FinCen Files: el abogado que ayudó a Baéz a lavar USD 33 millones fue testaferro de un grupo empresario venezolano que hizo negocios con el chavismo

Néstor Marcelo Ramos, el enigmático abogado argentino titular de Helvetic Services Group, la sociedad vehículo suiza a través de la cual el empresario kirchnerista Lázaro Baéz compró la financiera “La Rosadita” usada para fugar y lavar USD 33 millones, actuó como testaferro de la familia Ceballos en Venezuela. Liderada por Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con lazos estrechos con el gobierno chavista, el clan familiar es dueño de empresas sospechadas de maniobras de corrupción con funcionarios de ese país.

Así como había puesto a disposición del constructor favorito de los Kirchner su estructura societaria para el lavado de dinero, Ramos prestó su nombre para figurar como “accionista nominal” y director de Sarleaf Limited, la firma creada por los Ceballos en Londres para proteger a la familia de la exposición pública en Venezuela.

La decisión de registrarla en Londres buscó evitar el riesgo de una potencial expropiación por parte del gobierno venezolano. Creada en 2007, estuvo inactiva hasta 2012, cuando fue contratada para un plan del gobierno venezolano de viviendas populares. La firma fue utilizada para derivar al menos USD 116 millones de contratos de vivienda pública hacia empresas y cuentas bancarias personales de la familia Ceballos, así como a otras firmas que actuaron de fachada con cuentas en Suiza.

Los datos surgen de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, en inglés). La filtración fue obtenida por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y 400 periodistas socios de más de 100 medios de todo el mundo. Entre ellos, Infobae, La Nación y Perfil, de Argentina

Según los registros analizados por este medio, la firma Sarleaf, Ramos y cinco abogados suizos que actuaron como sus socios, y seis integrantes de la familia Ceballos – cuya actividad principal es el negocio de la construcción - fueron reportados por el Banco Espirito Santo de Miami por transacciones sospechosas por un total de USD 262 millones. Los movimientos de dinero tuvieron lugar en solo nueve meses, entre abril de 2013 y enero de 2014.

Reclamado por la Justicia argentina

Las alertas bancarias en Estados Unidos respecto de Ramos se activaron poco antes de que estallara el escándalo de “la ruta del dinero k” en abril de 2013 en el programa Periodismo para Todos. Su nombre se haría público ese año por la investigación inicial del fiscal Juan José Campagnoli, que expuso la conexión entre Helvetic y la financiera SGI de Puerto Madero, donde Martín Báez - el hijo mayor del empresario kirchnerista-, quedaría registrado en las cámaras de seguridad contando USD 5 millones.

De 57 años, nacido en la provincia de Córdoba, Ramos tiene pasaporte italiano pero reside en Suiza desde principios de los 2000. El juez federal Sebastián Casanello dio por probado que su empresa Helvetic Service Group funcionó como una sociedad vehículo y fachada para que Báez, sus hijos y su entorno lavaran al menos USD 33 millones, fugándolos al exterior y reingresándolos en bonos de la deuda argentina. Las maniobras de blanqueo fueron realizadas desde fines de 2010 hasta principios de 2013, a través de una red de empresas offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza.

Ramos enfrenta desde 2016 un pedido de extradición dictado por Casanello que busca, infructuosamente, desde entonces indagarlo. El proceso con las autoridades suizas sigue en trámite, debido a su delicado estado de salud por un cáncer avanzado.

Fondos para viviendas populares

Ramos aparece en dos ROS emitidos por la FinCEN en diciembre de 2013 y febrero de 2014. Fue reportado por el Banco Spirito Santo de Miami por sospechas sobre el movimiento de fondos en la cuenta de Sarleaf, de la que era “accionista nominal” y director.

El propósito de la cuenta abierta en 2012 a nombre de Sarleaf fue recibir fondos del gobierno chavista para un plan de viviendas subsidiadas en San Francisco de Yare, en el estado de Miranda, conocido como “Gran Misión Vivienda”. El programa fue una de las promesas más ambiciosas del fallecido presidente Hugo Chávez, pero quedó envuelto en sospechas de corrupción.

Durante el gobierno del líder del chavismo, la familia Ceballos para la que Ramos actuó como testaferro, ganó decenas de contratos para construir escuelas, plantas tratadoras de agua y otros proyectos, como la renovación del Poliedro de Caracas. Con la llegada de Nicolás Maduro, el clan mantuvo sus lazos cercanos a la élite venezolana en el poder.

