Frente al avance de la usurpación de tierras que se desató en medio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno Nacional reconoció la ocupación actual de un territorio a una comunidad del pueblo Mapuche en Bariloche.
Los focos de las tomas ocurren en el conurbano bonaerense y en Río Negro. En la provincia de Buenos Aires, la situación más preocupante ocurre en Guernica (Presidente Perón), donde alrededor de dos mil personas se encuentran ocupando un predio de cien hectáreas. El desalojo que estaba previsto para este miércoles fue postergado hasta el 1 de octubre por pedido del Gobierno de Axel Kicillof que apuesta a encontrar una solución pacífica y el futuro destino de estas familias que viven en carpas y precarias casillas de madera y chapa.
Mientras que en la Patagonia, a lo largo de los últimos meses aumentaron las usurpaciones de tierras tanto privadas, como fiscales, y hasta de áreas protegidas. El conflicto desató distintas miradas entre dirigentes, el rechazo de los vecinos de la zona que exigen el desalojo y que contrasta con el reclamo de las comunidades indígenas que argumentan la propiedad histórica -de carácter “ancestral”- de los lugares en disputa.
Este miércoles, a través de la Resolución 90/2020 que fue publicada en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) amparado en un “relevamiento técnico, jurídico y catastral” en la provincia de Río Negro reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de la comunidad Lof Che Buenuleo -perteneciente al pueblo Mapuche- en una tierra de 481 hectáreas en San Carlos de Bariloche.
“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, justificó el Gobierno amparando la decisión en el Artículo 75 -inciso 17- de la Constitución Nacional.
Si bien los protagonistas de actos vandálicos como intentos de robo, incendios de cabañas y amenazas a vecinos, en la zona de Villa Mascardi, son los integrantes de la comunidad Winkul Lafquen Mapu, la Lof Che Buenuleo participó de un enfrentamiento con el aparente propietario meses atrás.
El 10 de septiembre de 2019, la comunidad Buenuleo inició el proceso de recuperación de lo que ellos consideran su territorio ancestral. Comenzaron con 40 hectáreas ubicadas en la zona del Cerro Ventana, las cuales sostienen que fueron “arrebatadas de manera fraudulenta en el año 2014”. Justamente hace 6 años se originó la disputa tras la muerte de su ancestro Antonio Buenuleo y ante la aparición de un hombre que adujo haberle comprado las tierras. Según la comunidad, el supuesto propietario cuenta con un boleto de compra venta que ellos consideran ilegal.
En el conflicto Buenuleo, la Justicia Federal de Bariloche indicó en diciembre que la jurisdicción corresponde a Parques Nacionales y anunció que estaba en investigación “un hecho calificado por los imputados como de ‘posesión tradicional indígena’”.
El pasado 29 de abril, una patota encabezada por el propietario del predio intentó recuperar el lugar atacando a sus ocupantes con armas blancas y destrozándoles la vivienda. Por ese hecho, el mapuche Ramiro Buenuleo y otras dos personas sufrieron heridas, entre ellos una mujer y un adolescente de 14 años. Cuatro agresores fueron imputados.
El conflicto escaló de tal manera que requirió la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación. A mediados de mayo se llegó a un acuerdo por un plazo de 90 días en el cual la provincia de Río Negro debía hacerse cargo de la protección de la comunidad ubicada en el Cerro Ventana con una fuerza policial especial, y junto a la provisión de elementos de seguridad e higiene.
Con la intervención de la cartera que conduce Sabina Frederic, la tensión se redujo pero en su momento habían considerado que la solución real para los pueblos originarios requeriría más tiempo y la intervención del INAI.
Sin embargo, el organismo que conduce Magdalena Odarda fue objeto de cuestionamientos por su accionar. Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro había manifestado que en el caso de Villa Mascardi, la participación del INAI “no es constructiva”. Debería poder distinguir a las comunidades mapuches de un grupo violento que no reconoce al Estado nacional", cuestionó al tiempo que exigió “ser claro en la condena de la violencia”.
Semanas atrás, en declaraciones a Infobae, Odarda dijo: “Vamos a demostrar que el camino de la represión y de las balas no es el camino correcto en un Estado de derecho, no nos vamos a mover ni un ápice de esa posición pacífica”.
En paralelo al avance de las usurpaciones, a principios de septiembre el INAI reconoció la ocupación de tierras de distintos pueblos aborígenes de las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
La Resolución de este miércoles sobre la comunidad Buenuleo surge luego de que el Tribunal de Impugnación confirmara la medida cautelar para desalojar la zona ocupada en septiembre del año pasado a pocos kilómetros de la Ruta Nacional 40.
Según informó el portal Río Negro, el Tribunal tuvo en cuenta que “el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) ha reconocido en su informe jurídico que en las tierras comprendidas dentro de la jurisdicción de parque Nahuel Huapi, zona Gutiérrez, se encuentran en posesión tradicional actual y pública de la Lof Buenueleo”. Sin embargo esas actuaciones que al momento de la decisión judicial estaban pendientes de la aprobación del INAI, "de ninguna manera, avalan las vías de hecho para la recuperación territorial”. Además advirtieron que se comprobó que el denunciante tenía la posesión del inmueble, inclusive había construido una vivienda. Por su parte la Fiscalía argumentó que Antonio Buenuleo se asentó en la zona en disputa en el año 1880 y que “el campo le fue otorgado por el Estado argentino por colaboraciones”.
Con la intervención del INAI reconociendo la ocupación a la comunidad Buenuleo habrá que seguir de cerca en qué nueva situación decanta el conflicto territorial.
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