FinCEN Files: empresas pantallas usadas por Odebrecht y el pago por una obra del artista Fernando Botero, en la mira de la unidad antilavado de EEUU

La constructora brasileña Odebrecht ya estaba en el radar de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCEN en inglés) varios meses antes de que admitiera en diciembre de 2016 ante la Justicia de ese país, haber pagado sobornos por USD 788 millones a funcionarios de una docena de países de la región para conseguir contratos de obra pública.

Según los documentos secretos revelados por la investigación global FinCEN Files liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la unidad antilavado norteamericana reportó sociedades offshore y operadores financieros que intermediaron en el pago por parte de Odebrecht de USD 35 millones de sobornos durante el gobierno kirchnerista. Entre esas firmas usadas como pantalla por el gigante brasileño figuran varias que habrían participado en las coimas a funcionarios argentinos como Klienfeld Services Ltd, Innovation Research Engineering and Development Ltd, Trident Inter Trading Ltd, Intercorp Logistic y Magna International Corp.

Entre los más de 2.100 reportes de operaciones sospechosas (SAR en inglés) filtrados a BuzzFeedNews y a los que accedieron en exclusiva por Argentina Infobae, La Nación y Perfil, hay uno emitido el 18 de octubre de 2016 por el Standard Chartered Bank de Nueva York. En el documento se identificaron 414 transferencias que pasaron por el Meinl Bank Antigua Limited, entre septiembre de 2010 y agosto de 2015, por un total de USD 187,6 millones. Esta entidad bancaria, filial del Meinl Bank AG, pasó a ser controlada por Odebrecht para configurar su esquema de sobornos.

El propio Meinl Bank aparece también reportado debido a las notas en la prensa que señalaban que el banco “había sido adquirido en secreto por la constructora brasileña para lavar, distribuir y ocultar miles de millones de dólares en sobornos” relacionados con Petrobras, la compañía petrolera estatal de ese país, entre 2010 y 2014. Un ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, describió a ese banco como “el centro neurálgico desde el que se hacían pagos irregulares” de la oficina de sobornos de la constructora brasileña, a través de diversas firmas.

Pero ese no fue el único SAR de la FinCEN que alertó sobre la operatoria del Meinl Bank. Entre 2014 y 2015, el reconocido artista plástico colombiano Fernando Botero recibió una transferencia de USD 500.000 desde esa entidad bancaria ubicada en Antigua y Barbuda, que fue reportada como transacción sospechosa por ese organismo antilavado por provenir de una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de soborno, Fincastle Enterprises Ltd. El reporte de la unidad antilavado menciona que Fincastle Enterprises registró entre octubre del 2014 y marzo del 2015 un total de 19 transacciones por USD 8,2 millones.

Por este motivo, el nombre de Fernando Botero apareció mencionado en el reporte de operación sospechosa que el Standard Chartered Bank de Nueva York presentó ante la FinCEN, según revelaron El Espectador y Connectas, en Colombia, socios de la investigación FinCEn Files. “El giro parece indicar la compra de una obra de arte, ya que cita dimensiones y hace referencia a un museo colombino, Galería El Museo. Fernando Botero es considerado una persona políticamente expuesta (PEP), según la ley colombiana, y fue investigado por las autoridades italianas por presunta evasión fiscal”, detalla el SAR.

El pintor y escultor latinoamericano vivió por más de 30 años en Italia, en la ciudad de Pietrasanta, y luego fijó su residencia en el Principado de Mónaco, decisión que en Italia se consideró como una maniobra para evadir impuestos. Finalmente fue absuelto en ese país.

Un equipo de El Espectador y Connectas intentaron consultar a Botero, a través de un cuestionario enviado a su hija Lina, pero no se obtuvo respuesta a pesar de las varias comunicaciones remitidas. También se comunicaron con Luis Fernando Pradilla, representante de Botero y director de la galería El Museo en Bogotá. Pradilla dijo recordar dos pagos por USD 500.000 a Botero en el rango de fechas que abarca el SAR: el primero de la galería Anima Gallery ubicada en Doha, Qatar, el 26 de noviembre del 2014; y el segundo de la galería Almeida e Dale de San Pablo el 17 de marzo del 2015. Ambos pagos efectuados en exposiciones que se organizaron con dichas galerías, según dijo.

Los periodistas colombianos socios de ICIJ confirmaron que efectivamente Anima Gallery, ubicada en Porto Arabia en el archipiélago artificial de la Perla, en Doha, albergó la exposición “Botero by Fernando Botero” entre el 14 de octubre del 2014 y enero 15 del 2015. En cambio, la galería de arte brasileña Almeida e Dale no tiene registros públicos de exposiciones individuales del artista colombiano en esa época.

Ante la consulta de equipo de ICIJ, el abogado Pedro Henrique de Arruda de la firma Tortima Advogados Associados, respondió que “la exposición de Fernando Botero tuvo lugar en 2012 y la empresa (Almeida e Dale) no tenía relación con la venta de la obra indicada”. Pradilla sostuvo que esa respuesta desde Brasil “no tiene sentido”, pues según él, no se hace una referencia a ninguna obra específica. Y agregó: “La obra de Botero estuvo en exposición en varias galerías y museos, por un lapso de tiempo largo, y varios dealers de arte intervinieron en la venta de la obra”.

Se ignora cuál fue la obra del artista colombiano por la que se efectuó el pago y quién fue el destinatario final de la misma por la queel dinero se giró a través de Fincastle Enterprises. Registrada en 2013 en Bahamas, su director es el británico Timothy Scorah Lynn. Según establecieron el Ministerio Público Federal de Brasil la Policía de Andorra, Lynn fue testaferro de Olivio Rodriguez Junior, especialista en crear y operar empresas offshore para facilitar el pago de coimas de Odebrecht en varios países de Latinoamérica. El Consorcio buscó contactar a su abogada para contrastar la información, pero no obtuvo respuesta.

El representante de Botera le dijo a El Espectador y Connectas que desconoce lo que vendió Almeida e Dale, aunque admite que la galería brasilera sí vendió varias obras del maestro Botero. No sabe a qué pago corresponde la transacción reportada en Fincastle y afirma que “pueden haber sido dos obras o un pago parcial de una obra”. Pradilla insistió en que ni él, ni el artista ni Almeida e Dale podían saber que la compra estuviera asociada con una empresa cuestionada. “Estoy seguro de que la obra no fue para pagar un soborno, la gente no paga sobornos con un cuadro de Botero, soborna con dinero”, anota. “Nunca he oído eso de due diligence para un cliente. Uno vende de buena fe a quien le paga de buena manera, no es con maletas llenas de dinero sino con transferencias bancarias”.

“No se le puede poner malicia a estas transacciones desarrolladas por estas galerías que son muy reconocidas y en esas fechas ninguno habíamos oído hablar de Odebrecht y menos del Meinl Bank (…) Somos ajenos a estos enredos y si por circunstancias hubo un pago sospechoso al maestro de una venta de su obra, en la que interviene la galería El Museo, ni él ni yo tenemos control ni conocimiento de quién compra las obras que venden otras galerías o dealers en el mercado”, agregó el galerista.

Arte y lavado de dinero

La investigación judicial en Brasil sobre el Lava Jato -el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil, que implicó que fueran presos los directivos de las principales empresas de la construcción así como numerosos políticos brasileños, entre ellos el ex presidente Lula da Silva- reveló que el mercado del arte fue uno de los medios utilizados para lavar dinero de la corrupción.

De hecho, una de las últimas operaciones de la investigación judicial fue bautizada “Operación Galería”. En septiembre del año pasado, la Policía Federal desembarcó en Almeida e Dale, de amplia trayectoria en San Pablo. Fue allanada bajo la sospecha de haber participado en un esquema de lavado de activos provenientes de la corrupción con origen en una subsidiaria de Petrobras, Transpetro.

