El programa que diseña Axel Kicillof para desalojar pacíficamente la toma de Guernica

El gobernador Axel Kicillof trabaja contra reloj para terminar de diseñar el modelo de reubicación de los usurpadores de las 100 hectáreas de tierras privadas de la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón. Esta posibilidad se consiguió por la prórroga que le concedió el juez de garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo hasta el 1º de octubre, a pedido del Poder Ejecutivo provincial. Si bien hasta ahora no hubo acuerdo con los tomadores de las parcelas, se decidió que el órgano rector para esa tarea sea el censo que realizó el equipo del ministro de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, en colaboración con la intendenta local Blanca Cantero. La distribución de las tierras será según el municipio de origen de los que están allí asentados. Es decir que, si la familia usurpadora es de La Matanza, será localizada en ese distrito. Por esa razón, los funcionarios bonaerenses ya comenzaron a conversar con los alcaldes comprometidos. La primera en sentarse en dialogar con Larroque fue Cantero, no solo porque el foco de tensión está en el distrito que administra, sino porque la mayoría de los tomadores de tierras provienen de Guernica.

Según el censo que fue entregado al juzgado que había ordenado el desalojo para el día de hoy, se ocuparon exactamente 2.344 parcelas, denominados en el informe como “hechos físicos”. En las parcelas hay construidas, tal como destaca el mismo magistrado, precarias habitaciones donde viven familias con niños, carpas o simplemente bolsas de nylon con una bandera, sin ninguna persona ocupando el espacio.

De hecho, el cuestionario fue respondido por 1.904 personas. De ese total, que se supone deberá ser desalojado de manera “voluntaria”, o al menos a eso se aspira, 650 son de Guernica, es decir poco más de un tercio de los habitantes de las tierras tomadas.

El resto provienen de distritos cercanos como Almirante Brown, localidad que limita con Presidente Perón. Del distrito gobernado por Mariano Cascallares provienen 75 familias. Esto los trasforma en el segundo grupo en importancia. También hay grupos de localidades algo más lejanas como Quilmes, gobernada por Mayra Mendoza, y de La Matanza, el populoso municipio liderado por Fernando Espinoza, un hombre que ya tiene sus propio problemas con las tomas y desalojos que hace semanas se registraron, por ejemplo, en González Catán, Isidro Casanova y Gregorio de Laferrere.

La única manera que tiene la provincia de Buenos Aires de conseguir la tierra para trasladar a los usurpadores es pidiéndosela a los intendentes. Suponiendo que los caciques de cada localidad tengan tierras disponibles, el segundo problema que existe y, quizás el más importante, es el económico: los costos para trasladar a las familias, muchas de ellas con niños pequeños, personas con discapacidades u otro tipo de vulnerabilidades. A eso hay que sumarle una ayuda monetaria para la construcción de las viviendas, parcelar las hectáreas de tierra, abrir calles, realizar el zanjado, las conexiones de gas, luz y agua potable, alimentos, asistencia social, sanitaria de seguridad y hasta el otorgamiento de un título de propiedad provisorio, entre otras cuestiones.

A esta secuencia lógica de gastos, algunos intendentes la denominan como “costo de traslado” y no es un tema menor, sino todo lo contrario, porque los alcaldes no pueden hacerse cargo con sus alicaídas arcas -pandemia de por medio-.

Por esta razón, el desalojo de Guernica no es tanto un problema judicial sino político y administrativo, del que los movimientos sociales no están ajenos. Por el contrario, son parte, primero, del problema a través de las tomas que impulsan. Y quizás, después, de parte de la solución, por ejemplo ingresando con mano de obra propia, a través de sus cooperativas de trabajo, para la construcción de los nuevos barrios.

¿Y esto por qué? Al menos tres de los intendentes con los que habló Infobae aseguraron que de nada servirá sacar a las familias de los predios privados de Presidente Perón y ubicarlos en zonas inundables, de difícil acceso para proporcionarles los servicios básicos y compleja accesibilidad para que pueda ingresar una ambulancia, un patrullero o un carro de bomberos en caso de ser necesarios.

“La experiencia de los asentamientos sobre basurales o humedales ya lo vivimos y eso no le sirve a nadie”, dice uno de los intendentes peronistas que es referente en la Zona Oeste del conurbano bonaerense. Y aclara: “Para que el traslado de la gente de la toma de Guernica ocurra y retornen a los municipios de origen, tienen que haber algunas partidas de provincia o algún consenso entre los intendentes para que haya un plan social de viviendas sociales. Dejarlos en un terreno vacío es lo mismo que volver a los asentamientos. La gente tiene que volver a sus municipios, pero con un plan de vivienda social, porque sino el problema es doble. Esto ya lo hablamos entre varios intendentes. Solo se pueden resolver los problemas habitacionales con programas completos de viviendas sociales, no es que basta con darles un terreno y que se las arreglen para construir. La otra posibilidad es darle un crédito absolutamente blando a estas familias y que construyan ellos y supervisar desde el Estado la obra. Es un tema no menor. Habrá que hablar también si hay espacio para que se queden en barrios ya urbanizados hasta que se puedan mudar”.

Sobre este tema central aún no se avanzo, pero los intendentes ya ponen esas cartas sobre la mesa. También los negociadores y abogados de los usurpadores, que no se resignaran a ser reubicados en un pedazo de tierra pelada y volver a empezar de cero. Eso ya lo expresaron. Hay buena voluntad y predisposición para no tensar la cuerda, siempre y cuando la propuesta sea superadora a las que se manejaron hasta ahora y que fueron muy pocas.

Según pudo saber Infobae la reunión entre Larroque y la intendenta Cantero fue productiva. “Se habló de mantener reuniones con los intendentes de las localidades a las que deberían volver los usurpadores”, dijeron desde el lado de la intendenta.

"Con Blanca Cantero comenzamos a coordinar mecanismos de asistencia para aquellos ocupantes oriundos de Guernica y se debatió sobre la búsqueda de una solución a la situación, teniendo en cuenta de dónde provienen quienes están en el predio, así como también las necesidades habitacionales de las y los vecinos de Guernica, en general”, apuntalaron desde el lado de Larroque.

Apenas se conoció la decisión judicial, Larroque precisó: “Estamos trabajando en un plan integral que seguramente conoceremos en los próximos días. Hay muchas cuestiones a resolver, que nos va a llevar un tiempo destrabar para presentar un plan funcional y realista”.

Las condiciones de la justicia

En su resolución de 13 fojas, el magistrado fue enfático en cuanto a las condiciones que le impone al poder político sobre la seguridad de las personas que habitan las tierras tomadas, entre ellos muchos niños. A su vez, destacó a quiénes deben ser reintegradas las parcelas usurpadas y el cumplimiento del plazo para el desalojo sugerido por el ministro Larroque y aceptado por el titular del juzgado de garantías número 8 de Cañuelas.

También remarcó que "la nueva fecha fijada para la efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes de los lotes en cuestión -unas 100 hectáreas- para el día 1º de octubre o supletoriamente 2 o 5 de octubre del corriente mes y año, a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo, es improrrogable”.

El juez, a pedido del fiscal, le impuso a “las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, o quien en tal caso se delegue, garantizar la seguridad y salubridad de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y demás personas que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad dado que las condiciones en las que se encuentran los ocupantes resultan ser sumamente precarias”.

Además, aclaró: “Existiendo conexiones eléctricas clandestinas que alimentan de luz al día de la fecha, encontrándose ya ordenada la desconexión de las mismas (y ratificada por la sala primera de la Cámara de apelaciones) y dado que las mismas resultan sumamente peligrosas para los ocupantes, como para las personas que realicen diligencias, corresponderá hacerle saber al representante del Poder Ejecutivo requirente, que se deberán adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias y pertinentes para garantizar la salud y la vida de todos los nombrados”.

Una vez “ocurrida la desocupación de los lotes”, el juez Rizzo puntualizó que las tierras “deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado, en representación de la firma Bellaco S.A.”

Desde el inicio, el juez sostuvo que “el norte de estas decisiones -la prórrogas del desalojo- no es otro que dar una salida pacifica a la decisión que fuera adoptada por este Magistrado y confirmada por el Superior tiempo atrás, y respetuosa de los Derechos Humanos de los y las intervinientes”.

Por eso, aclaró Rizzo que su resolución “no es dejar sin efecto la orden librada (...) sino su postergación por este plazo razonable (10 días), donde a su vez se extenderán las medidas cautelares que fueran dictadas y prorrogadas tiempo atrás, hoy requeridas nuevamente por el Sr. Fiscal, esto es, la prohibición de ingreso de nuevos ocupantes al predio, así como también de materiales de construcción mobiliarios y electrodomésticos”.

Como ya lo había dispuesto en la resolución anterior, una vez más el magistrado precisa que “el mandamiento de desalojo se efectuará en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.

Por último, el juez especificó que, si antes de la fecha dispuesta para el desalojo “se logra una solución alternativa”, se le deberá informar de inmediato para “dejar sin efecto" la orden que debería ejecutar la policía de la Provincia de Buenos Aires.

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