Duro contrapunto entre el Gobierno y los senadores de la oposición por el proyecto oficial que busca sacarle fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Un duro contrapunto entre funcionarios del Gobierno y senadores de la oposición se desató este lunes en torno al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que impulsa una nueva quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires que la Casa Rosada defendió y que los legisladores de Juntos para el Cambio calificaron de “inconstitucional” y “excesivamente arbitrario”.

A lo largo de una exposición de más de tres horas que brindó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en el plenario de Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar cuanto antes en el proyecto de ley que redefine un “Convenio de Transferencia Progresiva de facultades y funciones de seguridad en materias no federales ejercidas” firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la CABA en el 2016 para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad de determinar en “forma equitativa y justa” los recursos para afrontar esas facultades.

Así, la Casa Rosada busca formalizar el traspaso de la Policía de la Ciudad que Mauricio Macri realizó por decreto en 2016 y que esos fondos no sean derivados de forma automática. Para esto pretende que la coparticipación porteña quede en 1,40 puntos mientras que ahora está en 2,32% e incluye el 0,92 asignado para financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires.

Batakis defendió la iniciativa y aclaró que no se trata de una ley que modifica el régimen de coparticipación sino de un convenio actualizado. “Aquí lo que se está buscando es subsanar un error histórico que fue no cumplir con la Constitución y se trata de lograr una garantía de la transferencia de recursos”.

Al momento de apuntalar el proyecto de ley que giró el presidente Alberto Fernández la semana pasada al Congreso, Batakis destacó que esa iniciativa “busca cumplir un requisito democrático y que subsana una falta que tuvo el gobierno anterior. Estamos planteando así un federalismo que construye y no un dispendio de recursos en exceso. Esto no es en desmedro de una jurisdicción sino a favor de un federalismo más equilibrado”.

Batakis mantuvo una videoconferencia con los senadores del oficialismo y la oposición de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales acompañada por su equipo del Ministerio del Interior.

De esta manera, Batakis explicó que el Gobierno Nacional cedió en el período 2016/19 a favor de la CABA recursos coparticipables por un total de $125.000 millones. Y remarcó que ahora "resulta imprescindible verificar los gastos y recursos que generaron la transferencia de servicios de seguridad en la CABA, lo cual no debería implicar mayores dificultades si se dispone del acceso apropiado a los registros contables de la Jurisdicción. Sin este dato -acotó la funcionaria- solo se pueden aportar aproximaciones conforme a los registros de la Policía Federal. Se utilizaron los gastos netos calculados como diferencia entre los egresos por transferencia y los recursos propios por la prestación de servicios, que en 2016 alcanzaron $ 6.826 millones.

Desde Juntos para el Cambio los senadores no sólo objetaron el proyecto de ley del Gobierno sino que cuestionaron la decisión política de no avanzar con una nueva ley de coparticipación que promueva una redistribución de fondos federales.

Al objetar los planteos de Batakis el senador de Juntos para el Cambio, Martín Lousteau, dijo que el proyecto de ley va “a contramano” con lo que en su momento se hizo con la transferencia de recursos cuando se creó Tierra del Fuego como provincia o con el traspaso de recursos que se dio en su momento a las provincias en materia salud y educación.

“Es ridículo y llamativo restar a la transferencia de fondos la competencia de la seguridad sin medir el costo total. Lo que se debe transferir es cuanto cuesta mantener la seguridad porteña”, arremetió Lousteau, quien admitió que la provincia de Buenos Aires está rezagada en el reparto de recursos pero negó que haya existido un diálogo o una comisión para debatir este proyecto.

Guadalupe Tagliaferri, desde el Pro porteño, dijo que los acuerdos que firmó Macri en 2016 con Horacio Rodríguez Larreta no se dieron de manera unilateral sino que fue avalado por la Legislatura y puso en dudas los mecanismos de actualización de giro de fondos a la CABA.

Batakis fundamentó la iniciativa al evaluar que la totalidad de gastos realizados por la CABA en el período 2016/19 solo superan en un 6% a los recursos cedidos por el Gobierno Nacional por encima del 1,4%. “Ello evidencia que la CABA prácticamente no financió con recursos propios ningún servicio de seguridad en esos años”, dijo la funcionaria del Gobierno. Y destacó que los evidentes beneficios que tuvo el Gobierno de la CABA a raíz del financiamiento de los servicios transferidos a partir de 2016 “no redundó en una merma relevante de las restantes transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional a la Jurisdicción”.

“Tenemos un presupuesto que le sacó recursos al gobierno nacional y al resto de las provincias. Eso se aplica con un decreto simple que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para otorgar programas presupuestarios. Lo que nosotros estamos planteando es que no estamos sacando recursos a las provincias. Lo que hace es buscar aprobar un convenio que debió tratarse en el 2016. No son cálculos teóricos los que hicimos para esto proyecto sino que se establece con cálculos del proceso de transferencia de servicios”, dijo Batakis.

Para apoyar a la funcionaria, la senadora kirchnerista Anabel Fernandez Sagasti cuestionó a la oposición de judicializar la política. “Actúan de esa manera: cuando el oficialismo no hace lo que me gusta voy a la justicia”, dijo en referencia a la amenaza opositora de objetar en adelante el mecanismo de sesiones remotas de la Cámara alta.

Por su parte, el senador del Pro, Esteban Bullrich, dijo que “acá lo que se está planteando es no sólo debatiendo el proyecto de ley sino una serie de acciones que nos llevan a un planteo más profundo. Hay manotazos de ahogados que se toman cuando la situación explota como ocurrió con el conflicto de la policía bonaerense”, dijo en referencia a la primera quita de fondos de coparticipación que hizo el Gobierno a la Ciudad hace 10 días cuando la administración bonaerense no pudo afrontar un reclamo salarial de la policía.

En este tono, Bullrich dijo: "Buscamos parches y no se atiende el tema de fondo que es la coparticipación. Se le saca a un distrito opositor. Acá se debe discute el árbol y no el bosque”. Y destacó que el proyecto del Gobierno “es un acto totalmente imprevisto que no estaba calculado y se avanza en un nuevo sistema para afectar a la ciudad de Buenos Aires. Esto no resuelve el tema de fondo de la repartición de recursos en la Argentina”.

Martín Lousteau retomó luego la palabra y fue mucho más vehemente. Dijo que “la ciudad de Buenos Aires tendría menos presupuesto en seguridad por habitante que el resto de las provincias. Cuando se traspasa una competencia se traspasa con presupuesto. Aquí hay una erogación que se va a avalar con total discrecionalidad”.

En este sentido, el senador de Juntos para el Cambio calificó de “grave” la iniciativa oficial ya que la CABA no recibe Aportes del Tesoro Nacional como el resto de las provincias y “ahora de golpe le quieren sacar más recursos. Lo que están planteando ustedes es que de acá a fin de año la ciudad de Buenos Aires no recibiría un peso más”, dijo.

El Gobierno justificó que en artículo 2 del proyecto reconoce que este año el gasto asignado a la Policía de la Ciudad fue de 24.500 millones de pesos. A partir de esto, Batakis explicó que se establece que será el piso que se girará desde Nación y determina una fórmula para su futura actualización: Será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente".

Gladys González del PRO bonaerense calificó de “desafortunado que se solucione el problema de esta manera. No es lo más oportuno”, dijo y el radical Luis Naidenoff destacó que se esta cuestionando los tres puntos que se le dio a la CABA y habló de una “imposición, no de una concertación”. Batakis no estuvo de acuerdo en esto e insistió con avanzar en la iniciativa oficial.

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