Para el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, la palabra clave es “amortiguación”. El fuerte empeoramiento de los niveles de pobreza, que alcanzaron el 40,9% y 56,3% en los niños más de hasta 14 años en el segundo trimestre del año de acuerdo a los últimos datos oficiales, fue la versión matizada de la “crisis devastadora” que significó la pandemia y la cuarentena preventiva.
En diálogo por viodeollamada con Infobae, Arroyo apuntó que la prioridad de su cartera son los “nuevos pobres que cayeron en la pobreza por la pandemia ” y que la velocidad del desplome económico “no tiene precedentes en tan poco tiempo”. Son 18,5 millones de personas que no logran cumplir las necesidades básicas. “Tenemos que hacer un cambio estructural profundo de la política social”, alienta.
—Hace unos días se confirmó que contrajo coronavirus. ¿Cómo se encuentra de salud?
—Estoy bien. Los primeros tres días tuve fiebre, me subía y me bajaba con paracetamol. Ya son más de cinco días que estoy sin fiebre. Estoy un poco cansado y me agito, funciono a media maquina. Pero la verdad que tengo síntomas leves.
—¿Cuál es el primer balance ante el aumento de pobreza en estos meses de pandemia?
—Los datos del INDEC marcan tres realidades. Primero: los nuevos pobres que cayeron en la pobreza por la pandemia. La primera tarea que tenemos es rescatarlos, son los que no tienen problemas de vivienda o se quedaron sin trabajo ni changas. En segundo lugar marca la pobreza estructural, donde el el desafío es de urbanizar 4000 barrios para los 4 millones de argentinos. Y el tercero es el dato más duro: el 56% de pobreza en los niños de 0 a 14 años. Hay mucho para encarar para que los chicos estén en las salas de 3, 4 y 5 años. Hay que hacerlo obligatorio y extender los jardines maternales de 45 días a 2 años. En un contexto donde ha habido mucha política social, hemos podido amortiguar en parte la caída, pero está claro que la nueva pobreza en la pandemia es la primera tarea que tenemos por delante.
—Hubo muchos procesos en Argentina que representaron saltos de pobreza e indigencia en nuestra historia. ¿Hay algún precedente que en tan poco tiempo se produzca este deterioro social?
—No hay precedente en tan poco tiempo. Entre 2001 y 2002 llegamos a tener un 57% de pobreza, 28% de desocupación y un 60% de trabajo informal. Pero fue un proceso que arrancó en el 1998 y se fue extendiendo. Ahora venimos de cuatro años de un empeoramiento indudable de la situación, pero la pandemia cambió todo. En el primer trimestre venía bajando la pobreza cuando pusimos en marcha la Tarjeta Alimentar. El segundo trimestre fue el de mayor cierre de la actividad, donde cayó 19 puntos del PBI y la desocupación subió al 13 por ciento. Nunca tuvimos una caída tan profunda en un trimestre, es algo que no se dio nunca y es un hecho a nivel mundial, pero hemos tenido peores situaciones sociales. Está claro que hemos aprendido del 2001. El año pasado, la asistencia alimentaria fue de 28 mil millones de pesos y nosotros al 31 de agosto ejecutamos 80 mil millones. Hay muchos más recursos del Estado y una mayor red social con las iglesias, las organizaciones sociales y el sector privado.
—¿Tienen relevado cuántos puntos hubiesen aumentado la pobreza y la indigencia sin todo el despliegue despliegue de política social?
—Es difícil arriesgar un número. Tiene que ver con la línea de pobreza, pero hubiese pegado un salto muy significativo si no hubiéramos tenido la red de contención del Estado.
—El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a gran parte del universo en el que interviene su ministerio. ¿Cómo evalúa su implementación? ¿Fue eficaz?
