva, la situación procesal” del ex funcionario. En ese sentido, dispuso que “habrá de otorgarse credibilidad a la versión desincriminante brindada” por Vanoli “frente a la hipótesis acusatoria, por lo que deviene como resultado necesario adoptar la solución liberatoria”.
El 3 de abril último la presencia de gente en los bancos fue masiva, lo que significó un riesgo epidemiológico por el coronavirus. Hubo colas de cuadras en muchas entidades y personas mayores esperaron desde la noche anterior a que se abran las puertas. Para ese entonces, incluso, la temperatura ya había bajado notablemente. Recién comenzaba el otoño. El uso de barbijo todavía no era obligatorio. Pero ninguna autoridad tomó medidas para que se respetara la distancia social recomendada.
Ante las aglomeraciones y filas muy numerosas, en las que no se respetaba el distanciamiento social dispuesto como medida preventiva frente a la pandemia de coronavirus, el Banco Central dispuso que las entidades abrieran sus puertas durante el siguiente fin de semana.
El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, en un dictamen entregado oportunamente a Canicoba Corral, había pedido citar a Vanoli por presunto “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por no haber implementado medidas para evitar las aglomeraciones masivas ese día, cuando se reabrieron los bancos.
“El entonces director de ANSES generó, con su accionar, que millones de personas (y muchas de éstas mayores y en grupos de riesgo) se movilicen de sus hogares, sin tomar las debidas precauciones para ello, ofreciendo posteriormente unas disculpas por su gestión”, explicó Marijuán en su dictamen.
Marijuán entendió que Vanoli cometió una serie de irregularidades por las que debía ser indagado ya que se podía haber previsto una mejor organización. Primero señaló que el organismo sabía que 5.625.725 personas estaban en condiciones de ir el 3 de abril a los bancos ya que sus haberes se habían acreditado en las cuentas entre el 20 de marzo y el 2 de abril.
Para el fiscal -según su dictamen- “está demostrado que el Director de ANSES contaba con la suficiente información para presumir que ante la apertura de los bancos y luego de que éstos se encuentren cerrados por un período mayor a una semana, la cantidad de gente que se movilizaría para percibir sus beneficios sería muy alta, así como también que dentro de ese número de personas se encontraban muchos jubilados, los cuales se sabía que la mayoría de ellos utilizaba la metodología de cobro presencial”.
Casanello, en los fundamentos de su resolución, expuso que “deviene verosímil lo alegado por Vanoli en relación a que estudios del Banco Central” concluyeron que muchas personas que acudieron ese día a los bancos “fueron a realizar operaciones que no se encontraban autorizadas (extracción de dólares, plazos fijos, inversiones, etc)”.
Desde el Gobierno, en cambio, no creyeron que hubiera circunstancias atenuantes: el 29 de abril le pedían a Vanoli la renuncia al cargo.
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