Juntos por el Cambio busca alternativas al desafío que les plantea Cristina Kirchner con el tratamiento de dos leyes clave en el Senado

Este lunes por la mañana los senadores de Juntos por el Cambio se ausentaron de la comisión de Acuerdos donde se presentó una decena de candidatos para ocupar defensorías, fiscalías y juzgados federales. Sin embargo gastaron minutos de celular en intensos intercambios después de que terminó la reunión de la mesa nacional que se realiza todos los lunes por la mañana. Para las 18 habían convocado a una reunión de interbloque que finalmente se pospuso para esta tarde a la misma hora. El objetivo es definir qué postura adoptarán los senadores frente al posible llamado a sesión para el viernes. Si bien no hay decreto de convocatoria ni agenda oficial, dicen en la oposición que el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, comunicó a las autoridades del interbloque que la sesión se realizará ese día. En paralelo y en un intento por encontrar una salida política a las diferencias respecto al funcionamiento del Senado volvieron a conversar el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, y su par oficialista José Mayans.

Juntos por el Cambio no convalidó en su momento la audiencia pública que tuvo por objetivo desplazar de sus cargos a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y en el marco de su estrategia no avalará tampoco las tres agendadas para esta semana: cuestionan que se use la modalidad remota para audiencias públicas vinculadas con la designación de funcionarios judiciales y exigen mayor presencialidad para las sesiones. Hoy definiría su postura al respecto la Corte, un dato no menor para la principal bancada opositora. Un dato que probablemente haya influido en el silencio del lunes y en la postergación de una decisión.

En paralelo y cuando se vencía el protocolo de funcionamiento remoto la principal oposición presentó un amparo judicial en contra de la renovación de ese reglamento. Y ahora, a la espera de una definición judicial que se dilata respecto a su legitimidad, enfrenta un gran dilema: en la próxima sesión se tratará el convenio entre Nación y Ciudad que determina una baja en la coparticipación porteña y la tan reclamada ley de Economía del Conocimiento. Si son consecuentes con su postura los senadores no podrán votar en contra de la primera ni a favor de la segunda. Pero además en estas horas hay un debate sobre cómo plantarse frente a la inclaudicable postura del kirchnerismo que defiende la mayoría con la que se aprobó el reglamento de sesiones por teleconferencia. Juntos por el Cambio exigió los dos tercios y se empantanó el debate. El Frente de Todos mantuvo la agenda de comisiones.

Como ya contó Infobae, el interbloque viene hablando desde hace un par de semana sobre cómo fundamentar sus posturas sin convalidar lo que consideran “atropellos” del kirchnerismo. Hay distintas posiciones. Están quienes quieren desconectarse y quienes por el contrario consideran un error dejar las bancas vacías y no expresar durante toda una sesión la postura en contra. Pasó justamente en la última sesión cuando cuatro senadores (Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Laura Rodríguez Machado) marcaron el rechazo al tratamiento de los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y a la votación del reglamento sin consensuarlo y luego dejaron en soledad al Frente de Todos. El oficialismo entonces pudo fundamentar sin disidencias durante el resto de la sesión. Y luego hasta Cristina Kirchner se dio el lujo de reprocharles un intento por paralizar el Congreso con el amparo presentado en Tribunales.

En esa última sesión el presidente del interbloque, Luis Naidenoff, reclamó un llamado del Frente de Todos para sentarse a conversar y acordar la modalidad de sesiones remotas. Pidió “un gesto” a favor del diálogo a la vicepresidenta de la Nación. Le alcanzaría ese llamado (o simplemente el llamado de José Mayans como jefe de la bancada peronista) y alguna mínima concesión para volverse a sentar sin cuestionamientos. Por ejemplo piden una rotación de senadores en el recinto o al menos que se permita estar físicamente presentes a los jefes de bloques. El mismo Naidenoff viajó por primera vez en 120 días a Buenos Aires y se instaló en la Capital.

Hay quienes además querrían hacer una movida como la de los diputados el 1 de septiembre cuando sentaron a 90 legisladores de Juntos por el Cambio en el recinto. La gran duda es que los únicos senadores que se contagiaron de COVID-19 pertenecen a esa fuerza política. En intercambios de llamadas y chats durante todo este lunes hubo quien recordó que primero se enfermó Humberto Schiavoni, jefe del bloque del PRO, y ahora la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez. “Nos van a decir que queremos sesionar en forma presencial y que ponemos en riesgo la salud de otros”, indicó un histórico funcionario parlamentario del interbloque opositor. Y tiene razón: el kirchnerismo ya apunta ese dato en contra de una mayor presencialidad.

Durante toda la semana pasada los senadores de Juntos por el Cambio participaron de las reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto donde se discutió el “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”. Prácticamente fueron las voces más escuchadas en cada reunión con decenas de preguntas a todos los expositores. Los senadores del Frente de Todos participaron visiblemente mucho menos. Por eso cuando la presidenta de la comisión cabecera, María de los Angeles Sacnun pasó a la firma el dictamen y Esteban Bullrich reclamó que se siguiera con más oradores a partir de hoy y reprochó la falta de diálogo, la santafesina le indicó todo lo que habían hablado. Lo mismo hizo el jefe del Frente de Todos, José Mayans, sorprendido de que la principal oposición considerara que no había espacio para el intercambio. Lo que no hubo fue acuerdo: cada bloque manifestó su postura sin claudicar ni una coma.

Para Juntos por el Cambio hay intencionalidad política en el recorte a la Ciudad. Para el Frente de Todos es un acto de “Justicia”.

El convenio en cuestión estableció el traspaso de 17.000 y 19.000 efectivos federales al ámbito de la Ciudad; la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal. También de una serie de edificios y dependencias por un valor de 300 millones de dólares. El dato más conflictivo es que en lugar de un acuerdo sobre las partidas, a partir de la sanción de la ley será el Poder Ejecutivo Nacional el que determine cada año el monto a transferir desde el Presupuesto General en forma mensual y con una actualización trimestral. Juntos por el Cambio alegó que el convenio exige un acuerdo entre las partes y no una imposición de la Nación.

Pero además el Frente de Todos, con habilidad política, descongeló el régimen de Economía del Conocimiento que establece una serie de beneficios muy esperados para el sector. Tampoco firmó ese dictamen Juntos por el Cambio, a pesar de exigir su tratamiento durante los últimos tres meses. Estará en el orden del día de la próxima sesión.