Kicillof estudia comprar tierras y otorgar subsidios por 50 mil pesos para terminar con la toma de Guernica

Las reuniones entre los principales funcionarios del gobernador Axel Kicillof e intendentes vecinos al municipio de Presidente Perón, lugar donde está ubicada la mega toma de 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica, se precipitaron en las últimas horas. Sucede que el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, decidió postergar el desalojo, que debía comenzar el 23 de septiembre pasado a pedido de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para el jueves 1 de octubre. La idea era “lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se consiguió. Los representantes de los cuatro barrios que se formaron en el predio privado, 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión -aunque sin coincidencias absolutas- tienen decidido no abandonar el predio si no hay una propuesta clara de las autoridades sobre cual o cuales serán los lugares de traslado. Antes de la fecha límite, se presentará de manera formal la propuesta que estudia Kicillof junto a Larroque e intendentes del conurbano.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya tiene preparado al pelotón de 500 policías bonaerenses que serán destinados al desalojo compulsivo si el acuerdo no se sella, o si el magistrado no prorroga la fecha de “lanzamiento masivo ordenado” por el juzgado de Garantías Número 8 de Cañuelas. Una situación a la que ni la justicia ni el poder político desea llegar porque el resultado es impredecible.

Según los últimos informes que le llegaron a Berni, los delegados que “mueven" las decisiones en las asambleas que se realizan el el predio tomado pertenecen al Partido Obrero (PO), al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -los impulsores de las movilizaciones contra el desalojo- y el espacio de la Organización Barrios de Pie que responde a Jorge Ceballos -la otra fracción está liderada por Daniel Menéndez, actual subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local-.

La idea fuerza de los funcionarios es presentar una propuesta atractiva para la mayoría de las familias que nada tienen que ver con estos sectores para “debilitar" sus posiciones y así lograr el desalojo voluntario, al menos “del ochenta por ciento de los ocupantes que no están enrolados en esos grupos”, tal la definición de uno de los activos intendentes que colabora activamente para encontrar una solución “política” al problema judicializado de la ocupación ilegal.

En principio, la propuestas con la que se trabaja es la siguiente: adquirir tierras en Guernica, cerca de la toma, para trasladar, al menos a las 650 familias de Presidente Perón que fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. El o los barrios que se formarán serán urbanizados y tendrán todos los servicios. Es decir que se evitará que se forme un asentamiento precario.

Para eso hay dos modelos que se manejan, la participación de cooperativas que dependen de alguno de los movimientos sociales con experiencia en este tipo de construcciones; o el modelo similar al que se utilizó en la urbanización de Villa Palito -ahora Barrio Almafuerte- en La Matanza, y que fue la auto gestión de cada una de las familias con la “articulación entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal”, según explicaron para que “niños, adultos mayores, mujeres y hombres recuperen el verdadero sentido de la vida familiar”.

Algo similar sucedió también con la toma que realizó la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Gregorio de Laferrere, también en La Matanza. Eran tierras privadas que fueron compradas por la provincia y con fondos federales se autogestionó la construcción del Barrio María Elena.

El censo también determinó que el segundo número de familias pertenece al vecino municipio de Almirante Brown y en menor medida a Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes y La Matanza.

Para el resto de los ocupantes del predio se estudia la posibilidad de otorgarles un subsidio de 50.000 pesos -el monto puede variar- para que con esa suma puedan ingresar a un alquiler de una vivienda digna, o comprar una parcela de tierra dónde construir una vivienda con la ayuda del Estado a través de programas especiales para ese fin.

En este último caso, está previsto realizar un seguimiento “familia por familia”, para que dinero sea invertido en una solución habitacional y que después no aparezcan tomando terrenos en otro lugar.

Si las casi 70 familias de Almirante Brown ingresan a este sistema de subsidios, o se les compra tierras aún no está definido.

Como se ve, la fórmula que se está analizando para llegar a una solución consensuada no es sencilla, las variables son muchas, pero se trabaja a destajo para llegar a un final que deje conforme a la mayoría.

“Lo complejo del diseño del plan que se presentará en el juzgado y a la mesa de diálogo no es sencilla porque se toma en cuenta las necesidades de cada familia. El censo ya nos dio un dato incontratable de las 2.344 parcelas tomadas, solo se acercaron para responder el cuestionario 1.904 representantes de familias. El resto no lo hicieron porque o son delincuentes, porque no les interesa entregar sus datos, o porque tienen otras intenciones como vender los terrenos que ocuparon”, le explicó a Infobae un funcionario que trabaja codo a codo con Larroque.

Los principales números que arrojó el censo y que serán tenidos en cuenta en la propuesta son los siguientes: en la toma de Guernica hay 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 casos restantes que corresponden a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc).

Los 1.904 grupos censados declararon 2.797 niños, niñas y adolescentes. De la situación laboral, los adultos contestaron que 1.859 son desocupados, 494 ocupados, 271 con trabajo informal y otros 20 son jubilados, pensionados o tienen algún tipo de discapacidad. Es decir que casi el 90% están sin trabajo.

La propuesta que se está elaborando se perfiló después de horas y horas de diálogo que Larroque mantuvo con los alcaldes, con Kicillof y un grupo de referentes sociales, entre ellos Emilio Pérsico, del Movimiento Evita -también es funcionario nacional- y el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el diputado Carlos Alderete.

Cuarenta y ocho horas atrás, el viernes, Los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza), Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados), representantes de Esteban Echeverría y los ministros de Desarrollo de la Comunidad y Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Larroque y Julio Alak, respectivamente, se reunieron en la Municipalidad de Presidente Perón.

Junto a la intendenta Blanca Cantero analizaron el problema de la toma de Guernica, la necesidad de una solución pacifica al conflicto que se generó ante el reclamo de tierra y viviendas, y la posibilidad de que la intendencia, con la asistencia de la provincia, compre las tierras para radicar al menos a las 650 familias que usurparon las 100 hectáreas privadas y que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema.

El resto de los alcaldes presentes, según pudo saber Infobae, se pusieron a disposición de Cantero para abordar la situación de las personas de la toma que provienen de otros distritos, tal como arrojan los datos del censo. Ante eso, hablaron de analizar “caso por caso” y “en función de los informes socio ambientales correspondientes, se abordará una respuesta para cada uno”, entre esas soluciones, la entrega de un subsidio que podría ser de 50.000 pesos.

También se acordó “trabajar de manera coordinada entre todos los municipios y la Provincia”.

Ni Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, ni Mayra Mendoza, de Quilmes, estuvieron presentes ya que son muy pocas las personas que pertenecen a esos distritos. De todos modos ambos ya expresaron su total alineamiento con la causa, brindaron su apoyo para transmitirle al juzgado muestra de unidad, y cada uno por su lado aportó su experiencia -sobre todo el matancero- en tomas anteriores en sus distritos y las maneras de abordarlas.

Como los problemas detectados por el censo van más allá de la necesidad de una vivienda, también participaron del encuentro el subsecretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Rubén Pascolini, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini y el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Pablo Fernández.

Por ejemplo, cuando se los consultó sobre las razones por las cuales ocuparon el predio, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 alegaron “desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 situación de calle.

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