La secuencia de la semana que termina anticipa lo que viene. Alberto Fernández salió a buscar respaldo empresarial para traducirlo en confianza y oxígeno necesarios no como base de un plan económico de largo aliento, sino para la coyuntura que impone frenar el drenaje de dólares y mejorar las reservas del Banco Central. En esa línea fueron los últimos anuncios oficiales, pero antes y después estuvieron a la vista las batallas que se fabrica el propio oficialismo y riegan inquietud en todos los frentes: la decisión de la Corte Suprema por el caso de los tres jueces desplazados de sus cargos y el avance del proyecto de ley para podarle más fondos a Horacio Rodríguez Larreta. Lo que viene no es diferente: dólar, visita del FMI, tensión política.
Lo que ocurre con el dólar expresa a su manera parte del problema. Un economista y político, con experiencia suficiente para evitar dramatismo y mirada parcial, explica así el tema: la brecha cambiaria no estaría aludiendo como cada tanto a una cuestión exclusivamente técnica y de retraso del dólar oficial, sino que combinaría los efectos de desequilibrios macroeconómicos y la fuerte conflictividad política. Esto último, entendido no como disputa tradicional sino como un factor extremado que conspira contra la confianza y la credibilidad.
El punto que asoma cada vez más claramente es el riesgo de esa línea cerrazón en la coalición oficialista. Una orientación que se afirma, de manera contradictoria, en medio de la crisis económica y social agravada por la cuarentena, agotadora, con desgaste evidente en la figura presidencial pasada la primera etapa del aislamiento con consenso social frente la coronavirus. Esa preocupación, en general con los cuidados del caso, apareció en algunas de las citas que acaba de reeditar Alberto Fernández con empresarios, según circula en medios políticos.
Se trataría de la centralidad del poder. No muchos lo plantearían de manera directa. Pero abundan los eufemismos o indirectas. De un lado, preguntas sobre la orientación económica concreta y los planes que se demoran, pasado ya el acuerdo con los acreedores externos y en la antesala de las negociaciones con el FMI. Del otro, las referencias a un capitalismo productivo y el hecho mismo de las conversaciones con empresarios que no encajan en el imaginario del kirchnerismo duro.
La lectura más cruda señala que en el centro se ubica un contexto que no da tregua. Los hechos que marcaron la semana y que se proyectan para los días que vienen exponen la ofensiva sobre la Justicia y el quiebre de puentes con la oposición, que parecía un capital del Presidente. Achicado de ese modo el terreno externo, las miradas se concentran en la interna del poder político. Y todo se tiñe de tensiones.
El Gobierno comenzará la semana que viene a conversar formalmente con el FMI. Todavía no parece claro el tipo de acuerdo que se pretende, aunque se iría hacía un formato de facilidades extendidas, y el Gobierno sostiene que no entra en su cálculo solicitar crédito sino sólo refinanciar. Se verá, en cualquier caso, en base a qué compromisos. La perspectiva de volver a negociar con el Fondo alimentaba las expectativas de ver perfilado un plan concreto. No está a la vista y hasta el momento sólo es señalado el proyecto de Presupuesto 2021, con algunas pinceladas de ajuste, dudas sobre números proyectados en rubros sensibles y hasta retoques en programas sociales, si se miden en relación con el PBI estimado.
Antes que todas esas consideraciones, las tratativas con el Fondo como hecho en sí mismo eran colocadas en el plano de las expectativas para mejorar el llamado “clima de negocios”. Por ahora, no generó demasiado efecto. En ese sentido, hay otros ejemplos de menor impacto al esperado y quizá el principal sea el acuerdo con los bonistas. Otro síntoma de las dificultades que provocaría la pérdida de chances de acuerdos políticos y la creciente disputa con la oposición.
La escalada en la relación con la Justicia es otra pieza en el mismo paño. Y refiere también a la situación doméstica del oficialismo. El martes pasado, la Corte aceptó el per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y del juez Germán Castelli, los tres desplazados de sus cargos. Eso generó enorme enojo en el Gobierno, aunque la respuesta crítica quedó restringida al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, de alineamiento directo con Cristina Fernández de Kirchner.
No hubo otra reacción de funcionarios. Por supuesto, podía interpretarse como un gesto razonable para descomprimir el clima y a la espera de la decisión de fondo sobre el reclamo de los jueces. Pero en clave de interna, también podía ser entendido como una toma de distancia del Presidente frente a CFK. Alberto Fernández decidió responder en los dos planos: Santiago Cafiero fue el encargado de expresar presión a la Corte y de disipar otra vez y de hecho especulaciones sobre alguna distancia con la ex presidenta.
Para cerrar la semana, pero no la espiral conflictiva, el oficialismo impuso en el Senado el proyecto de nueva poda de recursos a la Capital, con un ajuste sobre el rubro de seguridad. Fue el punto máximo de una sesión dura, bajo la conducción de CFK, que incluyó un debate también denso sobre la restricción a la presencia de senadores en el recinto. Difícil esperar que quede reducido como lectura política a una anécdota parlamentaria.
El proyecto pasa a Diputados, que suma renglones a un temario nada sencillo: reforma de la justicia federal, Presupuesto, impuesto a las grandes fortunas. Pero además, se sabe, desde antes genera oleaje el decreto presidencial que dispuso un recorte de unos 40.000 millones de pesos anuales. El reclamo porteño ya está planteado en la Corte Suprema. La poda de recursos a Rodríguez Larreta es casi una expresión de la dimensión de los frentes que se entrecruzan en estas horas. Vuelta al dólar y a la economía: no son asuntos a resolver en el mejor de los mundos.
Seguí leyendo: