La propuesta que hará Juntos por el Cambio en rechazo al Impuesto a la riqueza

El interbloque de Juntos por el Cambio rechazará el proyecto de ley del kirchnerismo que establece un “aporte solidario extraordinario” para quienes tengan declarados bienes por mas de $200 millones. El rechazo, consideran en un dictamen de minoría que presentarán esta tarde y al que accedió Infobae, “responde a fundamentos constitucionales atento a ciertos vicios en el diseño del proyecto”; al “efecto distorsivo” del tributo y a la “necesidad de avanzar hacia una verdadera política de equidad fiscal”. Proponen en cambio una serie de medidas orientadas a combatir la evasión en general, en especial de las grandes fortunas “que se amparan en paraísos fiscales y en estructuras jurídicas sofisticadas”.

El dictamen pide profundizar y acelerar el intercambio de información tributaria con otros países en el marco de los acuerdos existentes; avanzar e implantar la bancarización urgente del flujo de pagos y transacciones; diseñar un plan de inteligencia tributaria orientada a los grandes evasores; avanzar en la instrumentación del acuerdo de intercambio tributario con EEUU sobre la base del Memorándum firmado en diciembre de 2016 y prorrogar las facilidades para la repatriación voluntaria de capitales del exterior.

En los fundamentos, la principal bancada opositora reclama un “acuerdo político” a la vez que advierte que se está frente a un Estado “que conserva privilegios” en el sistema previsional y protege a sectores que deberían pagar impuesto a las ganancias y no lo hacen. Y advierte que se vulnera el federalismo y a las empresas que podrían generar empleo.

“Ni un solo gesto de austeridad desde la Administración se corresponde con el monumental esfuerzo en ese sentido que vienen haciendo las familias y las empresas argentinas. El foco en actividades prioritarias, así como el modo de distribución de los recursos y las fuentes de financiamiento seleccionadas, se constituyen en un mapa develador de los criterios con que un gobierno enfrenta a una determinada agenda”, cuestiona Juntos por el Cambio. Y califica al aporte como un "verdadero manotazo”.

“Una fiscalidad inteligente debe financiar los bienes públicos que la sociedad demanda, sin desalentar la actividad productiva” apunta sobre el aporte de entre 2% y 3,5% que el Estado buscará cobrar por única vez a quienes tengan declarados bienes por más de $200 millones que consideran puede constituirse como un “asedio” a las empresas. “Este impuesto que grava conceptualmente lo mismo que otro impuesto federal ya grava (Bienes Personales), que ni siquiera se enfoca realmente en las grandes fortunas porque alcanza a enormes franjas de titulares de pymes, etc., es un impuesto concebido con una enorme ajenidad a las referencias de nuestra realidad económica”, apuntan en el texto de diez páginas.

Para la principal bancada opositora hay además un tema semántico. Es un “tributo” y un “impuesto”, no un aporte, sostienen, por ser “coercitivo” y tener como destino el financiamiento del gasto público.

En conclusión, afirma el dictamen de minoría, “se trata pues, de un impuesto NACIONAL, EXTRAORDINARIO (por única vez), sobre el PATRIMONIO (similar al Impuesto sobre los Bienes Personales), DIRECTO (no está previsto que pueda ser trasladado), REAL (no tiene en cuenta las condiciones personales de los contribuyentes sino el hecho objetivo de poseer un determinado patrimonio), INSTANTÁNEO (no se forma durante un determinado período fiscal sino que toma en cuenta una fecha determinada, en este caso el patrimonio al 31/12/2019), PROGRESIVO en términos de que a mayor base imponible también aumenta la alícuota y PROGRESIVO en términos económicos, en el sentido que afecta en mayor grado a quienes poseen mayor capacidad contributiva exteriorizada en la valuación del patrimonio”. Las mayúsculas corresponden al texto original.

En el proyecto elaborado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner del Frente de Todos, se establece el destino de los $307.000 que se prevé recaudar. Por ser un impuesto directo, reclama Juntos por el Cambio, ese posible monto debería ser coparticipable con las provincias.

En el capítulo 4 se apuntan “consideraciones adicionales”.

