Toma de Guernica: la Izquierda amenaza con resistir el desalojo y presentó planos para una posible urbanización del lugar

Las organizaciones de izquierda y de algunos movimientos sociales que están detrás de la toma de Guernica, en el municipio bonaerense de Presidente Perón, rechazaron todas las propuestas presentadas por el gobierno de Axel Kicillof -la última incluía comprar tierras para reubicarlos y otorgar subsidios de 50 mil pesos para terminar con la usurpación. Por esa razón se preparan para resistir el desalojo que debería llevarse a cabo mañana, tal como lo dispuso el juez Martín Miguel Rizzo de manera “improrrogable”. Esto es lo que genera mayor incertidumbre entre los funcionarios, que a contrarreloj llevan adelante las negociaciones en la mesa de diálogo creada para el efecto. “La cerrazón de ciertas organizaciones es llevar la situación a un extremo de violencia. Nosotros no queremos pensar mal pero lamentablemente nos están poniendo ante este tipo de reflexiones”, le dijo a Infobae Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Según las estimaciones realizadas en la casa Rosada, que sigue minuto a minuto el desarrollo del conflicto, y de organismos oficiales de la provincia de Buenos Aires, como el ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, los usurpadores que responden a los grupos más radicalizados asentados en el predio de 100 hectáreas “no superan el veinte o el veinticinco por ciento como máximo”, pero, según entienden, lograron tener la representación de las asambleas de los cuatro barrios que componen el acampe y que son 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión.

El análisis de la usurpación realizado por Larroque, afirma que estas organizaciones son el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Partido Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y un sector de lo que sería Libres del Sur vinculado a Humberto Tumini, y algunos otros sectores más pequeños. “Están poniendo en riesgo a las personas que están ahí, Hay cientos de familias con sus derechos vulnerados”, precisó.

El domingo pasado, después de rechazar en las asambleas de los cuatro barrios que conforman la usurpación, se decidieron dos medidas. La movilización que el lunes se realizó sobre la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para exigirle a Kicillof, el “10% de las tierras del emprendimiento inmobiliario de Guernica, que una vez finalizado sería de 365 hectáreas” y una vigilia en el Obelisco prevista para hoy para desembocar en un “abrazo solidario" el jueves 1 al predio para evitar el ingreso de la Policía bonaerense, tal como lo dispuso la justicia.

Este es el extremo que las autoridades provinciales necesitan evitar. Están convencidos que a pesar de todas las precauciones que se tomen, una provocación de los sectores que se manifiestan contra el desalojo podría llevar a algún tipo de enfrentamiento o heridos o aún peor. De hecho, tanto los funcionarios del presidente Alberto Fernández como de Kicillof que dialogaron sobre el tema con Infobae, recuerdan el confuso incidente ocurrido en las últimas horas del domingo en la que fue gravemente herido de bala Leandro Matías Sánchez, de 21 años, un militante social que pertenece a la CTD Aníbal Verón y participa de la toma mientras viajaba en auto junto a otros tres personas.

El joven fue internado de urgencia. Por el hecho, cuatro policías de la Bonaerense fueron acusados de efectuar los disparos. Todo ocurrió en la zona Glew, en el límite con Guernica. La investigación está a cargo de la Policía Federal y del fiscal Juan Condomí Alcorta, el mismo que investiga la ocupación en el barrio Numancia y pide su desalojo.

El ministro Berni, por su parte, a través de la jefatura de la policía bonaerense, busca la mayor cantidad posible de efectivos bien entrenados para llevar adelante el desalojo si no hay una orden en contrario. Serán necesarios más de 500 efectivos, cuatriciclos, caballos y vehículos con tracción en las cuatro ruedas dado lo escarpado del terreno.

Todas las fuentes oficiales consultadas por este medio afirman que la propuesta que realizó el ministro Larroque, y que está presentada en el juzgado, aún sigue en pie y que no se aceptará la propuesta de los partidos de izquierda que presentaron ayer en el juzgado y ante la gobernación. La formula que proponen los funcionarios de Kicillof fue consensuada con los intendentes y con las organizaciones sociales que conforman la mesa de diálogo y que tienen una posición conciliadora y desean abordar el problema de manera pacífica e integral.

La decisión es que los usurpadores que no son de Presidente Perón -la minoría- serán reubicados en sus distritos de origen. La mayoría de estos pertenecen a distritos de proximidad como Almirante Brown -más de 60 familias- y en menor medida de San Vicente, Esteban Echeverría, y algunos, muy pocos de Quilmes y La Matanza.

Estos alcaldes ya tienen a disposición los terrenos para que esas familias sean trasladadas. No hacen pública la ubicación por temor a que otros intenten usurparlas. La propuesta también involucra la posibilidad de que los habitantes de Guernica -casi 700 familias- se queden en las 9 hectáreas que no corresponden al proyecto inmobiliario y que solicitaron a la justicia el desalojo.

