FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU

Además de exponer cómo el flujo de dinero bajo sospecha, o incluso ilícito, circula por el sistema financiero global, los reportes de operaciones sospechosas de la investigación global FinCEn Files muestran que sociedades de bolsa locales y uruguayas prestaron servicios como intermediarias para que argentinos pudieran eludir el cepo cambiario existente en el país entre 2011 y fines del 2015, y sacar dólares al exterior, fuera de los radares de la AFIP.

Por esos años -y hasta ser dada de baja hacia 2014- la firma Rabimix se promocionaba en Montevideo como una compañía de “asesoramiento contable” y buscaba atraer clientes interesados en “emprender inversiones”. Lo que no se sabía es que, para 2013, el Bank of New York Mellon comenzó a sospechar de sus transacciones en Islas Caimán. La operatoria a través de este paraíso fiscal generó que el banco emitiera una alerta por 78 transferencias sospechosas por USD 8 millones entre marzo y septiembre de ese año.

“Los giros sugieren que Rabimix SA está actuando como una empresa de servicios de dinero y podría estar participando de operaciones diseñadas para evadir las restricciones de moneda extranjera en la Argentina”, puede leerse en el reporte de operación sospechosa elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCEn por su acrónimo en inglés), basado en el informe del New York Mellon.

“Muchos de los giros involucran a individuos argentinos. Desde 2012 en la Argentina hay estrictos controles cambiarios. Por ejemplo, la compra-venta de divisa fuera del mercado oficial puede considerarse un delito, y los individuos y las empresas deben tener autorización de un organismo oficial antes de comprar divisas”, advirtieron los oficiales de la unidad antilavado que depende del Tesoro de Estados Unidos.

La investigación FinCEN Files -liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)- revela que los bancos con sede en Estados Unidos, o sus bancos corresponsales- emitieron alertas sobre decenas de millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha de que estaban eludiendo las restricciones cambiarias en el país, a través de un paso casi obligado por Uruguay, para terminar en cuentas en el exterior. Así surge del análisis de los reportes secretos de operaciones sospechosas (SAR en inglés) filtrados a BuzzFeed News, y compartidos por ICIJ con 108 medios de todo el mundo, entre ellos Infobae.

“Un servicio de dinero para terceros"

La firma radicada en Uruguay Sekoia Agente de Valores, propiedad de un financista de la city porteña, es otra de las que aparece en los SAR por sus operaciones de dinero a través de una cuenta en el Caledonian Bank Limited, en Islas Caimán, uno de las jurisdicciones offshore favoritos de las sociedades de bolsas uruguayas para transferir dinero al exterior. El mismo banco New York Mellon reportó como sospechosos 279 transacciones entrantes y salientes por un total de USD 23,5 millones en los primeros meses de 2014. “De ellas, muchas en cifras redondas altas y en dólares”, se advirtió en el reporte que menciona que algunas transacciones fueron a paraísos fiscales. “Podría estar actuando como un servicio de dinero para terceros”, indicó el informe que se elaboró por el uso de empresas pantalla, la preocupación por el origen de los fondos y transacciones sin propósito comercial aparente.

Ante la consulta para esta investigación, desde Sekoia señalaron: “Somos sujetos obligados, poseemos manuales de procedimiento y debemos informar ante el Banco Central de Uruguay toda operación que nos parezca sospechosa”. Sobre la consulta referida a los reportes en poder del FinCEN, respondieron que “son confidenciales” por lo que no podían “emitir ningún tipo de información a terceros”.

En el mismo SAR del Bank of New York Mellon de julio del 2014 también aparece mencionada otra firma que operó con el Caledonian Bank en Islas Caimán, Rosario Intertrade Limited, radicada en Islas Vírgenes. Las alertas se activaron por operaciones por USD 8,2 entre marzo y abril de 2014. “Según información previa, estaría actuando como una casa de cambio del mercado negro argentino o «cueva»”, puede leerse en el SAR al que accedió Infobae, con el término para referirse a una mesa de dinero ilegal en español en medio de la narrativa en inglés.

