Senado: con fuertes reclamos de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo firmó el dictamen que quita más fondos de la coparticipación a Rodríguez Larreta

El bloque del Frente de Todos, con aliados, logró la firma de los senadores el dictamen respecto al “Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, rubricado entre el gobierno nacional y el Gobierno de la CABA el 5 de enero de 2016 que en los hechos fija partidas presupuestarias que significarán una reducción de los porcentajes transferidos de la Nación a la Capital. El oficialismo tiene en el Senado mayoría propia por lo que no tendrá dificultad para dar media sanción al texto, posiblemente dentro de una semana, excepto porque Juntos por el Cambio judicializó el protocolo de funcionamiento remoto y considera inválido cualquier dictamen y también las sesiones por teleconferencia.

Además, la oposición reclamó porque no expusieron cuatro de los 14 expositores que solicitaron, entre ellos el ex ministro bonaerense Hernán Lacunza y el de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, y por “el apuro” para terminar este jueves el tratamiento en comisión. “Me parece sesgado el planteo, se abrió el debate y se presentaron las preguntas que se quisieron preguntar”, se defendió la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun luego de que la secretaria contara que se llamó a todos los posibles disertantes y justificó la imposibilidad de algunos de presentarse. “No es justo que nos traten de apresurados”, agregó Carlos Caserio, titular de la comisión de Presupuesto.

De todos modos la principal bancada opositora participó activamente en los tres plenarios de comisión que tuvieron lugar esta semana. Asumieron la defensa política y técnica de las partidas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta los dos senadores de la Capital, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri; los bonaerenses Esteban Bullrich y Gladys González que lo hicieron con mucho énfasis; la cordobesa Laura Rodríguez Machado y el puntano Claudio Poggi. El Frente de Todos en cambio dejó transcurrir las reuniones donde hubo muchas preguntas de radicales y macristas. Sólo unos pocos senadores oficialistas salieron al cruce en cada una de las tres jornadas con alguna consulta u observación aunque Sacnun tuvo que frenar varias veces a Lousteau que interrumpió a los disertantes con preguntas o aclaraciones.

Los primeros expositores de este jueves fueron los representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde confluyen las provincias con sus respectivos ministros de Economía. Abrió el debate su presidente, Ricardo Sebastián Veliz, quien es ministro de Economía de Catamarca. Lousteau insistió en querer saber qué haría como ministro catamarqueño si en lugar de la automaticidad de las partidas le transfirieran competencias dejando los recursos en Nación. “No estoy acá como ministro”, respondió Véliz en representación de todos los distritos y no del propio. Ante la insistencia del porteño que reformuló la consulta, Sacnun reprochó: “Esto no es un juicio para que usted actúe como un abogado de parte”.

“Siempre que estén fijos los índices por ley van a existir las transferencias”, contestó Veliz que como el vicepresidente del CFI, Ignacio Perincioli (ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz) y el director ejecutivo, Juan Chirino, defendió la ley 23.348 que establece que el traspaso de recursos “para un trato equitativo con el resto de las jurisdicciones, se tiene que realizar mediante transferencia”. Insistieron que debe ser así hasta que haya una nueva ley de Coparticipación.

Lousteau volvió a consultar a cada uno cómo se asumieron los costos del traspaso de la Educación y la Salud a las provincias y Bullrich preguntó: “Escucho a varios decir que no se modifica la coparticipación cuando surge de un decreto que sí modifica la Coparticipación ¿No hay preocupación?”. Y Tagliaferri apuntó que se busca definir el monto de transferencias “con una ley que no tiene acuerdo”.

El texto del convenio contabiliza el gasto asignado este año a la Policía de la Ciudad en $24.500 millones, cifra considerada un piso a partir del cual se harán las transferencias desde Nación con una fórmula para su futura actualización en los ejercicios sucesivos. El cálculo se hará de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente.

Promediando la reunión, que arrancó pasadas las 13 el ex constituyente y constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, abogado del interbloque de Juntos por el Cambio en la presentación contra el protocolo remoto, advirtió que fijar el monto a través de este convenio ley “es una vuelta al pasado, al período preconstitucional” ya que, consideró “si digo te paso los servicios y te fijo el monto, es volver a los sometimientos más brutales”.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, cuestionó las cifras que en reuniones anteriores brindaron los funcionarios del Ministerio del Interior y del de Seguridad. Y planteó que sí significa una quita de coparticipación. “La Ciudad es el distrito que menor porcentaje de Coparticipación tiene y aporta casi diez veces que lo que aporta el segundo”, graficó y sobre el impacto que tendrá la quita prevista en las arcas porteñas aseguró que será de más de $ 65.000 millones, “el equivalente a diez meses de salarios docentes u ocho meses de salarios de la Salud”.

