Quedó expuesta la identidad de decenas de agentes y ex agentes de inteligencia por la difusión de un documento judicial

Cecilia Incardona, la fiscal federal de Lomas de Zamora que investiga el caso de espionaje ilegal por el que ya fueron procesados los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, pidió que se deje de difundir el contenido de un documento sumado a ese expediente que contiene información sensible de la central de espías.

Los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI quedaron expuestos a partir de la difusión de un documento que se agregó a al causa investigada en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes que tienen acceso al expediente judicial sobre espionaje ilegal. El documento es un escaneo de las páginas del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron todas las decisiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.

Incardona -que investiga el caso junto al fiscal Santiago Eyherabide- señaló, luego de que algunos medios difundieran ciertos nombres que aparecen en el libro de resoluciones, que “la filtración y divulgación de esa clase de documentos por fuera de la causa, tratándose de información confidencial y más allá de su desclasificación a los efectos de servir de prueba en relación con el objeto de estas actuaciones, podría afectar intereses de la Nación (art. 16 bis inciso a ley 25.520)". "También podría constituir un obstáculo a la presente investigación y una vulneración al derecho de defensa, en tanto, material probatorio de ese tenor ha llegado a manos ajenas a las partes”, agregó.

La Ley de Inteligencia (25.520) establece en su artículo 16 que “las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

Según explicaron a Infobae fuentes de la investigación, Arribas, Majdalani y otros de los procesados por el juez Juan Pablo Augé, como Martín Coste, pidieron que la AFI enviara al juzgado las resoluciones en las que podía determinarse cómo encararon la reorganización de la agencia en los años del macrismo.

La AFI que conduce Cristina Caamaño envió copia de todo el libro. Ante el pedido de los imputados -que no podían acceder a los materiales por las restricciones de la cuarentena- la fiscal subió la digitalización del documento al sistema al que acceden las partes. Días después comenzó a difundirse. Por solicitud de la fiscal el juez Augé bajó el documento del sistema pero ya era tarde: circulan varias copias. Infobae accedió a una de ellas.

El documento que es la digitalización del libro de resoluciones, permite conocer la identidad de agentes de todo el escalafón de la AFI cuyos nombres quedaron asentados allí porque fueron parte de trámites que requirieron una decisión administrativa.

Asentar las resoluciones en ese libro es una tradición que viene desde tiempos inmemoriales. Allí no queda registrado nada que demuestre cómo se realizaron operativos de inteligencia. No hay datos sobre seguimientos ni sobre las tareas que los agentes secretos realizan cuando están en la calle. No hay detalles sobre investigaciones ni sobre operativos. Las actas no revelan nada sobre las actividades propias del espionaje de la ex SIDE.

El documento es un PDF en el que se volcó desde la página 58 hasta la 326 del libro de protocolos de resoluciones de la AFI correspondiente al año 2015. El libro se inició el 7 de julio de 2015, pero se enviaron a la causa las resoluciones escritas a mano a partir del 28 de diciembre de 2015. La última página del libro corresponde al 8 de enero de 2019. Cada página del libro tiene sellado el número 1336. Es un sello de identificación interna que pone la AFI en sus documentos. En el original es de color rojo.

En las primeras páginas del libro figuran muchos nombres de personas que revistaron como espías durante el gobierno de Cristina Kirchner. Eso sucede porque allí quedaron asentadas las renuncias a sus cargos cuando se produjo el cambio de gobierno. Y por supuesto, también quedaron anotados los nombres de quienes los sucedieron en los respectivos cargos cuando asumió el macrismo. De ese modo están expuestas las identidades de los que ocuparon cargos relevantes en la AFI en ambas administraciones.

El primer nombre que aparece en las actas es el del actual director de Contrainteligencia de la AFI. Su nombre -que Infobae no revela- aparece allí debido a que quedó asentada su renuncia en 2016 ya que había ocupado el mismo cargo que tiene ahora en los tiempos finales del gobierno kirchnerista. También consta en el libro que fue reemplazado durante los primero días del gobierno de Macri por Martín Coste, procesado el mes pasado en la causa por espionaje ilegal que se investiga en Lomas de Zamora.

El libro es la memoria burocrática de la AFI. Los actos administrativos se anotan a mano hasta el día de hoy. Manuscritos en imprenta o en cursiva, a veces en mayúsculas y otras en minúsculas. La caligrafía depende de qué agente sea el escriba.

Allí se pueden leer aprobaciones y bajas de contrataciones de personal. También el inicio primero y el otorgamiento después de los retiros voluntarios. Y de las jubilaciones. También se anotan en el libro los diversos rechazos a reclamos administrativos, las no confirmaciones en la planta permanente de la “institución”, las rescisiones de contratos de locación de servicios y las adscripciones de agentes que provienen de fuerzas de seguridad o de otros organismos del Estado. Además se pueden leer los aumentos de sueldos y el reconocimiento por título universitario a los agentes.

En el libro también se registran con minuciosidad diversos trámites por cuestiones de salud. Quedan asentadas las bajas por fallecimiento y las licencias extraordinarias. Se anotan además en esas páginas de bibliorato las circunstancias en que un agente se lesiona: aparece muchas veces la frase “producido en acto de servicio”.