Las instituciones financieras están obligadas a reportar a la FinCen si “saben, sospechan o tienen una razón de sospechar” que una transacción que pasa por Estados Unidos tiene un origen delictivo o no tiene un propósito de negocios claro". Estos reportes no son denuncias formales ni implican per se un delito, pero otorgan al sistema financiero su línea de defensa más fuerte contra operaciones de lavado de dinero realizadas por políticos y empresarios corruptos, delincuentes de guante blanco o narcotraficantes.

Sin embargo, la investigación de ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. En la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones.

En ambos reportes de la FinCEN analizados por Infobae, Ramos aparece reportado junto a Sarleaf, Alejandro Ceballos, el magnate venezolano de la construcción que lidera los negocios del clan familiar, junto a su madre Maura Betty Jimenez de Ceballos, y a cuatro de sus hermanos. A todos ellos, el banco los identificó como los beneficiarios finales de esta sociedad y quienes la controlaban en secreto, detrás de la figura de Ramos.

También aparecen reportados otros cinco abogados residentes en Suiza, que actuaron como los otros “accionistas nominales” de Sarleaf, entre los cuales está Claudio Giovanni Fontana, primer titular de Helvetic, y el sobrino de Ramos, el argentino Javier Martín Vanella, representante legal de la firma suiza en Argentina. Vanella sucedió a Ramos como director de Sarleaf en 2014.

En los ROS emitidos por la FinCEN, en base a las alertas del Spirito Santo en 2013 y 2014, se señala que el gobierno de Venezuela es el principal cliente de Sarleaf, cuya actividad declarada es la venta de tubos de acero para la construcción. En el primero de los reportes emitido por FinCen, las operaciones totalizaban USD 232 millones y fueron realizadas entre abril y octubre de 2013.

Según los documentos analizados por Infobae, en solo cinco meses ingresaron a la cuenta de Sarleaf USD 134,5 millones provenientes del gobierno venezolano, que fueron consideradas sospechosos por implicar posibles hechos de corrupción a través de planes de viviendas subsidiadas. También por el “uso inusual de múltiples cuentas”, “documentación cuestionable o aparentemente falsa” y la “posible asociación con personas en Venezuela bajo revisión por aparente desaparición de fondos”.

Otra de las razones para reportar los millonarios movimientos bancarios fue la existencia de “numerosas transferencias internas abultadas, frecuentes y en números redondos en dólares, enviadas a miembros de la propia familia Ceballos, a sus cuentas personales y a cuentas financieras para las cuales los contratos provistos para corroborar el origen de los fondos son cuestionables”, así como a jurisdicciones de alto riesgo.

Alertas tardías

Los bancos deben investigar de manera activa y señalar las transacciones sospechosas. Sin embargo, los documentos de FinCEN Files muestran que los bancos se limitan a menudo a enviar reportes cuando sus clientes son señalados en la prensa y, a veces, cuando ya están siendo investigados por la Justicia.

La investigación detectó que se reportaron más de USD 4.800 millones entre 2009 y 2017 en transacciones sospechosas con vínculos con Venezuela. Casi el 70% de ese monto tenía como partido a una entidad del gobierno de ese país, como el Ministerio de Hacienda o la petrolera estatal.

La filial en Miami del Banco Espírito Santo trató tardíamente de verificar si las transferencias eran legítimas, pero ya no pudo. Los pagos a familiares aparecieron “excesivos”; los documentos de respaldo “despertaron muchas preocupaciones”, varios pagos a entidades vinculadas con esquemas de lavado de dinero aparecieron como “artificiales por naturaleza”, según reportes que el banco envió a los reguladores en 2013 y 2014.

Ese año el Wall Street Journal reveló que las autoridades de Estados Unidos estaban investigando la oficina en Miami de Espirito Santo por supuesto lavado de dinero vinculado con Venezuela. Las autoridades portuguesas tuvieron que salir al rescate de esta tradicional entidad privada y resolvieron su disolución en 2014.

El destino del dinero

Pero no solo el flujo de fondos a la cuenta de Sarleaf provenientes del gobierno del entonces nuevo presidente venezolano, Nicolás Maduro, despertó sospechas. También su destino. Según los documentos filtrados, USD 97 millones salieron en poco tiempo -en algunos casos, en solo dos días- en montos elevados, a otras cuentas internas de la propia familia Ceballos. Por ejemplo, USD 20 millones fueron a una cuenta de la firma de la familia registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Sidon Enterprises Inc, que también fue incluida en el reporte de la FinCEN. Según el procedimiento de debida diligencia del banco, la cuenta estaba destinada a “los ahorros, inversiones y gastos personales de Alejandro Andrés Ceballos”, hijo del líder de las empresas del clan familiar.

Casi USD 7 millones de dólares fueron enviados sin justificación identificada a dos firmas en Suiza. Después de revisar facturas y contratos que Sarleaf le envió para justificar esas transferencias, Espírito Santo concluyó que eran probablemente “artificiales por naturaleza”, es decir, que eran transferencias apócrifas que podrían implicar lavado de dinero o evasión de impuestos.

Los movimientos reportados como sospechosos ante la FinCen incluyeron el envío de USD 10 millones desde la cuenta de Sarleaf a Mercantil Valores Agente de Valores, una financiera controlada por el empresario argentino-israelí Diego Marynberg en Uruguay, sin propósito identificado.

Infobae le preguntó a su abogado sobre el objeto de esa transacción. “Eso es solicitar que violemos el secreto financiero, lo cual sería un delito. No estamos habilitados a dar nombres de clientes, como corresponde a cualquier banco o agente de valores”, respondió Marcelo Etchebarne, de DLA Piper, una firma multinacional de abogados. El Banco Central de este país le revocó en mayo de 2016 la licencia para seguir operando a Mercantil Valores por no cumplir con la normativa para prevenir el lavado de dinero.

“Secreto profesional”

También consultado para esta investigación sobre estas transferencias sospechadas de Sarleaf a otras empresas, el abogado de Ramos en Suiza, John Dell’Oro, respondió: “Dado que el señor Ramos brindó servicios fiduciarios, considera que la información específica está cubierta por el secreto profesional. Nunca brindó servicios financieros, por lo que no participó directamente en ninguna transacción de pago y no sabe nada al respecto”, fue la respuesta del letrado suizo. También señaló que “lamentablemente su situación de salud actual no le permite invertir el tiempo necesario para brindar la información solicitada”, en respuesta a un cuestionario por escrito enviado por Infobae.

Los documentos confidenciales muestran también una transferencia de Sarleaf - de una cifra menor si se quiere, USD 75.000 – en esos meses de 2013 a la propia Helvetic en Suiza. Ramos fue, hasta su disolución en 2019, el presidente de esta firma usada como vehículo, además de Báez, por varios argentinos que buscaron lavar dinero o camuflar su verdadera identidad al hacer una operatoria financiera o inmobiliaria.

Las conexiones de Helvetic

Helvetic “está asociada con los abogados o accionistas nominativos propietarios de Sarleaf Limited que han sido acusados de lavado de dinero según una investigación en Internet”, puede leerse en el documento de la FinCEN.

No sería la primera vez que Helvetic como firma controlante desde 2011 de la financiera conocida como “La Rosadita”, de Báez, y una empresa de los Ceballos quedaran vinculadas. En el requerimiento de citación a indagatoria del empresario kirchnerista y su hijo Martín Báez que el fiscal Guillermo Marijuan elevó al juez Casanello el 18 de junio de 2015, incluyó entre los elementos analizados un ROS referido a SGI del Banco Columbia fechado el 25 de abril del 2013, el año en que fueron reportadas las transacciones de la empresa de Ramos/Ceballos.

El ROS se originó por las sospechas sobre “el origen, manejo o destino ilegal de los fondos” en una cuenta de SGI Argentina S.A. Para justificar los fondos, la financiera le presentó al Banco Columbia un detalle de inversiones en el país y en el extranjero de Helvetic Services Group, dueño del 96% de la acciones de SGI. Entre ellas figuraba Inversiones Alfamaq CA en Venezuela, la firma de los Ceballos que maneja los principales contratos de obra pública con el Estado venezolano.

Contratos cuestionados

El segundo ROS, emitido el 18 de febrero de 2014, es una continuación del anterior y amplía el período analizado en que continuaron las operaciones sospechosas. Aparecen nuevamente reportados Sarleaf, Ramos y sus socios suizos, y la familia Ceballos. A los USD 232 millones reportados en las cuentas de esa empresa en el primer informe, se sumaron otros USD 30,7 millones solo entre noviembre de 2013 y principios de enero de 2014.

En total, en todo el período analizado, Sarleaf recibió $146,4 millones del gobierno chavista. “Los contratos entregados para corroborar la actividad entrante fueron cuestionables y suscitaron numerosas preocupaciones al incluir fechas faltantes, diferencias con las medidas de los edificios en construcción, comentarios contradictorios dentro de los contratos, fondos recibidos de MPP (Ministerio Público Popular) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y no de Energy Coal (la empresa que subcontrató a Sarleaf), diferencias en las especificaciones de los tubos y cronogramas de pago faltantes relacionados con los contratos”, puede leerse en el reporte confidencial de FinCEN sobre esa empresa de los Ceballos y cuyo cara visible fue Ramos.