“Mientras mayor es la restricción a la compra-venta de dólar, más operan las sociedades de bolsa, fundamentalmente a través de ‘contado con liqui’ (CCL). Esto es legal cuando la compra y venta de bonos se hace ante los ojos de la Comisión Nacional de valores (CNV) en Argentina. También es legal en Uruguay, aunque es más difícil de seguir el rastro del dinero. La operatoria se vuelve ilegal si se opera, a su vez, con cuevas que luego vuelcan los dólares al mercado blue. El mercado ilegal de divisas fue importante en la desestabilización cambiaria en el 2014 y posiblemente ahora se vea lo mismo”, advirtió Nicolás Macchione, miembro de la junta directiva CIPCE y profesor de posgrado en especialización de delitos económicos.

Una persona o empresa argentina utiliza pesos para comprar acciones o bonos que coticen en Argentina y en el mercado internacional (EE.UU. por naturaleza). Después, esos activos se transfieren a la cuenta en el exterior y se venden contra dólares. También esta operatoria suele realizarse a través de un agente de bolsa y sirve para transferir dólares al exterior cuando se prohíbe o limita a empresas y bancos girar dividendos a sus casas matrices.

El llamado “dólar cable”, también conocido como dólar “contado con liqui” (por “liquidación”), es una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono que cotiza en pesos y en dólares (locales) y es convertible a “dólares cable”, salteando la restricción para la compra de dólares billetes en el país. Ese título en dólares se puede cambiar a la divisa extranjera en el país o en el exterior a través de una sociedad de valores.

“Actividad no coherente con una empresa de inversión”

Otras de las sociedades de bolsa con dueños argentinos y licencia del Banco Central de Uruguay para el corretaje de valores que activó las alarmas de la FinCEN fue CBM Agente de Valores. Registrada en el Reino Unido y anteriormente llamada Swiss Caledonia Wealth Management, estuvo controlada -hasta que fue dada de baja en 2016- por Caledonia Group Management Inc, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Sus accionistas fueron Ronald y Daniel Cleland Bell, titulares hoy de Bell Inversiones y Casa Bell, ubicadas en el barrio porteño de Retiro. Infobae intentó contactar a Ronald Bell a través de ambas firmas, pero si bien dejó mensajes, no devolvió los llamados.

En marzo de 2016, el Banco Central de Uruguay canceló las actividades de CBM en ese país y le retiró la autorización para funcionar por “graves contravenciones a normas legales y reglamentarias vigentes” a la hora de prevenir el lavado de activos, al no identificar debidamente a sus clientes, y “actuar de intermediaria” para que argentinos cambien títulos en Uruguay, “sin haber obtenido la autorización del Banco Central”.

CBM aparece en tres reportes de FinCEN Files, emitidos entre septiembre de 2013 y el mismo mes de 2014 por transacciones por un total de USD 50 millones que despertaron sospechas. En varias de ellas “el monto fue inconsistente con el tipo de negocio indicado y no parece haber tenido ningún propósito comercial legítimo”, según puede leerse en uno de los reportes confidenciales.

“La fuente de los fondos es desconocida y parecen estar fluyendo desde Argentina hacia los EE.UU., donde fueron depositados en la cuenta con Suiza-Caledonia, luego enviada al extranjero al Reino Unido o Suiza a empresas no relacionadas en los EE.UU”, advirtió el reporte de la unidad antilavado norteamericana. “La cuenta está financiada por personas que viven en Argentina, pero que poseen cuentas en Estados Unidos. Los fondos se enviaron por transferencia bancaria o cheques depositados por correo y luego se transfirieron principalmente al Reino Unido y Suiza, ya sea a cuentas mantenidas con CBM en Suiza, o a cuentas con First Global Trade LLP”, a través de Deutsche Bank. “Esta actividad no es coherente con una empresa de inversión”, señalaron los oficiales de la FinCEN para justificar la emisión del SAR.