-No se toma en cuenta el pasivo que puede afectar a los bienes (patrimonio neto). Grava el activo sin tener en cuenta las deudas que éste soporte. Sería entonces “extremadamente gravoso y potencialmente confiscatorio”.

-Degenera en un impuesto a los bienes registrables que no se pueden esconder (inmuebles, automotores), ya que no grava en forma real aquellos activos financieros de fácil ocultación y difícil hallazgo.

-Empeora las expectativas empresariales y reduce o expulsa la inversión.

En el quinto capítulo advierte que, de aprobarse el proyecto, varias garantías y derechos pueden violarse y provocar el planteo de inconstitucionalidad. A saber: es confiscatorio por múltiple imposición (se superpone con Bienes Personales) y, entre otros, viola el principio de igualdad (cita la alícuota diferencial para los bienes que se sitúen en el exterior a las que se les impone una alícuota 50% mayor respecto de los bienes en el país).

Entre el lunes y esta presentación, hicieron un agregado tras el anuncio de Heller respecto de gravar los bienes de quienes tengan residencia en el exterior, un punto que también reprochan posibles aliados del interbloque Federal, no solo Juntos por el Cambio.

Precisamente con respecto al criterio de “nacionalidad” sostiene el dictamen que “resulta cuanto menos cuestionable la potestad del Estado argentino de gravar con un impuesto a personas que no son residentes fiscales en el país, sobre los bienes que estos sujetos poseen fuera de nuestro territorio”.

La propuesta de la bancada integrada por radicales, macristas y ‘lilitos’ de la Coalición Cívica-ARI, apunta al “esfuerzo compartido”: “Sí, queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan, el esfuerzo que no realizan y la solidaridad que les resulta ajena. Queremos encontrar esos patrimonios que están ocultos, esos inmuebles que están subvaluados, esas fortunas que se esconden en empresas de papel y que se refugian en paraísos fiscales. Es allí donde hay que poner el foco, la inteligencia y la tarea para hacerles pagar lo que corresponde”.

En ese sentido impulsa una “batalla” contra la evasión con el fin de ampliar la base de los impuestos capturando a quienes no pagan.

Como instrumentos para que sea posible, citan los acuerdos de cooperación tributaria internacional firmados por la Argentina. “Debemos propiciar el acceso a los datos de los patrimonios de contribuyentes argentinos que están radicados en EE.UU. y de los cuales sabemos casi nada”, solicitan.

Las llamadas grandes fortunas “están al abrigo de fideicomisos y se refugian en empresas ‘de papel’ radicadas en paraísos fiscales y no están siendo alcanzadas por el impuesto. Esta situación quedó claro con los resultados del blanqueo de 2016”, recuerda el interbloque opositor, que a pesar de admitir los problemas de la iniciativa de Mauricio Macri la considera “exitosa”. Se exteriorizaron activos por más de USD 115.000 millones, detallan, y alertan de que “los realmente ‘grandes patrimonios’ no ingresaron al blanqueo y migraron hacia otros fiscos que garantizaban mayor seguridad jurídica y protección de la información”.

“Quienes ingresaron al blanqueo estimaron que habría un mayor control, cruce de información con otros países, y decidieron acogerse a la amnistía con la expectativa de disminuir riesgos futuros. Lamentablemente esto no ocurrió”, reconocen quienes integraron el gobierno anterior y defendieron la medida.

Sobre la repatriación que ofrece la iniciativa de Heller-Kirchner (que obliga a depósitos hasta fin de año) con el beneficio de no tributar el 50% extra, señalan: “Es cierto, Argentina necesita urgentemente la inversión y el retorno de los ahorros de los argentinos que están en el exterior y en los colchones. El logro de este objetivo no es inventando primero impuestos y luego exenciones. Si los fondos radicados afuera están declarados a la AFIP, el regreso y su transformación en inversión y empleo será la respuesta a una Argentina que ofrece la posibilidad de un futuro compartido. El Gobierno está haciendo precisamente lo contrario. Alternativamente, si este capital está escondido y es fruto de la evasión tributaria, la corrupción y el delito, debe ser detectado y penalizado”.