—Tres políticas mostraron su eficacia. El IFE llegó a 9 millones de familias, a los monotributistas de categoría más baja, y al mundo de la informalidad y las changas. Un millón son jóvenes de 18 a 24 años. Y ha sido eficaz para generar una base de datos que no existía. El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el pago del 50% del salario privado fue muy importante sobre el impacto en la pobreza. Lo único que derrama en Argentina es la clase media al estar asociada al mundo del gasista, del carpintero y de la informalidad. Tuvo un doble rol que fue sostener a las empresas y generar ese movimiento hacia abajo. La tercera política fue la asistencia alimentaria, pasamos de 8 a 11 millones de personas en solo 15 días. Al 31 de agosto, ya ejecuté en el Ministerio el 140% del presupuesto anual, lo que marca la prioridad del presidente Alberto Fernández de empezar por los más últimos. Eso tres programas han conformado un triángulo que han amortiguado los efectos de una crisis devastadora.
—Los beneficiarios del ATP pudieron cobrar hasta 33 mil pesos mensuales y hasta salarios altos llegaron a percibirlo. El IFE, en cambio, resultó una asignación discontinua de 10 mil pesos. ¿No hay en esa diferencia una desigualdad y un despilfarro de recursos que podrían haber sido destinados de otra manera?
—El IFE tuvo muchas dificultades técnicas de entrada y se logró sostener. Seguramente haya mucho para mejorar hacia adelante. Hay un debate en el mundo sobre el ingreso básico universal, lo han hecho Alemania y España, y lo plantea la Cepal y la ONU. Soy de los que creen que ir hacia ahí, pero no hay condiciones fiscales para hacerlo con las restricciones que tenemos. En lo concreto, una porción de la población de Argentina se quedó sin ingresos, como el jardinero que trabajaba en diez casas y solo recuperó cinco, o la empleada doméstica que perdió horas. En ese esquema, la salida tiene que ver con tres ejes que forman parte de una política de reconstrucción. En primer lugar planteamos planes como el Potenciar Trabajo, con el que apuntamos generar 300 mil puestos de trabajo en los próximos meses en cinco sectores trascendentales como la construcción, la producción de alimentos, la economía del cuidado y el reciclado. En segundo lugar, mantener un ingreso de base para las familias que tengan como contraprestación la capacitación en oficios. Y tercero la urbanización de los cuatro mil barrios populares, que va a significar un gran plan de empleo.
—Una buena herramienta para proteger a las infancias ha sido la Asignación Universal por Hijo (AUH), a la que se sumó la Tarjeta Alimentar. ¿Qué sucedió que esta vez no haya funcionado para contener el 56,3% de pobreza entre los menores? ¿Es necesario aumentar los fondos?
—Lo que pasó fue que tuvimos una pandemia única. La AUH son 4 millones de chicos con el beneficio, y la Tarjeta Alimentar son 1 millón y medio de familias a las que se les transfiere una tarjeta con crédito para alimentos. Alcanza a familias con chicos menores de 6 años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad. La AUH es de las coberturas más universales que han podido amortiguar la caída en este conjunto de políticas, y se puede decir que se amplió junto con la Tarjeta Alimentar. Sin dudas, aún hay mucho por ampliar y trabajar.
— Teniendo en cuenta que las frutas y verduras tuvieron una fuerte alza en los precios en estos meses. ¿Cómo se genera una canasta básica nutricional y accesible para la población más vulnerable?
—Cubrimos 11 millones de personas con asistencia alimentaria, pero empeoró la calidad nutricional. Antes de la pandemia, el 67% de las compras de la Tarjeta Alimentar eran carne, leche, frutas y verduras y hoy es menos del 50 por ciento. Para decirlo de manera brutal: se esta comiendo fideos, harina y arroz y poca leche, carne, frutas y verduras. Antes del coronavirus teníamos dos problemas vinculados, el costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias. En esa línea, estamos trabajando mucho con la agricultura familiar, la producción de alimentos y las ferias para acercar el productor al consumidor. Queremos desarrollar 400 mercados centrales y pequeños mercados de frutas y verduras donde esté presente la economía regional. El otro problema del sobreendeudamiento ocurre cuando los sectores medios pagan el mínimo de la tarjeta y no pagan las expensas, y cuando los más pobres toman el crédito en la financiera de la esquina 200% de tasa de interés anual. Por eso armamos un crédito no bancario a una tasa del 3% anual para desendeudar a las familias. Todo esto lo estamos haciendo en conjunto con el programa Sembrar, en el que se destinarán mil millones de pesos para apoyar a pequeños productores de alimentos para que vendan sin proceso de intermediación, que es lo que brutalmente termina subiendo el costo de los alimentos que llegan a las casas de los argentinos.