La razón es doble. Por un lado, los presuntos dueños “están flojos de papeles”. Hasta el momento ni el fiscal ni el juez de la causa confirmaron de manera fehaciente la titularidad de esos terrenos. Por el otro, se establecerían allí de manera temporal hasta que se les asignen tierras de manera definitiva, que a través de un fideicomiso puedan adquirirlas con créditos blandos otorgados por la provincia.

Quienes realizaron el censo en Guernica se quedaron con la sensación que la mayoría de los allí asentados buscan también una solución pacífica, pero que el “copamiento” de las organizaciones de izquierda de las asambleas dificulta llegar a un acuerdo. Por esa razón, el juez Rizzo convocó los últimos días a los abogados que patrocinan a los usurpadores. El juez y el fiscal tampoco quieren un desalojo violento.

Mientras esto sucede, a través de un grupo de arquitectos que apoyan la toma militantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) ya realizaron un proyecto de urbanización del lugar para el hipotético caso de quedarse con el 10% de las tierras del emprendimiento, esto es unas 36 hectáreas.

La propuesta se denomina “Nuevo Barrio Guernica Unido” y está compuesto de tres puntos, “integración urbana”, “integración social” e “integración productiva”.

Este último subtítulo propone la construcción de las viviendas, plazas, calles internas, la salita médica, el jardín de infantes y el club deportivo, entre otros sectores, por parte de las cooperativas de trabajo que responden a los mismos movimientos sociales y políticos que encabezan la toma.

Los planos, inclusive, tienen en cuenta la prolongación de las calles ya existentes en la zona para darle una continuidad geográfica y unirla a la ciudad de Guernica. Cada manzana tendría una superficie de 86x86 metros e involucra a 28 lotes de 290 metros cuadrados cada uno.

Desde que Larroque tomó el bastón de las negociaciones en la usurpación, la mirada de la provincia de Buenos Aires de la mayor toma de tierras en el Conurbano cambió. Se pasó desde la propuesta del desalojo compulsivo de Berni, a una negociación pacífica y el abordaje del problema habitacional que existen desde hace décadas y separar la paja del trigo, es decir los que tienen sus derechos vulnerados, como el acceso a una vivienda digna, a la de los vivos que quieren hacer negocios con la venta de los terrenos usurpados, a la utilización política en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y con vista a las elecciones del próximo años.

Gildo Onorato, el presidente de la Federación de Cooperativas de trabajo del Movimiento Evita -que no participa de la toma- y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), tiene una visión muy cercana a la de Larroque: “Hay que abordad el déficit habitacional con los lotes con servicio. Esa es la propuesta para Guernica. Para esto hay tiempos institucionales que no son los de las familia. Pero la propuesta presentada al juzgado es amplia y completa. Tiene una mirada social y política para llegar a un acuerdo con la mayoría de las familias”, le dijo el dirigente social a Infobae, que también siguen muy de cerca el desarrollo de los acontecimiento.

“Este tipo de tomas existen porque hay una problemática del tema muy grande. Nosotros no impulsamos ni propiciamos tomas. Creemos que los conflictos sociales deben resolverse a través del diálogo y por canales institucionales. Ni el Movimiento Evita, ni la CETEP está convocando al abrazo al predio ni nada de eso, pero nos oponemos a los desalojos violentos, y si llegara a haber un desalojo violento vamos a ver la manera de acompañar a las familias que están viviendo una situación de precariedad absoluta. ”.

Onorato es palabra calificada. Forma parte de la estructura del movimiento social que integran, por ejemplo, Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero; y Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, una dependencia del ministerio de Desarrollo Social, que comanda Daniel Arroyo.

“Nosotros tenemos que cumplir con la decisión de la Justicia, que es el desalojo; si no, tendremos consecuencias penales. Es así: hay algo que se llama deberes de funcionario público y, en este caso, la Justicia es la que decide y el Ejecutivo debe instrumentar la medida”, aseveró ayer el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Sin embargo, aclaró que desde La Plata quieren evitar un enfrentamiento con los ocupantes: “Por eso estamos trabajando tanto tiempo en llegar a una solución, pero cuando no se puede negociar y no dejan trabajar al Estado, es muy complicado”.

Las cartas están en la mesa. Resta esperar 24 horas para conocer el desenlace. El fiscal de la causa ya anunció que estará presente en el lugar para observar y supervisar cada uno de los movimientos. Desde el Estado provincial, que apuestan a un desalojo voluntario de la mayoría de las familias de la toma, observan con desconfianza los últimos movimientos de los dirigentes que parecen haber copado la toma y que por ejemplo el domingo pasado impidieron el ingreso de los funcionarios bonaerenses que llevaban alimentos, zapatillas, pañales y elementos de higiene para las miles de personas asentadas.

Larroque lo explica así: “Hay un sector de la izquierda que no quiere el desalojo pacífico. Se arrogan la representación de las personas que están en la toma y politizaron el conflicto. Nosotros presentamos un plan. Ya lo tiene el juzgado, para llevarlo adelante necesitamos un tiempo prudencial, y ellos de manera irracional no están de acuerdo y tensan la situación”.