First Global Trade LLP es una compañía de valores con sede en el Reino Unido y está controlada por Balanz Capital, una sociedad de bolsa con sede en el microcentro porteño. “First Global Trade se dedica al trading y opera como filial de Balanz en Londres. Compramos y vendemos títulos argentinos, y operamos localmente y también en el exterior. Como grupo operamos con un monto de contrapartes en la compra venta de títulos. CBM estaba habilitada en ese momento por el Banco Central de Uruguay para operar”, explicaron desde Balanz ante la consulta de Infobae.

“En 2014 hicimos 77 operaciones por USD 12 millones de dólares con Swiss Caledonia. Son compra y venta de títulos, son operaciones de mercado que están reguladas y registradas. Lo mismo hacíamos con otros brokers. Los pagos que tuvimos con ellos fueron para liquidar esas operaciones”, precisaron desde la firma.

El principal accionista de Balanz, Claudio Federico Porcel, renunció el miércoles pasado como presidente y director titular de esta firma por “razones de índole personal”. La decisión fue informada al día siguiente que Infobae se comunicara con esta sociedad de bolsa para consultarlos sobre las operaciones de First Global Trade con CBM. No obstante, en el texto enviado a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico, se informó que Porcel mantendrá “su participación indirecta en el capital social de la Sociedad”. Desde la firma, ante la consulta para esta investigación, aclararon que Porcel estará a cargo a partir de ahora de Balanz Global. “Sigue como presidente del Grupo, solo renunció a las sociedades locales. Es parte de una reestructuración que ya veníamos hablando para que pueda dedicarse a la expansión regional”, señalaron.

Porcel fue denunciado por la AFIP en 2015 por una supuesta “asociación ilícita tributaria” que transfirió divisas al exterior a través del dólar cable o CCL pero cuyos propietarios y destinatarios no pudieron ser identificados. La causa tramita en el Juzgado Penal de Económico a cargo de Verónica Straccia y la Fiscalía de ese fuero a cargo de Pablo Turano. Desde Balanz, afirmaron que se trata de una “causa política”. “La denuncia la hizo la AFIP al día siguiente que nos nombrara Cristina Kirchner en un discurso, junto a Mariva, como responsables de la subida del dólar bolsa. A Mariva lo suspendieron. A nosotros nos mandaron inspecciones pero no nos suspendieron. La causa no avanzó porque la AFIP no pudo determinar el daño. Nosotros pedimos el sobreseimiento”, afirmaron.

Fallas en la prevención del lavado

En los últimos 10 años, el BCU canceló la autorización para funcionar solo a tres sociedades de valores o corredores de bolsa por “severas observaciones” en su sistema de prevención de lavado de activos, según informó la institución a través de su Departamento de Comunicación Institucional, al ser consultada para esta investigación.

Una de ellas fue CBM. La otra fue Mercantil Valores Agente de Valores, del empresario y financista argentino-israelí Diego Marynberg, quien también aparece en los documentos de FinCen Files y su licencia revocada por el BCU en 2016.

Entre otras transacciones que tuvieron a esta sociedad de valores en Uruguay como contraparte, figura el giro en 2014 de USD 10 millones desde una cuenta en el Banco Spirito Santo en Miami, de la firma Sarleaf de la familia Ceballos de Venezuela. La operación despertó sospechas en el banco por no tener un propósito identificado. Sarleaf, una empresa creada en Londres para “proteger a los Ceballos de una exposición pública” tuvo como principal cliente al gobierno venezolano, que la favoreció con contratos de obra pública. El “accionista nominal” de Sarleaf fue el abogado argentino residente en Suiza Marcelo Ramos, que quedó vinculado a la “ruta del dinero k” por el ser el titular de Helvetic, la empresa vehículo suiza que usó Lázaro Báez para quedarse con la financiera “La Rosadita”.