—Hubo algunas críticas a la Tarjeta Alimentar. Dirigentes sociales plantearon como contrapropuesta que existiera una suerte de transferencia directa monetaria a su uso y discreción. ¿Va a continuar el beneficio tarjeta en los próximos meses y el año que viene?
—Sin dudas va a durar y se va a sostener en el tiempo. No es una transferencia general como la AUH, la tarjeta es una política alimentaria que apunta a la buena nutrición y resolver el hambre, son los dos desafíos centrales. De los 80 mil millones que destinamos a la política alimentaria, unos 60 mil millones dependen de la tarjeta. Con la pandemia bajamos cinco escalones. Aún así, es el mejor instrumento para hacer un seguimiento de la calidad nutricional.
—Llamó la atención la transferencia de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social. ¿Cuál es la explicación de ese cambio? ¿No puede haber una política de vivienda para las clases medias y para los sectores más empobrecidos bajo una misma órbita?
—La Secretaría surge de una ley de 2018 que todos votamos a favor y que permitió la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en la que otorgó un fondo para urbanizar. Según ese registro tenemos 4 millones de argentinos que viven en el siglo XIX, sin accesos a servicios básicos. El pase lo veníamos conversando hace tiempo porque tiene un componente social fuerte, aunque en otros países puede estar en otras áreas. La secretaría no apunta, estrictamente, a la construcción de viviendas, sino la apertura de calles, la creación de espacios públicos, el mejoramiento de casas y todo lo que tiene que ver con la urbanización de barrios que están una situación muy crítica. Tenemos el objetivo de urbanizar 400 barrios por año y llegar a los 4000 en un plazo de diez años. El mejoramiento habitacional queremos enfocarlo en los espacios húmedos, como la cocina y el baño, y el acceso de lotes a servicios. Es una nueva tarea del Ministerio y sobre esa base vamos a trabajar en articulación con los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat, Medio Ambiente e Infraestructura.
—Con estos datos de pobreza, ¿la situación social puede ser peor?
—Lo que se analizó fue el trimestre más duro (abril—mayo—junio) en cierre de actividades. El trimestre que acaba de terminar aún no se midió y ya hubo más actividad económica. La pandemia es compleja. Hubo ciudades como Rosario y Córdoba que ya tenían más movimiento y changas, y de golpe volvieron para atrás por los rebrotes. Es un año muy desparejo y difícil de proyectar. Al haber apertura, en principio esperamos que haya cierta mejora y repunte.
—El gobierno anterior mostraba como bandera sus altos niveles de gasto en el ámbito de Desarrollo Social. En estos meses del Frente de Todos, se multiplicó también la inversión social. Sin embargo, sigue aumentando la pobreza. ¿Está agotado ese modelo?
—Tenemos que hacer un cambio estructural profundo de la política social. Los tres pilares de la reconstrucción son la organización en cinco sectores productivos, un ingreso de base para quienes no lo tienen y la urbanización de los 4 mil barrios, en conjunto con políticas específicas para la primera infancia y los jóvenes. Acá no salimos con pequeños programas y políticas chiquititas. El nivel de deterioro es grande, por lo que requiere de cambios que desde hace tiempo debían ser encarados en Argentina. La pandemia tiene mucho de negativo, convivo con el dolor, la gente la está pasando mal. Pero si hay algo que tiene de positivo es que nos obliga a hacer estos cambios profundos.
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