La juez federal María Eugenia Capuchetti procesó a ex funcionarios del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y al ex jefe de la Policía Federal Román Di Santo a raíz de una serie de irregularidades en la contratación con una empresa israelí para modernizar el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, lo que significó una inversión de US$ 41.800.141.
Entre los procesados aparece un funcionario actual de la cartera que conduce Sabrina Frederic. Se trata de Esteban José Rosa Alves, actual subsecretario de Control y Transparencia Institucional. La empresa israelí C. MER INDUSTRIES LTD, proveedora de los sistemas de seguridad, no está involucrada en la maniobra delictiva.
La contratación de la empresa C. MER INDUSTRIES LTD, a través del Ministerio de Defensa de Israel, se concretó a mediados de 2011, en el marco del Programa “Buenos Aires Segura” (BAS), que supuestamente iba a permitir monitorear los domos instalados en 200 patrulleros tecnológicos y en 1200 cámaras de vigilancia. Además, contemplaba la modernización completa del 911.
En ese momento, también se promocionaba la inversión como una mejora para “manejar de forma remota las cámaras, detectar automáticamente un rodado con pedido de secuestro, indicar el mejor recorrido y los protocolos de intervención adecuados, obtener en tiempo real las imágenes y datos capturados por las cámaras y computadoras de los patrulleros, y supervisar y coordinar en tiempo real a patrulleros y agentes”.
La realidad fue muy distinta. El fallo de la jueza Capuchetti sostiene que “el material resultó de una calidad inferior al pagado” y que las compras “eran inidóneas para satisfacer la necesidad de modernizar el sistema de seguridad de la ciudad autónoma”.
La Justicia le otorgó el rol principal a Gustavo Sibilla, entonces Secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad, quien viajó a Tel Aviv el 16 de junio de 2011 “para estampar su firma en el convenio que culminó obligado al estado nacional a realizados los pagos cuestionados”. Concretamente, Sibilla suscribió un Memorando de Entendimiento con un funcionario del Ministerio de Defensa israelí.
En apenas seis meses, cuando el Proyecto BAS todavía estaba en sus comienzos, el Gobierno argentino desembolsó US$ 41.800.141. Por su parte, la Fiscalía a cargo de Ramiro González puso el acento en el proceso de contratación, que habría violado el régimen de contrataciones.
La investigación judicial acumuló distintas auditorías que ratificaron las fallas del sistema contratado. En el fallo se destaca un informe de la Sindicatura General de la Nación que da cuenta de “fallas graves y reiteradas en los distintos aplicativos que componen el sistema de recepción y despacho de llamadas del Centro de Comando y Control 911 de la Policía Federal Argentina, ocasionando interrupciones que afectaron los servicios de llamadas de los ciudadanos”.
¿Que falló? “Los sistemas de seguimiento estaban pensando para unos patrulleros distintos a los que terminó usando la PFA y el sistema de comunicaciones no funcionaba bien por las interferencias”, ejemplificó un ex funcionario.
“El desenlace del Proyecto BACS -destaca el fallo- fue su culminación, tras más de 3 años después de iniciado, con el pedido del Ministerio de Seguridad para rescindir el contrato con la empresa MER, cuando ya se habían efectuado la totalidad de los pagos al estado de Israel por la implementación de un servicio que no funcionó y sin que haya constancias del inicio por parte del estado nacional”.
Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, los procesamientos fueron apelados por todas las defensas pero todavía no fueron tratados por la Sala I de la Cámara Federal, que la semana pasada se quedó sin dos de sus integrantes: Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Antes, la jueza Capuchetti debería resolver un planteo de algunas de las defensas que habrían reclamado la prescripción de la causa. En el caso de Rosa Alves, no pidió la prescripción porque sigue siendo funcionario y deberá esperar una resolución de la Cámara sobre la cuestión de fondo.
Esteban José Rosa Alves se desempeñaba ahora como director de Asuntos Jurídicos. Según su curriculum, también pasó por el Ministerio de Defensa, el SEDRONAR, el Servicio Meteorológico Nacional, la Dirección Nacional Electoral, la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el ex Ministerio de Agroindustria. Actualmente, es el Subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad.
“El fallo no está firme. La función de Rosa Alves era verificar si el acuerdo tenía alguna contradicción con la normativa argentina, no comprendió el análisis tecnológico ni económico del Proyecto”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad dando a entender que seguirá en el cargo.
Además de Sibilla, la jueza Capuchetti procesó a los integrantes de una comisión ad hoc que aprobó la propuesta de la empresa MER como “la más conveniente”: Liliana Esther Banti, Juan Franchino, Eduardo Terada, Julián Dunayevich, Hugo Lezcano, Gabriel Armando García, y Román Argentino Di Santo (ex jefe de la Policía Federal).
“Las constancias obrantes en la causa exponen que los nombrados adquirieron, a sabiendas de ello, material tecnológico caro, de baja calidad, y con características y condiciones que a priori no eran aptas para el ámbito de la Ciudad”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae. Todos fueron procesados por el delito de administración fraudulenta y se les aplicó un embargo de $10 millones.
Aunque la entonces ministra Nilda Garré participó de la contratación, Capuchetti le dictó falta de mérito.
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