Infobae le preguntó al abogado de Marynberg, Marcelo Etchebarne, sobre el destino de esa transacción. “Eso es solicitar que violemos el secreto financiero, lo cual sería un delito. No estamos habilitados a dar nombres de clientes, como corresponde a cualquier banco o agente de valores”. El abogado del estudio DLA Piper Global señaló que el revocamiento de la licencia de Mercantil Valores por parte del BCU “no estuvo ajustada a derecho” ya que “no estaba sustentada en dictámenes legales”, y que estuvo fundamentada en “información en medios de prensa que era falsa”.

El equipo de ICIJ consultó nuevamente al BCU respecto de estas afirmaciones del abogado de Marynberg, y la Dirección de Comunicación de la autoridad bancaria uruguaya respondió: “No es correcta la afirmación realizada. La Asesoría Jurídica dio el visto bueno al proyecto de resolución que proponía la cancelación de actividades y el retiro de la autorización para funcionar”. Y agregó: “La evaluación de nuestro organismo fue que las falencias detectadas en materia del sistema integral de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (y especialmente de identificación de beneficiarios finales) eran de tal entidad que ameritaban la sanción adoptada”.

“Exportaciones de granos”

El comercio de granos entre Argentina y China fue la actividad que declaró el contador Esteban Alfredo Musante al registrar la firma pantalla Eternal Sure en Hong Kong. La firma también posee domicilio también en Uruguay, donde dijo ser una empresa proveedora de servicios para exportaciones. Musante, asesor financiero, vive en la Ciudad de Buenos Aires en un acomodado edificio sobre la Avenida Libertador.

Eternal Sure activó alarmas en el organismo antilavado de Estados Unidos por haber intervenido en operaciones de medio centenar de argentinos en múltiples países, por montos elevados que superaban en total los USD 22 millones. Las transferencias tuvieron lugar entre 2011 y 2014, cuando estaba vigente el cepo cambiario. En el SAR se advertía que no tenían propósito comercial aparente. Aunque Eternal Sure aseguró dedicarse al comercio de granos, el Standard Chartered Bank (SCB) reportó a la FinCEN que los giros fueron acompañados de reseñas como “ahorros para inversiones”, “inversiones” o “transferencia de ahorros personales”.

“Esperábamos ver transacciones realizadas con empresas agrícolas y negocios relacionados. Sin embargo, los giros no son consistentes con el perfil de cliente esperado”, se lee en el SAR analizado por Infobae. El SCB agregó que Eternal Sure no brindó información que justificara las transacciones y que todo indicaba que su cuenta bancaria en Hong Kong sirvió como “un depósito transitorio de los fondos”. “El banco tiene la impresión de que Eternal Sure es una entidad privada y que actuaría como remitente de dinero sin la debida licencia”, puede leerse en el reporte de la FinCEN.

El organismo antilavado concluyó “Eternal Sure podría actuar como un intermediario alternativo de servicios de remesas para facilitar el movimiento de los fondos en nombre de terceros no relacionados”.

La filial uruguaya de Helvetic Services Group, la empresa suiza Ramos usada vinculado a la “ruta del dinero K” en Argentina fue otra de las firmas que operó con Eternal Sure y también aparece en un reporte de operación sospechosa. La dirección de Helvetic en Montevideo informó una dirección que era la misma del estudio JP Damiani & Asociados.

Juan Pedro Damiani, titular de ese estudio uruguayo - y que actuó como intermediario entre argentinos que buscaron operar offshore con Mossack Fonseca-, también tercerizó pagos a ese bufete de abogados, vía una cuenta de Eternal Sure en Hong Kong. Damiani trianguló giros de dinero en 2013 y 2014 a este estudio panameño -que quedó en el centro del escándalo por las revelaciones de los Panama Papers - en pago por sus servicios offshore y/o por la tarifa anual de una veintena de compañías, varias de ellas de argentinos.

