“Nos veremos el próximo jueves" se despidió José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, el último jueves, 24, cuando en comisión y tras escuchar por tercer día a varios expositores citados por los distintos bloques, el oficialismo dictaminó a favor del convenio de traspaso de competencias federales y sus respectivas partidas. En los hechos, será una nueva quita para la Ciudad que se agrega al decreto presidencial que bajó en un punto las partidas asignadas por Mauricio Macri, también por la misma vía.
Mayans se cerró de esa manera su discurso, anticipándole a sus colegas senadores de Juntos por el Cambio que la intención del Frente de Todos era llevar rápidamente el tema al recinto. La principal oposición no convalida los dictámenes ni votaciones aunque asisten a las reuniones de comisión y participaron activamente del debate del convenio. Incluso el jueves reclamaron que se escuche a más especialistas antes de dictaminar, casi olvidando que no están de acuerdo con el funcionamiento remoto y la votación del reglamento que impulsó Cristina Kirchner sin aceptar modificaciones. Juntos por el Cambio quiere mayor presencialidad mientras el Frente de Todos quiere mantener la actividad a distancia, más aún después de que este fin de semana la senadora radical Silvia Elías de Pérez confirmó su contagio por COVID-19.
"Hasta que no se vote, se puede modificar en el recinto”, ofreció Mayans a Juntos por el Cambio la posibilidad de encontrar algún punto de acuerdo. El formoseño volvió a fundamentar que las sesiones y dictámenes “son absolutamente válidos” y reprochó a la oposición su rechazo sin propuestas a algunos proyectos, como el convenio en cuestión.
De la misma manera se dictaminó el miércoles pasado a favor del Régimen de Economía del Conocimiento, una ley que incluye una larga lista de beneficios para el sector y que estaba 'congelada’ desde junio, tras su paso y consenso por la cámara de Diputados.
El apuro del oficialismo para dictaminar tuvo una sola razón: llevar esta semana al recinto ambas leyes y para hacerlo, sin los dos tercios de los votos, el reglamento exige siete días desde la firma y el tratamiento en sesión.
En el caso de Economía del Conocimiento una vez que se vote volverá a Diputados, cámara de origen, que deberá ratificar o rectificar los cambios introducidos por los senadores fundamentalmente el agregado de los servicios de exportación y los beneficios graduales según el tamaño de cada empresa.
Lo que está garantizado para el próximo jueves en el Senado es una profunda discusión. Más allá del planteo sobre la validez del reglamento de funcionamiento remoto que Juntos por el Cambio judicializó, el oficialismo buscará aprobar el convenio entre Ciudad y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía. El texto fija en $ 24.500 millones anuales las transferencias que se actualizarán cada tres meses.
Esa actualización se hará, marca la ley en debate, a partir de un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires.
Por el interbloque de Juntos por el Cambio intentaron en vano hacer desistir al oficialismo los dos senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, y paradójicamente también los dos bonaerenses, Esteban Bullrich y Gladys González, aún cuando parte de lo que Nación reste al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta será transferido a la provincia de Buenos Aires a través del nuevo Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal.
El “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, estableció el traspaso de 17.000 y 19.000 efectivos federales al ámbito de la Ciudad; la transferencia de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal. También de una serie de edificios y dependencias por un valor de 300 millones de dólares.
El proyecto del Ejecutivo determina que a partir de la sanción de la ley se fijará, cada año, el financiamiento de gastos a transferir desde el Presupuesto General en forma mensual y con una actualización trimestral. Juntos por el Cambio alegó que el convenio exige un acuerdo entre las partes y no una imposición de la Nación.
Funcionarios del Ministerio del Interior y del de Seguridad, además de senadores del oficialismo, consideraron una decisión “justa” en busca del equilibrio entre los distritos. Y recordaron que Mauricio Macri incrementó la coparticipación del 1,4 a 3,75%. “Quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente”, expresó el cordobés Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En cambio los senadores de la oposición y algunos constitucionalistas, como Daniel Sabsay, Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra, insistieron en que Nación no puede imponer y fijar los gastos de la policía.
La ley de Economía del Conocimiento
El proyecto de ley que beneficia a las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, de la industria del conocimiento, llegó a la Cámara alta en junio, con media sanción de los diputados. Tras intensas negociaciones sufrió modificaciones que fueron presentadas el miércoles último en comisión. Sin dificultades para aprobarla el próximo miércoles, el Frente de Todos obligará a un nuevo tratamiento en Diputados, donde deberán validar las modificaciones o ratificar el proyecto original que tuvo consenso con el amplio abanico opositor.
La iniciativa establece una serie de incentivos fiscales con vigencia hasta el año 2029 para empresas vinculadas con el software, producción audiovisual, industria aeroespacial y satelital, bioinformática, investigación, robótica, desarrollo creativo, servicios afines a las nuevas tecnologías y de exportación, entre otras actividades.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación total del último año se genera a partir de alguna de estas actividades y también demostrar la realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios e invertir en la capacitación de sus empleados: un 1% para las micro empresas, un 2% para las pymes y un 5% para las grandes.
El Estado quedará habilitado para supervisar a los beneficiarios el cumplimiento de las condiciones para acceder a los beneficios como por ejemplo convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El bono, a diferencia del proyecto original, será intransferible si se mantiene el nuevo criterio.
También se supervisará que las empresas mantengan o aumenten el número de empleados ya que el objetivo de la ley es impulsar la generación de empleo y el ingreso de divisas al país.
Habrá más beneficios para quienes contraten desocupados menores de 25, beneficiarios de planes, mayores de 45 años, mujeres que accedan por primera vez a un empleo formal, personas con alguna discapacidad, residentes en zonas desfavorables, graduados con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales, y personas transgénero, transexuales o travestis.
A diferencia de lo votado en Diputados, se puso mayor atención en el impulso a las empresas más chicas que recibirán mayores beneficios.
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