La Justicia pospuso el desalojo de la toma de tierras de Guernica: deberá hacerse entre el 15 y el 30 de octubre

Luego de un pedido de los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, el juez de garantía número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, pospuso el desalojo de la toma de Guernica y deberá hacerse entre el 15 y 30 de octubre. El fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, se opuso a la medida. De igual manera piensa el abogado Gervasio Pérez Pesado, representante de la firma Bellaco SA, a cargo del emprendimiento inmobiliario San Cirano, cuyas tierras fueron usurpadas.

El pedido se realizó durante la audiencia multitudinaria celebrada este miércoles desde las 12:28. La mayoría de los presentes se mostraron proclives a buscar una salida consensuada y pacífica al conflicto. La propuesta del gobernador Axel Kicillof, rechazada en asamblea por tomadores de las tierras, era que las familias que pertenecen a Guernica serían trasladadas a tierras cercanas dentro del municipio de Presidente Perón. El resto, a sus municipios de origen, como el de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y en menor medida de Quilmes y La Matanza. También estaba previsto otorgar subsidios de 50.000 para la compra de un terreno o, para quienes ya tuviesen uno, la construcción de una vivienda.

La prórroga es un espaldarazo a las gestiones que hasta último momento de ayer venían realizando los funcionarios bonaerenses para consensuar con la mayoría de las familias que conforman la toma. Desde el Ejecutivo provincial se estima que a esa fecha el tema estará solucionado o al menos encaminado. La idea es que sean reubicados en “terrenos con servicios”, una estrategia que por si sola lleva tiempo.

Esta mañana, unas 170 familias, casi el 10% de los allí asentados, ya habían desalojado de manera voluntaria la usurpación al aceptar la propuesta del Estado provincial. Están en desacuerdo con los representantes de la izquierda que ya habían anunciado su intención de “resistir” el desalojo que debía realizarse mañana.

De la audiencia, además de los ya nombrados, participaron, entre otros, el defensor oficial Juan Pablo Stasi, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y del Foro por la Niñez; representantes de la Subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia; y del resto de los integrantes de la mesa de diálogo formada por los representantes de los cuatro barrios en que fue dividida la toma de 100 hectáreas; 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión; y de las organizaciones sociales que participan de manera activa de la usurpación, el Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie y la Corriente Darío Santillán.

El ministro Alak fue uno de los primeros en solicitarle al magistrado la nueva prórroga, esta vez hasta el 14 de octubre. Ese tiempo, argumentó, servirá para conseguir el ansiado “desalojo voluntario y pacífico". También explicó que casi 200 familias ya se habían retirado de manera voluntaria al aceptar la propuesta bajada por el Estado provincial. Además, el funcionario le llevó al juez pruebas de los avances que se realizaron, como la contención a las mujeres que sufrieron violencia de género.

En esa misma línea argumental se expresó el ministro Larroque –sobre quien recae el mayor peso de las negociaciones– y la Gremial de abogados, que representan a los dos imputados por las usurpaciones y son la voz cantante del resto de las familias. En cambio, como ya lo viene manifestando, el fiscal Condomí Alcorta volvió a oponerse.

El primer desalojo compulsivo, que debía llevar adelante la Policía Bonaerense, se debía realizar los días 23, 24 y 25 de septiembre, pero el ministro Larroque solicitó una prórroga de 10 días para continuar con las negociaciones y lograr una “desocupación pacífica” del predio en conflicto.

Mientras se desarrollaba la audiencia en el despacho del juez Rizzo, la UTEP, integrada por representantes de un importante espectro de los movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Evita, cuyos dos principales eferentes, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, son funcionarios del gobierno nacional, emitieron un comunicado que sostenía que “la falta de vivienda no se resuelve con desalojos”. Y le reclamaba al gobierno de Kicillof: “Desde la UTEP llamamos a encontrar una solución pacífica, dialogada e institucional frente a la toma de Guernica donde miles de familias reclaman por el derecho a tierra para vivir. No impulsamos ni formamos parte de la toma de tierras de Guernica pero sabemos que el desalojo nunca es la respuesta. El déficit habitacional que padecen millones de compatriotas se resuelve con políticas de integración urbana, acceso a la vivienda y lotes con servicios de manera urgente”.

El comunicado también expresaba: “La respuesta del Gobierno no puede ser la misma que daría Macri, Patricia Bullrich y la bonaerense en manos de Vidal. El lunes por la noche un compañero de UTEP fue baleado en la misma localidad por miembros de la policía bonaerense y aun se encuentra en estado delicado internado en terapia intensiva. Ya alertamos sobre este accionar y se hicieron las denuncias correspondientes que se están tratando en la UFI N°1 de Presidente Perón por la causa de homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el uso de arma de fuego y funcionario público”.

El viernes pasado, en las instalaciones del la municipalidad de Presidente Perón, a cargo de Blanca Cantero, se reunieron los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados), representantes de Esteban Echeverría y los ministros de Desarrollo de la Comunidad y Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Larroque y Julio Alak.

Juntos analizaron analizaron el problema de la toma, la necesidad de una solución pacífica al conflicto que se generó ante el reclamo de tierra y viviendas y la posibilidad de que la intendencia, con la asistencia de la provincia, compre las tierras para radicar al menos a las 650 familias que usurparon las 100 hectáreas privadas y que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Antes, junto a 14 alcaldes peronistas, se había reunido en la Casa de Gobierno de La Plata el propio gobernador. Allí, entre otros, estuvieron presentes la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el de La Matanza, Fernando Espinoza. Acordaron darle su apoyo y colaborar codo a codo con la alcalde de Presidente Perón.

La decisión del juez Rizzo estuvo precedida de varios días de tensión. Los partidos de izquierda, que según los funcionarios de Kicillof “coparon la toma y las decisiones de las asambleas", ya habían decidido “resistir” el desalojo, y convocaron a un “abrazo solidario” para mañana.

Sergio Berni, el ministro de Seguridad, quien declaró públicamente que había que desalojar el lugar de manera compulsiva, ayer continuaba seleccionando a los más de 500 efectivos que, le confirmó a Infobae, tomarían parte del desalojo, y sumando caballos, cuatriciclos y camionetas 4x4 para moverse dentro del escarpado terreno.

El domingo pasado, Larroque denunció que los grupos de izquierda impidieron que colaboradores de distintos ministerios ingresaran al predio con insumos para las más de 2.000 familias que acampan allí. Eran 1.000 bidones de agua de 6,25 litros, 2.000 envases de alcohol en gel, 25.000 pañales, 2.000 zapatillas de varios números, 10.000 kilos de alimentos (en bolsones de 10 kg), 4.000 frazadas y 6.000 barbijos.

Los dirigentes de los movimientos sociales aseguraron que la acción de los funcionarios bonaerenses era “extorsiva” y que estaba dirigida a “presionar a las familias” para que dejen la toma.

Larroque opinó bien distinto: "“Hay un sector de la izquierda que no quiere el desalojo pacífico. Se arrogan la representación de las personas que están en la toma y politizaron el conflicto. Nosotros presentamos un plan. Ya lo tiene el juzgado, para llevarlo adelante necesitamos un tiempo prudencial, y ellos de manera irracional no están de acuerdo y tensan la situación”.

La ayuda social estaba basada en las necesidades que surgieron del censo que diez días antes había realizado su ministerio sobre las familias allí asentadas y que arrojó los siguientes resultados:

-En la toma de Guernica hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc.).

-Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad. Es decir que casi el 90% están sin trabajo.

Cuando se los consultó sobre las razones por las cuales ocuparon el predio, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.