En las 268 páginas del libro quedaron registradas todas las licencias por maternidad que les fueron otorgadas a las espías entre 2016 y 2018. Incluso se pueden leer los detalles de una licencia concedida para un proceso de adopción de un niño.

Cuando la AFI envía agentes al exterior sus nombres quedan asentados porque se los manda en “comisión” y con viáticos asignados para la ocasión. Así fue que entre 2016 y 2018 se anotaron los nombres de los que viajaron a países como Uruguay, Colombia, Panamá, Israel, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Rusia, Francia, Chile, Bolivia, Perú, El Líbano, China, Inglaterra, Alemania, Corea y Paraguay. Además de la identidad de los agentes o ex agentes, esto revela un panorama sobre las alianzas de la AFI con agencias de otros países.

Los espías tienen la obligación de guardar secreto sobre sus funciones. Cuando los citan a declarar en una causa judicial deben ser relevados del secreto por las autoridades de la AFI. Esas autorizaciones se registran en el libro. Una de ellas es genérica y habilita a declarar a todos los agentes que pudieran aportar información ante Fabiana Palmaghini, la jueza que tenía a su cargo el caso sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman cuando se inició la investigación.

En los libros también quedaron registrados los relevamientos de secretos para dos ex directores de la SIDE durante el gobierno de la Alianza: Fernando De Santibañes y Carlos Becerra. También fue relevado del secreto el actual senador oficialista Oscar Parrilli, quien dirigió la AFI al final del gobierno de Cristina Kirchner y tuvo que declarar en causas judiciales. En la misma página en que se levantó el secreto para Parrilli se autorizó a declarar al más conocido de los espías argentinos: Antonio “Jaime” Stiuso. Al ex director de Contrainteligencia de la SIDE se le levantaron las restricciones para que testimoniara en varios expedientes.

El nombre de otro de los agentes secretos más conocidos quedó asentado también en el libro de resoluciones. El 31 de marzo de 2016 se efectivizó la jubilación de Fernando Pocino, quien condujo la AFI cuando el kirchnerismo echó a Stiuso y como director figuraba Parrilli.

Aparecen resoluciones destinadas a registrar desde la fundación de la Dirección de Asuntos Internos de la AFI, hasta la creación de “la delegación provincial Ezeiza, dependiente del Departamento Delegaciones Provinciales de la Dirección operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado en la provincia de Buenos Aires”.

En el libro quedó anotada la designación del director del área Administrativa de Comunicación Pública. Y una resolución que ordenaba “Establecer que los títulos o certificados de estudio deben ser legalizados por la superior autoridad educativa de cada jurisdicción y con intervención cuando corresponda por el ministerio del Interior...”. Allí figuraba también la adscripción de Sebastián De Stéfano, que es personal de la Legislatura porteña y se desempeñó como director del área de legales de la AFI durante el macrismo.

Los espías anotaron en el libro cuestiones administrativas relevantes como la aprobación del organigrama del organismo y también la del “reglamento de la Nueva Identidad visual de la Agencia Federal de Inteligencia”, es decir el cambio de logo de la AFI. Además, por ejemplo, registraron la autorización para que el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, pudiera revisar documentación de la AFI que está almacenada en la Unidad Fiscal que investiga el atentado contra la AMIA.

Al lado del nombre de los agentes aparece la categoría que ocupan/ocupaban en el organigrama de la AFI. Algunos tienen una letra D que implica que eran “Personal Superior”, es decir profesionales en tareas de conducción. Otros tienen letra E que corresponde al “Personal Auxiliar” y que implica tener el secundario completo y colaborar con las tareas de conducción. Los que tienen una letra F al lado de sus nombres revistaron como “Personal de apoyo”. El número que acompaña las letras indica la antigüedad en la categoría en la que se desempeña.

A partir de la difusión del documento judicial quedaron expuestos no solo los nombres sino también los números de documentos de agentes y ex agentes.

La exposición de las identidades de los agentes y ex agentes permite deducir que hay varios con vinculaciones familiares con integrantes de los tres poderes del Estado. Y a partir de los nombres y documentos que salieron a la luz es simple determinar que los y las agentes que dejaron la AFI se dedican en la actualidad -según consta en bases de datos abiertas- a diversas actividades. Algunos de los que dejaron “La Casa” -como se conoce a la AFI- son docentes universitarios, escribanos, abogados, informáticos, escritores o cadetes.

Entre ellos figuran algunos espías que se jubilaron y que consiguieron trabajos vinculados con la seguridad y que requieren de discreción. Y otros que durante muchos años vivieron una vida “normal” con familiares, amigos y vecinos a los que les dijeron que trabajaban, por ejemplo, en un banco o una agencia de viajes. Ahora tendrán que dar explicaciones. Hay “mucha gente enojada” con la filtración de los nombres, dijeron a Infobae fuentes de inteligencia.

Unos culpan a la dirección actual de la AFI porque no mandó testado el documento. Otros cargan las tintas contra la fiscal porque lo puso a disposición de las partes en el expediente. Lo cierto es que decenas de identidades quedaron al descubierto. Espías y ex espías fueron quemados, como dicen los que conocen desde adentro el mundo de los agentes secretos.

Infobae nombra en esta nota solo a aquellos agentes cuyas identidades eran conocidas previamente a la aparición del documento judicial en cuestión o porque fueron señalados en causas judiciales.