Intervino entonces el rionegrino Alberto Weretilneck, senador y ex gobernador, que primero saludó a Mura por ser oriundo de General Roca, provincia de Río Negro. “¿Porque en el convenio firmado en el 2016 no hay un número establecido? ¿No es riesgoso no haber garantizado un monto?”.

Buscó ayudar al porteño la cordobesa Rodríguez Machado que preguntó cuánto incrementó sus gastos la Ciudad para atender en hoteles y en centros sanitarios a los argentinos que al inicio de la pandemia llegaban desde el exterior. La tucumana Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, calentó el debate: “Tucumán también gastó más, la senadora le está haciendo una pregunta al ministro para que haga un gol”. “Usted no puede calificar mi pregunta, pero si dice que el ministro hará un gol ya no hace falta que la conteste porque usted acaba de admitirlo”, se metió Rodríguez Machado antes de que Sacnun volviera a poner orden. “Los gastos por COVID significaron un incremento de $ 20.000 millones, gran parte en atención en hoteles”, les dijo Mura.

Desde Salta el senador Sergio Leavy (Frente de Todos) quiso saber por qué “la Ciudad recibe $ 88.000 millones de más cuando Salta en el año 2019 tuvo un presupuesto de $ 77.000 millones, mucho menos que lo que le giramos a la ciudad de Buenos Aires solamente por seguridad”. Y criticó: “¿Este dinero debe devolverse y repartirse entre las otras jurisdicciones?”. Comparó a Salta, con 1.300.000 habitantes y la CABA, con tres millones.

La santacruceña Ana Ianni (Frente de Todos) preguntó al vicepresidente del CFI, ministro de su provincia, por la “discrecionalidad” sufrida por la gestión de Alicia Kirchner durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Perincioli se excusó por estar representando en la reunión los intereses de todos los distritos y entonces interrumpió Esteban Bullrich que como ex ministro de Educación de Macri negó los dichos de Ianni que volvió a tomar la palabra para repetir la acusación.

Otro puntano, el ex gobernador y actual senador Adolfo Rodríguez Saá, consideró que “a los victimarios los quieren convertir en víctimas” porque “no estamos tratando la Coparticipación Federal”, en línea con el argumento del presidente Alberto Fernández que firmó un decreto para bajar las partidas incrementadas a favor de la Ciudad a través de otro decreto pero del ex presidente Macri.

En la misma reunión expusieron Javier Curcio, director del Departamento de Economía FCRE-UBA; Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales AFIP que justificó el envío del convenio al Congreso y Raul Garré, director BNA que calificó como “buena noticia” que “la discusión política se traiga para su desarrollo al Congreso de la Nación”.

No coincidió con él la senadora Tagliaferri que cuando ya se habían desconectado los expositores, preguntó “¿para qué nos invitan a debatir?” y alertó que “no estamos castigando a un jefe de gobierno opositor, estamos castigando a seis millones de argentinos y estamos castigando la Constitución”.

Caserio, como presidente de la comisión de Presupuesto, defendió el proyecto remitido por Alberto Fernández. “Tenemos que hablar con Justicia” pidió y recordó que en lugar de 14 inmuebles, como creían se habían transferido a la Ciudad, “se transfirieron 60 inmuebles, por 325 millones de dólares”.

En el cierre, Bullrich volvió a calificar de “atropello” el debate a pesar de que Caserio les marcó la cantidad de tiempo y las veces que los senadores opositores hicieron uso de la palabra. El senador bonaerense propuso continuar la próxima semana con la presencia de Lacunza y Ocampo antes de dictaminar, aún cuando en el inicio habían planteado que no era legal.

El rionegrino Weretilneck sugirió hacer un cuarto intermedio y convocar para hoy mismo a ambos oradores que “tampoco son Donald Trump para tener la agenda tan complicada”. La secretaria repitió las gestiones hechas para tratar de que estuvieran presentes durante toda la semana. Sacnun se molestó: “Estoy convencida que si hubiera habido 50 oradores igual hubieran dicho que les quitamos el uso de la palabra cuando han monopolizado la palabra todos estos días”.

El chaqueño radical Víctor Zimmerman solicitó algunos cambios al dictamen, Sacnun le propuso seguir conversando hasta el día en que se trate en el recinto ya que incluso en sesión se pueden agregar modificaciones. Otra vez quedó de lado el planteo sobre la validez del protocolo remoto.

“Hasta que no se vote, se puede modificar en el recinto”, cerró el jefe del bloque del Frente de Todos José Mayans que remarcó todo el espacio que tuvo la oposición para exponer, hablar, presentar disertantes. Y reiteró que “son absolutamente válidas” las sesiones y comisiones. “Nos veremos el próximo jueves”, anunció Mayans la próxima sesión.