Según los investigadores del caso, la galería fue el destino final de parte de los sobornos negociados por el entonces presidente de Transpetro, Sérgio Machado, denunciante del Lava Jato, y cuyos beneficiarios eran el ex ministro de Minas y Energía Edison Lobão y su hijo Márcio, a cambio de contratos con la compañía estatal. De acuerdo con la “Operación Galería”, más de 10 millones de reales (USD 1.750.000) habrían sido entregados a Márcio Lobão entre 2008 y 2014. En el expediente están acusados, entre otros, Carlos Dale Junior y Almeida & Dale Galeria de Arte Ltda. Entre los métodos que Márcio Lobão utilizó para lavar los sobornos recibidos figuraban “transacciones sobrevaloradas de obras de arte” y “la interposición indebida de terceros en transacciones de obras de arte”.

Firmas pantalla y capítulo argentino

Varias transacciones a través del Meinl Bank de las firmas pantalla usadas por Odebrecht, que generaron los reportes del Standard Chartered a la FinCEN, coinciden en fechas y montos con las coimas que Odebrecht pagó para quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas, de la empresa estatal Aysa. Este proyecto en la Provincia de Buenos Aires fue uno de los tres grandes contratos que la constructora brasileña obtuvo -bajo la sospecha de coimas- en Argentina.

“Las transacciones parecen estar relacionadas con la actividad ilícita descrita por un denunciante y en las notas en los medios adversas relacionados con el escándalo de sobornos y corrupción” advirtió el Standard Chartered en relación al Lava Jato.

En el SAR de 120 páginas dividido en tres partes, la unidad antilavado de Estados Unidos identificó a varios operadores que movieron esos fondos ilícitos para Odebrecht y que aparecen vinculados al pago de coimas al círculo directo de colaboradores del entonces ministro de Planificación, Julio de Vido. Entre ellos, los ex ejecutivos del gigante brasileño Rodrigues Junior, Fernando Migliaccio y Luiz Eduardo da Rocha Soares.

El Standard Chartered de Nueva York también había identificado una serie de datos que le llamaron la atención. Las contrapartes “aparecían enviando o recibiendo múltiples transacciones grandes en dólares el mismo día", en “dólares redondos para fines desconocidos”, maniobra que la entidad advirtió "son un vehículo conocido para el lavado de dinero”. También varias de las empresas pantalla usaban “números correlativos de cuentas bancarias” y compartían el mismo domicilio registrado en Antigua y Barbuda.

“En particular, la mayoría de los remitentes / beneficiarios finales fueron identificados a través del dominio público como empresas fantasmas creadas con el propósito de lavar, distribuir y ocultar miles de millones de dólares en sobornos. Además, algunas de las entidades creadas para este esquema utilizaron la misma dirección que figura en la transacción”, pude leerse en el SAR elaborado por la FinCEN al que accedió Infobae.

Cuatro años después de los reportes emitidos por la FinCEN, el juez federal Sebastián Casanello elevó a fines de julio pasada a juicio oral y público la investigación por las plantas de agua de Aysa de Tigre y la de Berazategui. Es la primera causa Lava Jato en Argentina en llegar a esta instancia con empresarios procesados por presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas, además de supuesta defraudación a la administración pública, por parte del consorcio empresario liderado por Odebrecht.

Entre los procesados figuran el ex presidente de AySA, Carlos Ben; los empresarios Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros. También Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en el país. Las constructoras locales y Rodríguez negaron haber pagado sobornos, mientras que los ex funcionarios sostuvieron que no recibieron pagos indebidos ni direccionaron las licitaciones. Sin embargo, el juez consideró probados los delitos y que las obras estuvieron direccionadas a estas compañías.

Consultada para esta investigación, la constructora brasileña respondió: “Odebrecht, hoy comprometida con una actuación ética, íntegra y transparente, ha colaborado de forma permanente y eficaz con la justicia para aclarar los actos que comprobadamente ocurrieron en el pasado”.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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