Senado: qué dice la presentación judicial de Juntos por el Cambio que busca impedir el debate sobre el recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio y de la UCR, Luis Naidenoff, y el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, pidieron a la Justicia que anule la prórroga del protocolo de funcionamiento remoto de las sesiones del Senado que impulsó Cristina Kichner la semana pasada. La oposición sostiene que las próximas reuniones de las comisiones no serán legales, como la de Asuntos Constitucionales y Presupuesto donde se trata el proyecto de ley enviado por Alberto Fernández que fijará las partidas a transferir de Nación a la Ciudad por el traspaso de la policía, lo que implica una nueva quita presupuestaria a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Para el Frente de Todos esa comisión es legítima y válida, pero la oposición la rechaza.

El apuro por consensuar la demanda judicial tiene que ver justamente con la defensa de la gestión larretista, además de una larga lista de cuestionamientos que hace la oposición a la vicepresidenta, entre ellos el desplazamiento de tres jueces que la investigaban. A horas de la reunión de comisión, citada para esta tarde a las 17, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, avivó la polémica: “Los senadores de Juntos por el Cambio quieren parar la Cámara porque no quieren debatir la ley que va a otorgar más fondos a las provincias. Es inentendible ver cómo Naidenoff le cuida el bolsillo a Larreta en desmedro del resto del país”.

El miércoles último, Juntos por el Cambio votó en contra del protocolo remoto y exigió los dos tercios de los votos para considerarlo válido. La votación resultó 41 a 28, es decir, simple mayoría.

Tras varias reuniones de interbloque definieron la estrategia y con el patrocinio de Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra solicitaron al Poder Judicial que “declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del Decreto de la Presidencia del H. Senado de la Nación N° 14/2020 (en adelante “DP 14”) así como de la decisión de la presidencia del cuerpo de hacer constar en el acta de la sesión especial del día 16/09/2020 una supuesta convalidación por el pleno del cuerpo del DP 14 y de la Resolución del H. Senado de la Nación DR-148/20, todo por medio de lo cual se pretende prorrogar las sesiones ‘remotas o virtuales’ por el plazo de 60 días". Agregan en el escrito que deberá ser "con costas”.

En la demanda, a la que tuvo acceso Infobae, Juntos por el Cambio señala que los senadores no están impedidos de circular y asistir al Congreso conforme lo establece el decreto presidencial que impuso el aislamiento obligatorio y sus excepciones. También apuntaron que la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo solicitó una declaración de certeza a la Corte para las sesiones remotas sin contar con mandato del Senado. Y que el protocolo “modifica” no “interpreta” el reglamento, lo que determina la necesidad de una mayoría calificada.

“A partir de ello, la Presidencia del Senado avanzó de manera unilateral, inconsulta y sin consenso alguno con los miembros del cuerpo, en la implementación de un sistema para sesionar de manera remota. Ello fue muy distinto de lo actuado por la Cámara de Diputados”, argumentan en referencia al debate y redacción de un reglamento en el marco de la Comisión de Modernización que en la Cámara baja confluyó en un texto consensuado.

El interbloque opositor refirió una serie de intercambios “informales” que determinaron la primera votación a favor y por unanimidad del protocolo de funcionamiento remoto en el Senado el 13 de mayo y apuntaron que su renovación exige dos tercios de los votos por implicar la “modificación del reglamento” del Senado. También recuerdan que en el primer texto se estableció que sólo se tratarían por videoconferencia proyectos urgentes vinculados con el COVID-19. En los hechos, eso cambió.

La siguiente renovación también fue polémica. Cristina Kirchner firmó el Decreto 11, que no fue avalado por la totalidad de los senadores, y el 12, que sí contó con voto unánime por lo que Juntos por el Cambio accedió a mantener la modalidad remota.

Sobre la sesión del miércoles 16, el amparo señala que “pese a la votación negativa de los 28 senadores de los distintos bloques de oposición y a no haberse llegado a los dos tercios, la presidente del cuerpo hizo constar en el acta de la sesión que estaba aprobada la ratificación de la DP 14, cuando no lo estaba por no haberse alcanzado la mayoría requerida para adoptar tal decisión”.

Es evidente que este tipo de sesiones, con el sistema informático que se ha adoptado, concentra su administración en áreas operativas que dependen exclusivamente de la Presidencia del Senado, sin ningún tipo de auditoría informática por parte de los bloques opositores, limitando consecuentemente la posibilidad de control tanto de la oposición como de la ciudadanía en su conjunto.

El interbloque cita además una larga lista de objeciones a las sesiones remotas, entre ellas que “resulta prácticamente imposible, sin tener acceso al sistema, verificar la real asistencia de todos los Senadores que aparecen registrados con la evidente implicancia que eso tiene en el quórum y en las votaciones sobre todo las efectuadas a mano alzada". Hasta ponen en duda que haya habido quórum, aun cuando votaron varias leyes por unanimidad. “La presidente del cuerpo afirma que lo hay y no hay modo de rebatir ni constatar esa afirmación y ello es así porque ella sí nos ve a todos pero nosotros no vemos al resto ni podemos constatar si están conectadas las personas que deben estarlo y no sustitutos”, afirman.

Para empujar la vuelta a la presencialidad, aseguran que el sistema ha fallado en varias oportunidades y que las votaciones a mano alzada tienen un deficiente control. Denuncian a la presidencia del Senado por “atropellos” contra los senadores y de “violar” sus derechos en el manejo de la tecnología y el uso de la palabra y en la “vulneración de los derechos de los ciudadanos” por ejemplo en la audiencia pública convocada para escuchar a diez jueces trasladados vía decretos presidenciales que también se realizó en forma remota. En las 55 páginas se transcriben varias de las discusiones televisadas entre Cristina Kirchner y los senadores Martín Lousteau, Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado, por ejemplo.

Más allá de todos estos cuestionamientos, lo central es la conclusión que reiteran: “No venimos a quejarnos ante la justicia por haber perdido una votación, sino que ganamos la votación (porque, al no votar a favor, el oficialismo no reunió los dos tercios requeridos para la reforma del Reglamento) pero la presidente del cuerpo hizo constar en el acta que la perdimos y tuvo por aprobado algo que no había sido aprobado”.