Además de las dudas sobre el origen de los fondos, las alertas bancarias se activaron nuevamente por “las transferencias excesivas a empresas e individuos”, la alta movilidad del dinero entre las cuentas, el envío “a países de refugio seguro de alto riesgo como Suiza y grandes cantidades redondas en dólares a contrapartes desconocidas”.

En 2015, el proyecto de viviendas populares “Gran Misión Vivienda” fue investigado por el propio gobierno venezolano. Según un informe reservado al que accedió ICIJ, se encontraron “irregularidades” en la contratación y el pago de sobreprecios a Sarleaf que subcontrató a Alfamaq, la firma familiar que concentra las dedicadas a la construcción.

No fue la única acusación contra Ceballos. En 2018, la Asamblea Nacional de Venezuela –controlada por la oposición-- lo investigó en por su participación en varios esquemas diseñados para beneficiarse con recursos públicos, pero la investigación no prosperó y se cerró. Ceballos calificó a las acusaciones “sin fundamento” promovidas por “intereses sórdidos”.

ICIJ le envió un cuestionario en agosto a Alejandro Ceballos Jiménez para esta investigación. Pero luego de dos prórrogas del plazo para responder y dar su versión, manifestó la imposibilidad para acceder a sus documentos debido al confinamiento en Caracas por el Covid-19. En un correo electrónico en respuesta al pedido del Consorcio, escribió: “Debido a lo anterior, confirmó la imposibilidad de cumplir con su petición en el tiempo especificado, y reitero mi consideración a los periodistas, su valentía y su ética, siempre y cuando su trabajo se guía por el respeto a la verdad y el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable”.

En tanto su hijo Alejandro Andrés Ceballos no respondió la requisitoria por correo electrónico, ni la carta que le envió una periodista del sitio web venezolano Armando Info.

Extradición pendiente

Hoy Ramos sigue viviendo en distrito de Lugano, un distrito del sureste de Suiza, en la región de Tesino, de habla italiana. Está desde hace varios meses bajo tratamiento médico “con drogas experimentales” en su lucha contra el cáncer, según confirmó su abogado suizo al equipo argentino de ICIJ.

Cuando la Justicia argentina reclamó a mediados de 2016 su captura internacional y extradición, 20 Minuti lo encontró viviendo apaciblemente en la comuna de Caslano, ubicada frente al lago de Lugano. Ramos -que para ese entonces montaba una scooter y hacía parrilladas en el jardín - aseguró “nunca había conocido” a Báez ni a la financiera SGI.

Especialista en estructuras societarias que brindaban un andamiaje legal para cubrir sus verdaderos dueños, Ramos fue accionista o directivo de una docena de sociedades radicadas en Uruguay, el Reino Unido, Nevada, Panamá y la isla Niue de la Polinesia, según reveló Panama Papers, la investigación de ICIJ publicada en 2016.

El procedimiento de extradición está siendo actualmente examinado por la Oficina Federal de Justicia (FOJ) de Suiza, a la espera de una pericia médica sobre su salud, que estaría el mes próximo. Así lo confirmó Raphael Frei, portavoz de la Oficina Federal de Justicia ante la consulta de Infobae.

Fue luego del fallo del 13 de febrero pasado de la Corte Penal Federal (FCC), en el que consideró que su extradición podría poner en peligro su delicada condición física. “En particular, el estado de salud del persona interesada será tomada en consideración. El FOJ se encuentra actualmente en el proceso de obtener información sobre la posible atención médica que necesita N.R.”, explicó el vocero al referirse a Néstor Marcelo Ramos por sus iniciales. “Si el FOJ decidiera nuevamente sobre una extradición a Argentina, el interesado podría recurrir ante la Corte Penal Federal. De ser necesario, el Tribunal Supremo Federal se pronunciará en última instancia”, agregó al explicar el procedimiento y la instancia de apelación que aún tendría el abogado que prestó sus servicios a los Báez y actuó a su vez como testaferro de los Ceballos.

En 2015, Sarleaf cambió su nombre por el de Steeleaf Trading International Limited. Ramos dejó de ser su director en 2013 y al año siguiente fue designado su sobrino, Javier Martín Vanella. Hasta al menos 2016, según la documentación a la que accedió el equipo de ICIJ, la firma seguía siendo utilizada por los Ceballos para sus contratos de obra pública con el gobierno chavista.

Con la colaboración de Patricia Marcano Meza (Armando info), desde Venezuela.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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