Damiani - ex presidente del Peñarol de uruguay y ex titular del del Comité de ética de la FIFA- no fue el único personaje vinculado al fútbol que operó con Eternal Sure. Según una pericia contable de la firma Ernst & Young (EY) de febrero de 2017 sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el ex presidente de esta entidad, el paraguayo Juan Angel Napout también realizó giros de dinero en 2014 y 2015 a la sociedad cuyo beneficiario final es Musante, y cuyo propósito declarado era el “comercio de granos”.

Infobae intentó contactar al titular de Eternal Sure por teléfono y mail sobre las operatorias sospechadas de Eternal Sure, e incluso lo fue a buscar a su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Pero Musante no quiso responder las preguntas para esta investigación. Con tono nervioso, prometió devolver el llamado pero nunca lo hizo.

Para Maccione, especializado en delitos económicos, “las operaciones por cable y las triangulaciones financieras en ocasiones pueden servir para fugar dinero. Esto se puede hacer gracias a la poca regulación y a la ausencia de una ley que ponga fin a la no inclusión del destinatario final”.

Sin identificación de los beneficiarios

Otra firma de un financista argentino que asimismo quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos fue Heracles Finance Corp, registrada en Islas Vígenes Británicas y también operatorias en Islas Caimán. Con sede en París, fue reportada ante la FinCEN por el Banco New York Mellon por haber realizado 488 transferencias sospechosas con bancos asociados entre 2012 y 2013 por casi U$S 23 millones. El beneficiario final de Heracles es el financista argentino Esteban Goyheneix, ex gerente del Banco Finansur.

¿Los motivos? “Incapacidad para identificar a los emisores o beneficiarios de las transferencias por cable”, operaciones en jurisdicciones de “alto riego”, giros en grandes cantidades en números redondos en dólares y repetitivos, y pagos “sin propósito indicado”.

Varios argentinos operaron con Heracles durante esos años, cuando en la Argentina regía el cepo. Entre ellos, el empresario de origen español Pedro Doval Vázquez, que recibió USD 500.000 a través de esa firma. Doval Vázquez tiene sus negocios en Formosa y se convirtió en uno de los empresarios preferidos del gobernador Gildo Insfrán. Fue procesado en junio pasado en la causa de los cuadernos porque su empresa, Industrial y Constructora SA, figuró entre las más de 80 firmas que aparecieron en la lista de Ernesto Clarens y que presuntamente pagaron “coimas” al gobierno kirchnerista para conseguir obra pública.

Otra decena de empresas y particulares argentinos también giraron o recibieron fondos a través de Heracles. Goyheneix no quiso responder las consultas del equipo argentino de FinCEN Files sobre la operatoria de esta firma. En su entorno se limitaron a señalar que tiene una trayectoria “intachable” y aludieron un comunicado de FinCEN que señaló que la filtración de documentos es un delito que “puede impactar en la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Al igual que Porcel, Goyheneix está investigado desde 2015 en el fuero Penal Económico por una denuncia de AFIP, también por presunta una “asociación ilícita tributaria” para transferir divisas al exterior a través del dólar cable o contado con liqui, pero cuyos remitentes y beneficiarios de esas transferencias no pudieron ser identificados. Consultado por esta causa, declinó hacer comentarios “por sugerencia del área de legales y compliance de la compañía”.

Según Macchione, “en la Argentina, los procesos para detectar infracciones cambiarias duran 15 años y las pocas sanciones que se han impuesto, no demuestran que recuperen activos. Habría que darle más herramientas a la UIF (Unidad de Información Financiera), CNV o al banco Central para poder suspender operaciones preventivamente. La Corte Suprema no quiso tratar el tema de la legalidad del contado con liqui. En toda la Argentina, hay una sola sentencia por el delito de intermediación financiera no autorizada”.

Con la colaboración de Guillermo Draper (Búsqueda), Uruguay.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

Seguí leyendo: